Por REDACCION
La reforma previsional no está todavía planteada formalmente, pero ya fue lanzada la idea, que provocó rechazo es cierto desde muchos sectores importantes, pero que se trata de algo que, más temprano o más tarde, indefectiblemente deberá ser analizado y puesto en marcha pues es evidente que dentro de las actuales condiciones no se puede continuar en forma indefinida.
En definitiva, la reforma que tocará a los jubilados, forma parte de toda una reforma integral que requiere el Estado, que no puede continuar siendo un devorador de impuestos para subsidiar indiscriminadamente servicios que, como la energía eléctrica, el gas, el agua o el transporte, deben ser pagadas como corresponde para que puedan sostenerse en el tiempo. Tampoco puede ser el Estado un sostener indefinido de un tercio de la población, y allí también se requiere una reforma.
Dentro de esta perspectiva se encuentra la clase pasiva, también sujeta a una reforma de toda su estructura, aunque en primer lugar lo que habría que plantear, es que el Fondo de Garantía de la ANSES -de donde surgen los recursos para pagar los haberes jubilatorios- tampoco puede ser una caja a la cual los gobiernos acudan cada vez que necesitan fondos, tanto para pagar sus propios gastos como para financiar alguna nueva iniciativa. Es cierto que todos necesitan, pero con el dinero de los pasivos se paga la asignación universal por hijo, se financian viviendas, los toma el gobierno a cambio de papeles que a veces se convirtieron en "pagadios", e incluso se llegaron a usar para asistir a empresas privadas y pagar salarios del sector público. Esa fácil disponibilidad de recursos debe eliminarse de cuajo, como primera medida, y desde allí avanzar en la reforma.
Otro de los descalabros financieros de las arcas de la ANSES los provocó el indiscriminado ingreso de cerca de dos millones de nuevos jubilados que nunca habían hecho aportes, los que les fueron descontados del haber adjudicado, es decir, constituyó un enorme vaciamiento de las cajas. También ANSES fue una verdadera caja de sorpresas, con miles de nuevos empleados ingresados por cada gestión gubernamental, y también, altísimas sumas desviadas a rubros publicitarios, con el agregado de episodios de corrupción.
Algunas de las propuestas que han sido lanzadas como especie de globo de ensayo y quedar al aguardo del rechazo o repercusión que tienen, fueron por caso el tope de la edad, hoy de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, hablándose de subir de uno a cinco años la edad mínima. Sobre recursos y objetivos, el mismo sería llegar a financiar para pagar el 82% móvil de los haberes, cuando en la actualidad se financia sólo el 48% de esos recursos. El objetivo en este caso sería establecer en cuánto tiempo se podría llegar al equilibrio. Equilibrar haberes es otra de las metas, pues en la actualidad hay sistemas provinciales que pagan haberes que duplican o triplican los que se pagan en el ámbito nacional.
En este momento hay 6 millones de jubilados, de los cuales el 73% de ellos percibe el haber mínimo de 6.453,72 pesos. La ley obliga al trabajador a jubilarse, estableciendo que el empleador puede instar a sus empleados a jubilarse en un plazo de un año en caso de cumplir dos requisitos: 65 años y 30 años de aportes. La actual norma previsional da un incentivo para que el trabajador siga desempeñándose más allá de los 65 años, fijando un incremento de 1,5% del promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año aportado adicional hasta reunir 45 años de aportes.
En el mes de julio pasado la recaudación previsional fue de 73.430 millones de pesos, subiendo 29% respecto a julio de 2016, un crecimiento importante pero insuficiente para cubrir todas las erogaciones que se van a ir agregando en el futuro. Se plantea de tal manera, y sólo con estos simples datos como punto de partida del análisis, el alto costo político que tendrá llevar adelante una reforma que, es inevitable, afectará a muchos sectores, en general todos sintiéndose perjudicados. Pero lo que se debe tener en cuenta, es que es inevitable.
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