Por REDACCION
En la Argentina actual la pobreza es la única que disfruta de la prosperidad. La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y la continuidad de una larga cuarentena, cuya rigidez depende de la evolución de la enfermedad en distintas regiones del país, garantiza un mayor empobrecimiento de la población en general y empuja a la muerte de miles de empresas que no pueden resistir la crisis, con el consiguiente incremento de la desocupación. Un círculo vicioso que se traducirá en un aumento sustancial de la indigencia y la pobreza sin que los gobiernos, de todos los niveles, muestren capacidad de reacción aún. No hay un plan económico por parte del Estado nacional que por ahora reparte sus esfuerzos en atender la emergencia sanitaria por coronavirus, la crisis económica paralela y la negociación casi desesperada con los acreedores en su intento por reprogramar los vencimientos de una parte de la deuda.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ni el ministro de Economía, Martín Guzmán, se han enfocado en el diseño por consenso de un modelo de desarrollo para alcanzar un crecimiento sostenido y equitativo de la economía que asegure beneficios para todos. Si el espanto (no el amor) colocó al Presidente y a los gobernadores en la misma vereda para sostener una estrategia de defensa de la salud de los argentinos ante el avance de la pandemia, la crisis económica debería hacer algo parecido. No debería ser Guzmán y su gabinete económico los encargados de bocetear un programa económico sino que debería haber un comité de expertos al estilo del que funciona con especialistas médicos e infectólogos que asesoran al jefe de Estado para tomar decisiones lo más correctas posibles ante el Covid-19.
Quizás algún pensador moderno, y escéptico también, puede apuntar tras una lectura retrospectiva de la historia argentina que hace 210 años que el país no tiene un plan con políticas de estado que se mantengan firmes pese a los cambios de gobierno. Es una deuda que arrastramos desde la misma concepción de la patria y que tampoco hemos podido pagar. La clase política suele echar mano de argumentos como "alcanzar la unidad nacional" o de la necesidad de "sellar un acuerdo nacional" sobre la dirección que debe tomar el país, pero no dejan de ser consignas vacías porque una vez que cierto sector alcanza el poder inmediatamente busca generar las condiciones para perpetuarse en ese lugar con una dosis de cinismo.
Ante la permanencia del aislamiento obligatorio, los argentinos comienzan a advertir y en particular a padecer sus efectos en el bolsillo. Si hace dos meses el pánico al coronavirus ayudó a una fuerte aceptación de la cuarentena y cumplir con la consigna de quedarnos en casa -a lo que se sumaban fuertes controles de los organismos de seguridad-, ahora emerge un nuevo miedo que nace del temor y la incertidumbre a la crisis económica. Ante un gobierno que no da certezas ni seguridad mínimas sobre cómo piensa salir del aislamiento obligatorio, los argentinos se hunden en una sensación de angustia por lo que pueda pasarles en el futuro cercano.
Con escaso dinero en los bolsillos, buena parte de la clase media soporta cómo puede una fuerte caída de ingresos que obliga a ingresar a un ajuste del gasto muy antipático. Hay médicos que no pudieron atender ni un día de abril por lo que, cuando facturan por atención sin relación de dependencia, no tendrán un peso de ingreso. Pero en el caso de contar con una empleada doméstica deben pagar el salario pero además hacerse cargo de la limpieza de sus hogares y consultorios. Los dueños de gimnasios, jardines de infantes y agencias de viajes y turismo entre tantos otros comercios están desesperados porque la inactividad es una declaración de quiebra. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay un plan de contención social, económica e impositiva para ellos o el consejo del Presidente, del Gobernador de Santa Fe o del Intendente de Rafaela es solo "resistan, no aflojen"?.
Mientras los funcionarios públicos continúan percibiendo sus ingresos, más allá de que en algunos casos resignaron un porcentaje, miles de argentinos con voluntad de trabajo se quedaron sin poder trabajar y sin recibir un peso, la única opción para sobrevivir pese a que no acuerden con el sistema de dávidas y subsidios.
En Rafaela, solo un grupo de concejales decidió destinar una parte de sus ingresos para financiar donaciones a instituciones de bien público o de salud, como la Cooperadora del Samco Hospital Dr. Jaime Ferré. Si bien es una iniciativa para destacar, falta mayor información sobre cuál es el porcentaje al que renuncia cada concejal, cuánto el dinero que reúnen con el fondo, cómo y dónde deciden hacer compras y los criterios de selección de la entidad a ayudar. Ni el Intendente ni tantos funcionarios de su gabinete han optado por resignar parte de sus ingresos mientras el mismo Estado municipal, provincial y nacional prohíbe a tantos a trabajar. No es justo, debería haber otra forma de hacer las cosas.
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