Por Redacción
Los tiempos van cambiando, y prueba de ello pueden dar cuenta las provincias, que ahora para subsistir deben emitir deuda, incursionando tanto en los mercados internacionales como los nacionales. No es algo novedoso, por cierto, pues en estas condiciones se mantuvieron la mayoría de los distritos en forma sostenida a lo largo del tiempo, pero sí no había acontecido en los últimos años, cuando desde la administración central -es decir, el kirchnerismo- se los asistía acorde a sus necesidades. Eso sí, con excepciones hacia aquellos que no les eran lo leales y fieles que se pretendía, y también con altibajos acordes al nivel de acatamiento a las decisiones que se les imponían. Aunque también deba hacerse la salvedad, que el sistema impuesto, el de la distribución por conveniencia y lealtades en lugar del acordado por la ley de coparticipación, respondió a la nueva modalidad impuesta, mediante la cual la Nación se queda con el 70% de las imposiciones coparticipables, repartiendo el restante 30% entre todos los demás distritos.
Como desde hace tiempo los recursos están escasos en las arcas nacionales, de paso con una voracidad que no reconoce límites, las Provincias han debido echar mano al endeudamiento para seguir funcionando, algo que se sabe, de más está decirlo, siempre tiene final incierto en cuanto a cronología, pero inevitable en sus consecuencias.
Un dato conocido estos días da cuenta que entre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Salta y Chaco -en ese ordenamiento- se hizo emisión de deuda por 6.876 millones de pesos, sin incluir todavía los 556 millones de Santa Fe, cuya ley aprobada por ambas Cámaras ya fue promulgada, siendo entonces cuestión muy breve para que esa toma de dinero se concrete e ingrese a las arcas provinciales. Recursos que, en principio, deberían estar destinados a cancelar deudas con contratistas de obras públicas, las cuales se encuentran prácticamente paralizadas desde el inicio de la gestión de Antonio Bonfatti.
Pero además de lo expuesto con esos más de 7.400 millones de deuda ya efectivizados, existen otras tomas potenciales que se elevarían a unos 16.000 millones de pesos, con lo cual tenemos que durante el presente 2012 los estados provinciales deberán endeudarse en más de 23.000 millones de pesos para poder continuar funcionando, ya que, vale dejarlo en claro, esta masa de dinero estará destinada en casi todos los casos para afrontar pagos de sueldos y gastos de funcionamiento, lo que es muy diferente que destinarlo a obras.
La evidente baja de la actividad económica, que se trasunta en la mayoría de los indicadores principales de la misma, ha puesto luces de alerta en las provincias, que evidentemente, no llegarán a cumplir con sus proyecciones de gastos para el año. Eso, en algunos casos; otros, en cambio, ya tienen sus recursos agotados en este momento, mucho antes de los tiempos difíciles que podrían avecinarse en los próximos meses, debido a la merma de los recursos ingresados que provienen de la actividad económica.
Pero además, y eso es lo que se citaba antes, la coparticipación -que en promedio significa el 50% de los ingresos de las provincias- está en proceso de desaceleración, ya que lo recibido ni siquiera se equipara con el índice inflacionario real. En abril pasado por ejemplo, la coparticipación total aumentó 16,4% respecto a equiparación interanual. De tal modo tenemos que los impuestos coparticipables que el año pasado crecían unos 32 puntos, ahora suben a razón de 20, con lo cual queda en claro, sin aplicación de cálculos confusos, que sosteniéndose este nivel de deterioro, en la segunda mitad de 2012 será imposible de continuar funcionando sin recurrir a la toma de deuda.
Otro aspecto importante de abordar, pues hace a la cuestión, es que todas las provincias optan por la posibilidad del endeudamiento en lugar del achicamiento de sus gastos, que sería otra alternativa. Es decir, la vieja cuenta hogareña de gastar menos de lo que se ingresa, pues de lo contrario la deuda en algún momento se volverá ingobernable, aunque en realidad, este no parece ser un tema que preocupe mucho a los gobernadores, afectos a aquello de tirar el problema hacia adelante, y que en el peor de los casos, se hagan cargo quienes gobernarán en el futuro.
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