Repudio a los violentos

El ataque pergeñado contra la vivienda del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, es merecedor del mayor repudio que el conjunto de la ciudadanía es capaz de dar, como respuesta a una forma de manifestación violenta que no respeta los principios democráticos que rigen nuestra realidad.

Los violentos se han expresado una vez más utilizando sus propios códigos y apelando al miedo como medio para cuidar sus intereses que, más allá de los fines que persigan, siempre están ligados a la delincuencia y al accionar de redes mafiosas que no se mueven en la improvisación.

La noticia sorprendió a todos en la noche del viernes. Cuatro encapuchados balearon la casa familiar del gobernador al norte de Rosario y efectuaron, al menos, una decena detonaciones contra el frente de la vivienda. La situación fue ciertamente dramática. Dos de los disparos perforaron la puerta de ingreso a la casa, cuando el gobernador y su esposa se encontraban en el living viendo el partido de fútbol entre las selecciones de fútbol de la Argentina y Perú, por las eliminatorias. Los testimonios coinciden en que el ataque pudo derivar en una tragedia. Las balas pasaron a pocos centímetros del gobernador. Según se supo, hay orificios en las paredes en la planta alta, donde se encuentra el dormitorio, y en el vidrio de la puerta de ingreso, donde adelante hay un pequeño jardín.

El episodio recibió un rápido de repudio de todo el sector político. Esa misma noche, desde Hermes Binner hasta otros dirigentes de la oposición como Ernesto Sanz o el ex vicepresidente Julio Cobos, hicieron llegar sus gestos de solidaridad. También lo hicieron referentes del Gobierno Nacional, como el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Al otro día, Bonfatti junto a todo su Gobierno, salió a mostrarse más fuerte que nunca. "Vengo a ratificar el rumbo que tomamos de combatir a las organizaciones violentas", dijo ante la prensa. Y agregó: "No lo tomo como un ataque a Antonio Bonfatti, sino un ataque a la democracia que tanto nos costó recuperar".

A su lado, Agusin Rossi transmitió la "vocación de combatir todas las formas de la criminalidad organizada" y llamó a profundizar "este camino de trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales".

La intendente de Rosario, Mónica Fein señaló que el ataque no puede ser catalogado simplemente como una advertencia: "No fue un aviso, tuvieron una clara intención de atentar contra la vida del gobernador".

Aunque se esperan los resultados de la investigación, funcionarios socialistas aseguraban que el atentado se vincula al trabajo que la Justicia provincial desarrolla contra bandas delictivas, algunas dedicadas al narcotráfico y sobre las que avanzó en los últimos meses para intentar desmembrarlas.

La fiscal del caso, Cristina Rubiolo, dijo que no se descarta “ninguna motivación” detrás del ataque, pero conjeturó que una de las hipótesis “más fuertes” vincula el hecho con el narcotráfico. La relación del atentado con bandas narcos surgía a partir de las amenazas que sufrió en dos oportunidades el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el secretario del área, Matías Drivet. Se llegó a conocer que por atentar contra los funcionarios se pagarían 500 mil pesos. Un año atrás, el jefe de Policía, Hugo Tognoli, fue procesado –y luego separado– por supuestos lazos con el narcotráfico.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, se reunión con los 19 jefes de las unidades regionales de la policía santafecina para coordinar los pasos a seguir. "Hay muchas personas molestas porque este gobierno tomó la decisión de ir muy fuerte contra el delito. Uno presume que entre quienes están afectados por esta decisión (del Gobierno Provincial) puede estar la autoría de este hecho", sostuvo.

En este sentido, en la mañana de este domingo, los vecinos de la zona norte de Rosario se vieron sorprendidos esta mañana por un impresionante despliegue policial que se llevó a cabo con la intención de hallar a los autores de los disparos. A poco más de 24 horas del ataque, unos 150 efectivos de Unidades Especiales participaron de una serie de allanamientos en al menos diez viviendas de la ciudad. Las armas secuestradas estaban ocultas en las casas de los apresados.

La sociedad necesita que este hecho sea esclarecido y sus culpables identificados. También que el Gobierno redoble sus esfuerzos en la lucha contra los grupos organizados. Y, sobre todo, la ciudadanía está pidiendo que el tema de la seguridad se convierta en una política de Estado.