Siete años sin López

Esta semana se cumplieron 7 años de la desaparición de Julio López, el primer desaparecido en democracia, y a pesar del tiempo pasado aún no se han logrado conocer detalles de su destino, por lo que se hace necesario renovar los reclamos en favor del esclarecimiento del hecho.  

Esta semana, agrupaciones de derechos humanos se volvieron a movilizar en Plaza de Mayo con el objetivo de reactivar la causa por el secuestro. El albañil, un testigo clave en la causa contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció el 18 de septiembre de 2006 y desde ese día no se volvió a saber de él. López desapareció cuando salía de su domicilio en la localidad de Los Hornos para ir a los tribunales de La Plata y asistir a la audiencia de alegatos en el proceso.

"Me van a preguntar si estoy conforme, y realmente no. No sabemos qué pasó, la Justicia no nos dice. A lo largo de todo este tiempo, hemos comprendido que el de mi viejo debe haber sido un testimonio importante. Hay alguien que se ha sentido asustado por su testimonio, no sólo por lo que dijo sino por las pruebas que pudo aportar", sostuvo el hijo de López en declaraciones a la  prensa.

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de La Plata presentó un informe especial sobre la investigación de la desaparición, en el que insistió en que otra fuerza policial se sume a la pesquisa y reveló que se analizan más de 5 millones de llamadas telefónicas.

Dichas llamadas fueron producidas en zonas aledañas al domicilio de López entre el 17 y el 18 de septiembre de 2006.

Esta tarea -que es la que más tiempo insume- se desarrolla en el marco del seguimiento de 17 pistas abiertas en torno a la búsqueda del testigo, según precisó el documento. 

La Unidad Fiscal señaló que "si bien la tarea encomendada se está llevando a cabo debidamente por la Policía Federal Argentina, la misma resulta poco ágil dado el escaso personal involucrado en este trabajo".

En parte por ello, el informe también destacó la necesidad de que una nueva fuerza de seguridad se sume a las tareas investigativas que ya realizan la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por otra parte, la Unidad Fiscal afirmó que ha procurado la detención de todos los funcionarios policiales denunciados en los cuatro testimonios judiciales que brindó López entre 1999 y 2006, aunque algunos imputados oportunamente por López lograron la libertad porque se les dictó falta de mérito.

La fiscalía también informó que en otro de los legajos realiza tareas destinadas a localizar en el país a una persona que -de acuerdo con información recogida- podría aportar elementos a la causa.

La representación del Ministerio Público Fiscal añadió que en la causa hubo "sucesivas presentaciones del condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz", quien solicitó declarar porque, según dijo, "tenía información y prueba para aportar", pero nunca lo hizo porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado.

Mientras tanto, el mismo día en que se conmemoró el séptimo año de su desaparición, el Gobierno Nacional salió a anunciar una medida vinculada a Derechos Humanos. 

Se trata del cierre de la unidad de Campo de Mayo y el traslado de todos los acusados de crímenes de lesa humanidad a la cárcel de Marcos Paz, al considerarse que no existían las condiciones de seguridad necesarias para evitar fugas.

Con esta decisión, los 25 responsables por delitos cometidos durante la última dictadura pasaron a "ser presos comunes". 

La decisión del SPF de trasladar a los presos a Marcos Paz se tomó porque ese Complejo Penitenciario "cuenta con las condiciones de seguridad y asistenciales para asegurarle el resguardo y pleno goce de sus derechos y una calidad de vida similar a las demás personas privadas de la libertad por causas de lesa humanidad", allí alojadas.

"Este es un avance más de la política de Derechos Humanos del gobierno nacional y un claro cumplimiento de los articulados de la Constitución y de los pactos supraconstitucionales, como el de San José de Costa Rica", señaló Marambio.

Si bien la medida recibió la distinción de diversas organizaciones de Derechos Humanos, lejos está de alcanzar a cubrir la deuda que se tiene con Julio López.