Por REDACCION
Por imperio de los secretos de Estado, en la Argentina hay una red de espías que dependen de un organismo que funciona con fondos aportados por todos los contribuyentes. Pero nadie sabe cuál es la dimensión de esta estructura gris ni como desarrolla sus actividades ni qué cantidad de personal emplea. ¿A quiénes espían los espías argentinos? Por la influencia del cine o de las series estadounidenses que reflejan un perfil de agente que permanece oculto en las sombras tratando de detectar amenazas internas o externas contra la seguridad nacional, la mayoría de los argentinos cree que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuenta con una determinada cantidad de agentes que busca leer entre líneas en la sociedad para advertir sobre la presencia de grupos que pueden poner en riesgo la paz interior. Y también tener vinculaciones con organismos similares de otros países para coordinar tareas de prevención e investigación.
Entonces, en Estados Unidos el mismo cine o incluso la literatura dejan en evidencia los asuntos a los que se dedican los agentes secretos que operan en distintos sectores, a veces como infiltrados, sea terrorismo vinculado a organizaciones de Medio Oriente, narcotráfico o grupos de extrema derecha entre tantos otros. ¿Y en la Argentina qué hacen? Simple y básica, pero una gran pregunta.
La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla ratificó ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso su denuncia sobre la existencia de una red paraestatal de espionaje, lo cual de confirmarse sería un hecho gravísimo. Con la causa que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio en su juzgado y salpica al fiscal federal Carlos Stornelli que investiga la causa de los cuadernos, el magistrado tiene la punta de un ovillo que si logra desenredar nadie conoce las consecuencias que pueda tener. Las especulaciones por ahora son libres, lo cual incluye también la posibilidad de que esta causa apareció para descalificar la investigación sobre la trama sistematizada de corrupción en torno a la obra pública que se desarrolló durante el gobierno kirchnerista (la célebre causa de los cuadernos).
El sitio chequeado.com analizó la cuestión de la inteligencia, estrategias, presupuestos y decisiones del poder político en la materia. Entre sus principales conclusiones, señaló que la Comisión Bicameral que debe fiscalizar las actividades de inteligencia no informa cuántas veces se reúne al año ni las actividades que realiza. Todo es secreto sin nada de transparencia.
De acuerdo con el Presupuesto 2019, la función Inteligencia recibirá a lo largo del año $7.603 millones, lo cual representa a un aumento del 7,1% en términos reales, considerando la inflación estimada por el Ministerio de Hacienda. Esto no abarca sólo el dinero que el presupuesto asigna a la AFI, ya que incluye también los fondos de Inteligencia en manos de los ministerios de Defensa y Seguridad, que se distribuyen entre las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Dentro de todo el presupuesto asignado a Inteligencia, la AFI es el organismo que más recibe. En 2019 contará con $2.697 millones, un 34% más que en 2018.
Según el informe de Chequeado, en 2015, diez años después de que el Estado argentino asumiera su responsabilidad por la denegación de Justicia en la causa AMIA y se comprometiera a transparentar los fondos de Inteligencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Fernández de Kirchner reglamentó una nueva ley aprobada por el Congreso y estableció una política más abierta respecto de la información de estos fondos de inteligencia de los ministerios y de la AFI (que ese año suplantó a la ex SIDE). Esa norma distinguió entre fondos públicos y “reservados”, es decir los vinculados directamente con tareas de Inteligencia. Además, estableció que los únicos empleados con restricción de identidad eran los que cumplen tareas operativas, es decir, los agentes de inteligencia y no todos los empleados del organismo.
Sin embargo, este decreto nunca llegó a aplicarse. En 2016, en el primer año de la Presidencia de Macri, esa norma se derogó y se volvió al estado de opacidad total anterior. El nuevo régimen estableció que todo el personal de la AFI es considerado personal de inteligencia. También se volvió a disponer que todos los fondos de inteligencia sean reservados, por lo que no se puede saber en qué se gasta el dinero.
Por esto, tiene más relevancia la tarea de la Comisión Bicameral. Sin embargo, este organismo no lleva registro de la cantidad de reuniones que realiza, y las actas de sus reuniones son secretas. Y así los argentinos nada saben, ni siquiera a través de sus representantes elegidos por voto popular, qué hace la Inteligencia nacional ni qué hacen con la información obtenida. ¿Y si esos datos confidenciales se utilizan para extorsionar a políticos, funcionarios, jueces, empresarios...y recaudar? Quien sabe.
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