Por REDACCION
Amado Boudou y César Milani, ambos defendidos a ultranza por la presidenta Cristina Fernández, se han constituído en algo así como los emblemas de la corrupción y la alteración de principios, que mayor nivel de afectación le han causado al gobierno nacional.
En el caso del vicepresidente, quien llegó a ese cargo por decisión exclusiva de la Presidenta, es que tiene una importante acumulación de pruebas que lo incriminan y convierten en supuesto participantes de maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado por el muy conocido "caso Ciccone", habiendo llegado desde hace tiempo a las instancias de la investigación judicial, estando a punto de ser convocado a indagatoria en su carácter de sospechoso. Sería la primera vez en la historia que un ocupante del segundo más importante cargo ejecutivo del país se encontraría frente a tal circunstancia, sometido a tener que dar declaración indagatoria ante un juez, y según se dice, con la posibilidad de quedar procesado.
En cuanto al teniente general César Milani, ascendido hace poco a jefe del Ejército, tiene muy fuertes acusaciones de haber participado activamente de la represión militar durante la dictadura, más precisamente cuando su destino fue en la provincia de La Rioja. Desde allí, surgieron numerosas denuncias que lo incriminan, e incluso algunos organismos de derechos humanos, como el CELS que dirige Horacio Verbitsky -consejero y plenamente identificado con el gobierno kirchnerista- también hicieron lo propio, pero aún así la presidenta Fernández continuó adelante, lo ascendió y defendió a ultranza, desoyendo todas las denuncias. Sin tener en cuenta además, que en el caso de otros militares que fueron sancionados e incluso alejados de la fuerza, fueron suficientes denuncias mucho menos fundamentadas que las de Milani, y también en algunos casos sólo la existencia de sospechas.
Avanzando algo más con el caso Milani, no sólo pesan sobre él estas acusaciones debidamente presentadas en la Justicia, de modo especial la desaparición del soldado Ledo que era su asistente, sino que también está sospechado por enriquecimiento ilícito, algo muy común en este tiempo donde los millonarios que no pueden justificar de qué manera obtuvieron su patrimonio surgieron como hongos después de una lluvia. El militar es poseedor de bienes por valores que no pudieron ser adquiridos con sus ingresos salariales del Ejército, debidamente registrados, ya que no tiene otra actividad, lo cual termina por complicarlo totalmente, quedando convertido en una fuerte molestia para el gobierno, que no puede justificar los motivos de este fuerte sostén que la ha dado.
Tal lo marcan los antecedentes del kirchnerismo, en estos once años que lleva en el gobierno, nunca tomó una determinación que pueda interpretarse como un reconocimiento público de la gravedad de un hecho, o bien retroceder en sus decisiones, menos aún cuando es reclamada. Algo que sirve de ejemplo, bien reciente, es que aún cuando el gobierno tenía pensado anunciar una suba del mínimo no imponible para aliviar la situación de los trabajadores que deben pagar el impuesto a las ganancias aún con modestos ingresos, tras producirse el reclamo gremial del sector opositor, retrocedió con la decisión para que no sea interpretada como una declinación. En los casos de Boudou y Milani sucede exactamente igual, aunque también puede sospecharse que existen algunas otras motivaciones, en especial en lo que hace al vicepresidente, recordándose que por él fue eliminado de su función el entonces procurador general Esteban Righi, un peronista de nota.
Si en realidad ambos son inocentes, tal como sostienen por supuesto los acusados y se los defiende desde el gobierno, lo más apropiado sería no resistir a la justicia y ponerse a disposición de la misma, con toda la amplitud que la gravedad de sus casos lo ameritan, para limpiar sus nombres. Y por sobre todas las cosas, preservar a la presidenta Cristina Fernández, a quien dicen se le apunta con estas acusaciones.
Lo que se advierte es que con todas estas maniobras de dilación, el gobierno trata de llevar hacia adelante la resolución de estos dos casos, ya que según se aprecia, es muy poco probable que los involucrados resulten indemnes. El tiempo, juega en favor del gobierno.
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