Por REDACCION
La lentitud exasperante con que la justicia trata las causas por corrupción y en especial a los presuntos corruptos llega a un punto que fastidia, generando emociones que van de la impotencia a la indignación y bronca. No pocos de esas personas investigadas ocupan actualmente cargos en la función pública sean en ámbitos ejecutivos o legislativos. Viven quizás con beneficios que les reportan patrimonios que engordaron sustancialmente bajo un sistema opaco pese a la existencia de instituciones creadas para prevenir un festival de coimas o sobornos que solo parecen cumplir una función decorativa en la estructura estatal.
Hoy la política argentina se desarrolla, en gran medida, en torno a la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, involucrada en una decena de causas vinculadas a la corrupción durante sus gobiernos que fueron desde 2007 hasta 2015. El crecimiento de los bienes de la familia Kirchner desde su llegada a la máxima jefatura de Estado fue veloz y mientras su poder fue elevado, no había jueces que se embarquen en una investigación seria. Cuando hubo una denuncia sobre el asunto, un magistrado servicial archivó en tiempo récord la causa luego de recibir un informe elaborado prácticamente por el contador de los acusados en el que se defendía el aumento del patrimonio. Así de simple. Un ejemplo práctico de como el instinto de supervivencia de un funcionario judicial se acomoda a las circunstancias para no ponerse en riesgo. Se trata, lamentablemente, de una de las anomalías de nuestra imperfectísima democracia.
A partir de la acumulación de denuncias por corrupción, que eventualmente guardarían directa relación con el enriquecimiento de los Kirchner, la justicia se desperezó y avanzó con investigaciones que ponían el foco en las licitaciones de obras públicas y el rol que cumplían las empresas de los amigos del poder. Como se encontraron pruebas que sustentan las sospechas, entonces se dictó la intervención a las compañías del clan Kirchner que no tiene el control de esas operaciones comerciales.
Con la muerte de Néstor Kirchner, en los años posteriores se procedió a efectuar la sucesión de bienes sin estar aclarado si el enriquecimiento es o no es lícito. Porque de probarse en un juicio en los próximos años el origen ilegal de la fortuna de los herederos, entonces habría que expropiar esos fondos y propiedades y devolverlas a todos los argentinos. De todos modos, es necesario ir paso a paso. La justicia tiene sus tiempos, que obviamente no se corresponden con los de la gente. Si en estos años aún se están resolviendo causas de corrupción de los primeros años de la década del 90. Si se repiten los plazos, entonces el destino de los Kirchner (si van o no van presos) quizás se termine resolviendo en la próxima década o más cercano de los años 40 de este siglo 21. Con suerte.
Todo este amplio introito tiene que ver con la situación del diputado nacional, Máximo Kirchner, denunciado ahora por un vertiginoso aumento de su fortuna o por inconsistencias en la Declaración Jurada que presentó ante el Congreso. La abogada Silvina Martínez presentó una denuncia para que la Justicia Federal investigue la posible comisión de delitos en ese documento público ante lo que considera una "clara evidencia de irregularidades y falseamiento de datos en la declaración jurada patrimonial, correspondiente al ejercicio 2019 presentada ante la Oficina Anticorrupción".
Ante el organismo, el legislador nacional declaró un patrimonio de $ 292 millones de pesos durante el período fiscal 2019. Su declaración de bienes anterior, había reflejado una fortuna de 191 millones, es decir que el hijo de Cristina Kirchner suscribió un aumento patrimonial superior al 50% en un año. La lista de sus posesiones se conforma por 26 inmuebles que en su mayoría comparte con su hermana Florencia en partes iguales, la participación accionaria en tres empresas (Los Sauces y Hotesur entre otras), depósitos de dinero en el país y dos cajas de ahorro en moneda extranjera en las que cuenta con 2.848.072 dólares.
Actualmente Máximo Kirchner se encuentra procesado por maniobras de lavado de dinero en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces en trámite de juicio oral ante el Tribunal Oral N° 5, por lo cual también se encuentra embargado. De acuerdo a lo que dicen los dos expedientes judiciales, a través de Los Sauces y Hotesur se lavaron más de 120 millones de pesos entre los años 2009 y 2015. Tras un extenso análisis que efectuó en la presentación judicial, Martínez subrayó que la última declaración jurada de Máximo Kirchner ante la Oficina Anticorrupción es casi cinco veces menor que la cotización de empresas e inmuebles que presentaron los interventores en los expedientes judiciales.
Máximo, definitivamente es un dirigente político con una gran fortuna heredada que trata de subvaluar -lo cual es muy grave por su condición de diputado de la Nación- y que, además, es afortunado porque la Justicia no avanza demasiado en su contra.
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