Por REDACCION
Mientras la Argentina posterga una y otra vez las decisiones sobre cuestiones esenciales, entre ellas qué hacer con la cuarentena eterna, cómo salir de la misma, qué resolver con la deuda externa y la implementación de un plan económico consistente, sustentable y que garantice crecimiento con beneficios para todos, por ahora todo está atado con alambre. Tal como suele suceder en este país, donde las decisiones que se adoptan en determinadas coyunturas con carácter provisorio duran para siempre. Como el recordado Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, o simplemente impuesto al cheque, que se instrumentó para mejorar la recaudación en abril de 2001 y todavía se mantiene firme en la política fiscal. Pasaron distintos gobiernos, populistas o republicanos, pero nadie se interesó en suspender su aplicación. No es para menos puesto que representa la tercera herramienta de recaudación más importante del Estado.
Ahora que la crisis de la pandemia pone de rodillas a la mayoría del universo de empresas argentinas, existe un mínimo consenso entre organizaciones de trabajadores y empresarias para cuidar el empleo. En este marco, ayer se publicó en el Boletín Oficial el convenio firmado por la CGT y la UIA por el cual se dispone que durante otros 60 días habrá suspensiones temporarias y reducciones salariales.
La CGT aseguró que la prórroga del acuerdo sobre suspensiones temporarias y quitas salariales se fundamentó en "el contexto de la grave pandemia de coronavirus" que afecta al mundo a fin de "sostener el empleo como ordenador social y la actividad productiva como eje central del desarrollo económico".
La CGT y la UIA habían requerido a la cartera laboral para lograr "un consenso que aporte soluciones al contexto económico que afecta las fuentes genuinas de empleo" que Trabajo determinase cuanto antes el marco normativo para garantizar a los trabajadores que no realizan tareas por la pandemia "la prórroga de las herramientas para mantener un ingreso digno", puntualizaron.
El acuerdo implica que durante dos meses se pueden aplicar suspensiones temporarias y efectuar el pago no remunerativo del 75 por ciento del salario neto para los trabajadores en actividad ante la emergencia.
En este punto, cabe destacar que la Argentina es el país de Latinoamérica que mayor cantidad de medidas de protección social y laboral adoptó para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en la economía y en sus habitantes, de acuerdo con un análisis publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Según el reporte, la Argentina figura a la cabeza de la región con 13 medidas contabilizadas, más del doble que la mayoría del resto de los 12 países tomados como ejemplos, que son Jamaica, con 8; Costa Rica, 7; Barbados y Guatemala, 6; El Salvador, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago, 5; Chile 4; y Paraguay, Perú y Panamá, 3.
El estudio destacó "la expansión vertical de los programas de asistencia social", y agregó que estos atienden a "beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, personas que reciben la asignación universal por hijo (AUH) y las mujeres que reciben la asignación universal por embarazo (AUE)". También subrayó "el control de precios en los productos de la canasta básica, la entrega de alimentos en los establecimientos escolares, la exención de pago en alquileres hasta setiembre, así como del pago de los servicios básicos, como agua, luz, gas, internet y televisión".
El estudio de la Cepal y la FAO hizo énfasis en que "se prohíben los desalojos", y remarcó que se tomaron "medidas de seguridad social como licencias médicas para todas aquellas personas que sean factores de riesgo, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, y también para personas con hijos dependientes". Además, indicó que hubo "aumento vertical en el pago de pensiones, seguros de desempleo y exención de pagos contributivos para empresas". Asimismo, señaló que en el mercado laboral se otorgaron "subsidios para las empresas de hasta 100 trabajadores", medida tomada por el Gobierno a principios de abril, que antecedió al definitivo beneficio de Salario Complementario que actualmente contempla a todas las compañías que hayan visto afectados sus ingresos.
En términos generales, el informe indicó que conforme ha progresado la pandemia, los gobiernos han tenido que enfrentar nuevos desafíos y señaló que si en una primera etapa los países se abocaron a mitigar los efectos de las estrictas restricciones sanitarias, con el correr de las semanas su atención se ha desplazado a una amenaza especialmente grave: la crisis económica y social.
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