Por REDACCION
En la Argentina de la crisis económica que golpea principalmente a los más pobres y a los trabajadores que, o se quedan sin empleo o bien resigna poder adquisitivo con la condición de mantener su empleo, se registra un nuevo acercamiento entre los sindicatos y la Iglesia católica que despierta, en algunos casos, polémica. Esta renovada relación tiene un inevitable impacto en la dimensión política del país, toda vez que la CGT y los gremios aumentan su combatividad y los obispos sus críticas por las consecuencias del ajuste impulsado por el Gobierno nacional en los menos favorecidos.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) abordó este nuevo escenario en el que líderes de la iglesia y sus pares del sindicalismo conforman una suerte de frente político bajo el argumento de que los une la preocupación por la situación social. En este marco, clero y sindicalistas se congregaron en la basílica de Luján para explicitar sus coincidencias. El evento coincidió con denuncias penales a sectores sindicales, lo cual generó una fuerte polémica por interpretaciones de que la iglesia pretendería condicionar decisiones judiciales.
En este contexto quedó en segundo plano la natural preocupación de los líderes católicos por la situación social y la lógica aspiración a que las soluciones pasen por cuidar y promover el trabajo. Dejando de lado la cuestión judicial, parece lógico que el acercamiento institucional sea con quienes legalmente representan a la clase trabajadora, considera Idesa. La duda que subsiste es en qué medida los sectores más postergados están representados por el sindicalismo dominado por dirigentes enquistados por décadas en el poder de las organizaciones que los ha transformado en nuevos ricos.
De acuerdo al reporte, para abordar este tema se puede apelar a la encuesta de hogares del INDEC del 1° trimestre del 2018 que releva la situación laboral de los miembros adultos de las familias pobres. Según esta fuente, en la población con entre 20 y 65 años de edad de las familias pobres se observa que el 25% se desempeña como asalariado no registrado, es decir, asalariado informal, que el 17% se desempeña como cuentapropista y que el 48% está desocupado o en la inactividad laboral, o sea, está sin ocupación. Estos datos, agrega el análisis de Idesa, muestran que el 90% de los adultos que sostienen a los hogares pobres no está representado por el sindicalismo. Esto se produce porque se desempeñan como trabajadores informales, como cuentapropistas o porque no trabajan.
De este modo, apenas el 10% de los trabajadores pobres está representado por el sindicalismo por contar con un empleo
asalariado registrado sea en una empresa privada o en el empleo público. Esto significa que el sindicalismo está lejos de representar a los sectores más postergados.
Para Idesa, la poca representatividad del sindicalismo entre los pobres se explica porque la Argentina tiene un mercado laboral dual. Por un lado, la mitad de los ocupados tienen una inserción laboral formal, obtienen mejores remuneraciones y están representados por el sindicalismo.
Asimismo, la otra mitad de los ocupados opera en la informalidad y/o trabajando por su cuenta percibiendo ingresos mucho más bajos, intermitentes y sin cobertura social. Dicho de otro modo, la fragmentación del mercado laboral es tan profunda que el sindicalismo representa sólo a la élite de trabajadores que tiene empleo formal. El resto de los
trabajadores no están representados por trabajar en la informalidad o por su cuenta, consigna el documento del instituto.
De todas formas, advierte que el hecho de que el sindicalismo no represente a los pobres no significa que no tenga poder para reducir la pobreza. Sostiene que la informalidad es un fenómeno fuertemente concentrado entre las pymes. Dada la fuerte asociación entre informalidad y pobreza, trabajar por la formalización laboral es la mejor manera de reducir la pobreza, sugiere.
Uno de los factores más distorsivos en las relaciones laborales es que la negociación colectiva centralizada impone salarios y demás condiciones de trabajo acordes a las empresas más grandes y productivas. Estos convenios colectivos de trabajo discriminan a los pequeños emprendimientos, induciéndolos y legitimándoles la informalidad, alerta el informe.
En este marco, reflejaría una sincera preocupación por la situación social si del diálogo entre la iglesia y los sindicatos se promovieran reglas que permitan a las pequeñas empresas apartarse de los convenios colectivos sectoriales y celebrar acuerdos de empresa entre los pequeños empleadores y sus trabajadores. Al respecto, remarca que la posibilidad de que las pymes se aparten de los convenios colectivos centralizados paranegociar reglas laborales adaptadas a sus características es una herramienta muy utilizada en países socialmente avanzados, como Alemania.
Idesa también destaca que iglesia y sindicatos podrían hacer un gran aporte a la justicia social promoviendo el impuesto a las ganancias como pilar para el financiamiento del Estado en lugar de seguir reposando en impuestos regresivos, como los impuestos al trabajo, que son tradición en la Argentina.
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