Temor a perder el empleo

Cuando la economía comienza a registrar una caída en el nivel de actividad, inmediatamente la preocupación se traslada al mercado laboral, tal como sucede actualmente en la Argentina. La situación es más complicada considerando que en los últimos tres años prácticamente no hubo creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado y sólo la administración pública en sus distintos niveles, municipal, provincial y nacional, ha incrementado la cantidad de personal, no tanto por la ampliación de servicios o funciones sino para amortiguar el desempleo. 

Es que si cada año miles de personas se incorporan al mercado laboral, y el sector privado no absorbe esa nueva mano de obra, es el Estado el que como una rueda de auxilio tiende una mano ampliando sus costos de funcionamiento y perjudicando, por ejemplo, los presupuestos disponibles para la ejecución de obras públicas. Así, la ecuación es más plata para sueldos y menos para sostener servicios o impulsar inversiones. 

En este contexto donde las empresas sufren la caída de producción y ventas, con una lógica baja en sus ingresos, se advierten despidos por goteo para evitar conflictos masivos. O no se renuevan contratos o se deciden despidos aislados para reducir los costos en tiempos donde la coyuntura exige apretar el cinturón y cerrar los grifos. 

El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación reconoció, en un informe sobre Encuesta de Indicadores Laborales del segundo trimestre de este año -en el corto plazo se difundirán los resultados sobre el tercer trimestre finalizado en septiembre-, que una de las características principales del moderado descenso del nivel de empleo es que la caída del número de puestos de trabajo formales no se debe a un aumento de las desvinculaciones de personal en general, ni de los despidos, en particular, sino que es el resultado de una sensible contracción del volumen de incorporaciones de trabajadores. 

Si bien antes del despido se suele echar mano a otras herramientas de gestión de recursos humanos, como la cancelación de horas extras, el adelantamiento de las vacaciones y la reducción de la jornada laboral con la pérdida de incentivos, lo concreto es que los trabajadores perciben las dificultades y no puede evitar el temor a perder su empleo. 

En otros casos, las empresas gestionan los Repro, esto es un subsidio que otorga el Estado nacional a empresas que tengan al día sus obligaciones fiscales pero que por imperio de las circunstancias del mercado atraviesen problemas de producción y comercialización que derive en una merma de sus ingresos. Así, para evitar que el achique se traduzca en la destrucción de puestos de trabajo, el gobierno se hace cargo del pago de hasta 2.000 pesos por empleado -a través del programa de Recuperación Productiva, Repro- para aliviar la carga salarial en las empresas que transiten momentos adversos. 

Sin desconocer esta realidad, el gobierno nacional lanzó hace unos meses el Proemplear, al que definió como una "aplicación integral de políticas de empleo para enfrentar el actual contexto laboral, que potencia un conjunto de herramientas destinadas a proteger los puestos de trabajo, promover el empleo registrado y facilitar la inserción laboral". 

La continuidad de este escenario que combina elevada inflación y recesión acentúa la preocupación por los efectos en el mercado laboral. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, estimó que 2015 será un año "difícil" para la Argentina, y que ante esta certeza los empresarios tienen "preocupación con respecto a mantener los puestos de trabajo". "Estamos haciendo esfuerzos para no echar empleados", afirmó contundente el dirigente cuando se refirió a lo que sucede en su propia empresa del rubro de la industria del plástico. 

Pesimista, consideró que se observa una "caída en muchos rubros" y alertó que "sino cambia nada, el 2015 va a ser difícil". En este sentido, Méndez consideró que "tenemos un frente externo complicado, tenemos inflación, y prohibición de manejar moneda, muchas cosas que el Gobierno minimiza, pero que son graves", más allá que admitió tener buen diálogo con funcionarios. 

Otro de los asuntos sin resolver del mercado laboral se relaciona con el trabajo en negro o informal, que se encuentra en torno al 35 por ciento según el propio Gobierno nacional. Es decir, uno de cada tres trabajadores en relación de dependencia no está registrado, lo cual es un porcentaje demasiado elevado para una década a la que algunos consideran "ganada". Desde la perspectiva del Gobierno, la secretaria de Trabajo Noemí Rial dijo recientemente que durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se bajó 17 puntos el trabajo informal y que su objetivo es bajarlo al 28 por ciento antes de fines de 2015. Queda un año para cumplir con esta meta en un escenario nada favorable.