Recursos y provincias

Por REDACCION

Consecuencia del planteo de la provincia de Buenos Aires en reclamo del Fondo del Conurbano que le corresponde, lo cual significaría una resignación de recursos de las demás provincias, se generó un nuevo debate entre la Nación y los estados provinciales por un tema que viene siendo motivo de discusión desde hace tiempo, pero que ahora, no sólo ha sido retomado con bríos, sino que también parece tener que encaminarse hacia una solución.

Recordemos que las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis habían obtenido fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia por el 15% que les debía la Nación -fondos que no fueron aún reintegrados-, en tanto que las demás provincias siguen analizando por donde canalizan sus reclamos, ya que con posterioridad al fallo aludido también fueron incluidas para una posible devolución.

Volviendo atrás, es decir, al comienzo del problema, recordemos que con la estatización de las AFJP en 2008, la ANSeS recuperó los ingresos que había cedido al sector privado y además mantuvo los ingresos del 15% de coparticipación que estaban destinados a financiar la pérdida de aportes del organismo, tanto por la participación del sistema privado como por los déficit de los sistemas previsionales provinciales.

El descuento -según analiza el especialista económico Ismael Bermúdez- del 15% fue originalmente pactado en una de las cláusulas del acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias en agosto de 1992, y prorrogado en varias ocasiones por los pactos fiscales entre el PEN y los gobernadores. De todos modos, una vez vencidos esos compromisos el gobierno nacional extendió esa situación desde el 1° de enero de 2006 en adelante, siendo cuando las tres provincias mencionadas al comienzo resolvieron no firmar el acuerdo, las que luego reclamaron -incluso llegando a la instancia final de la Corte Suprema que se pronunció en su favor- se les devolvieran las retenciones indebidas y además se dejara de retenerles esos fondos, habiendo sufrido fuertes déficit en sus cajas previsionales propias.

En diciembre de 2015 la Justicia declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables. A principios de 2016 y ya asumido el gobierno de Mauricio Macri, de acuerdo al análisis que en tal sentido efectuó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal -cuya titularidad ejerce Nadín Argañaráz- fue aumentada la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual provocó el cambio de la distribución secundaria del resto de jurisdicciones, ya que el índice de coeficiente de coparticipación de la Ciudad alcanzó un valor de 3,75% frente al 1,40% anterior. Se justificó tal modificación resuelta por decreto, que ese aumento de recursos estaría justificado por el financiamiento de la Policía Federal que había sido transferida desde la Nación.

Pero además, sigue avanzando el análisis y explicaciones sobre las medidas tomadas, en el mes de marzo de 2016 se estableció el "Programa acuerdo para el nuevo federalismo", con la finalidad de llegar a una propuesta para la quita del 15% de la masa de impuestos coparticipables destinados a la financiación de la ANSeS. Sistema que incluía a todas las provincias con excepción de las aludidas Córdoba, Santa Fe y San Luis que ya estaban recibiendo esos fondos, disponiéndose además una reducción gradual y escalonada desde 2016 hasta el 1° de enero de 2021, siendo incrementada la propuesta a razón de 3 puntos por año, complementado con préstamos de la misma ANSeS a tasa subsidiada, quedando esta escala: 9 puntos en 2017, 6 puntos en 2018, 3 puntos en 2019 y 0 puntos en 2021.

Debido a afrontar estas restituciones de recursos, la ANSeS está resignando 79.700 millones de pesos, tomando la base que tenía antes de tener que afrontar estas restituciones a las provincias, es decir, cuando recibía el 15% íntegro, yendo 30.200 millones al Tesoro nacional y 49.500 millones a las provincias y Ciudad de Buenos Aires. 

Este es el detalle del volumen de los fondos en discusión, considerando la restitución del 15% completo a las tres provincias mencionadas y el 6% a las restantes jurisdicciones.