Pesada deuda

Por Redacción

Con la deuda se da una extraña y contrapuesta situación, pues mientras desde el gobierno se insiste con la política de desendeudamiento que se está llevando adelante con éxito, los analistas económicos -a través de sus consultoras- repiten que la deuda no deja de crecer. En realidad, los dos extremos. Lo que ocurre, es que efectivamente el volumen de la deuda aumenta de manera constante, habiendo superado ya los 200.000 millones de dólares, aunque va cambiando de acreedores, siendo ahora los principales el Banco Central, la ANSES, el Banco Nación, el PAMI y otros entes autárquicos de los cuales son tomados fondos de manera constante para afrontar el pago de los compromisos por la deuda, o bien, para el funcionamiento del Estado, que no deja de incrementar sus gastos.

Los últimos datos oficiales que se tienen corresponden al 30 de junio de 2012, cuando la deuda totalizaba 182.741 millones de dólares, suma en la cual se incluye lo adeudado al Club de París, pero en cambio no comprende los intereses atrasados y los punitorios, que suman una cifra del orden de los 3.000 millones de dólares, no incluyendo tampoco la deuda por el Cupón PBI que en no demasiado tiempo acumulará unos 18.000 millones de la divisa estadounidense, ni tampoco los bonos que no ingresaron en el canje y que se encuentran actualmente en litigio -identificados como fondos buitre, habiéndose admitido por parte del gobierno ante la Justicia de EE.UU. que está dispuesto a pagarlos- por otros 11.000 millones.

Hasta aquí tenemos una perspectiva bastante definida -según lo analiza el periodista y economista Ismael Bermúdez-, aunque en la suma de la deuda debería además incluirse los casi 500.000 juicios de jubilados por haberes mal liquidados, siendo que la ANSES se encuentra ahora pagando unas 20.000 sentencias anuales, que con las retroactividades, salen a razón de 160.000 pesos por juicio. Un tema que se encuentra en discusión vía judicial, aguardándose una decisión de la Corte Suprema en cuanto a la extensión del pago a todos los jubilados en caso de aplicarse la jurisprudencia que deviene de los casos Badaro y Ellif, lo cual significaría 14.136 millones de pesos de ser el caso Badaro, o 21.952 millones por el caso citado en segundo lugar. Cifras que la ANSES ya anticipó que no se encuentra en condiciones de poder pagar.

Pero volviendo a la deuda, además de la pública que hemos venido desarrollando, existe la deuda privada, que también al 30 de junio totalizaba 71.258 millones de dólares.

Tenemos en consecuencia que luego de 2005 cuando se realizó el canje, se pagó al FMI y comenzó la política de desendeudamiento tantas veces proclamada por el gobierno, el monto de la deuda por el sector público se incrementó 60.000 millones de dólares, tanto por la incidencia de la capitalización de intereses como por la toma de nuevos préstamos, los que en todos los casos fueron destinados para el financiamiento del Estado y para el pago de parte de los servicios de la misma deuda. Es decir, contrariamente a lo que se sostiene tan enfáticamente, la deuda nunca ha dejado de crecer.

La toma constante de recursos, ha provocado que las reservas del Banco Central -según se apunta en este informe- sean de 43.292 millones de dólares, bastante por debajo del pico máximo alcanzado en febrero de 2011 cuando llegaron a 52.400 millones. Una situación que se produce a pesar del estricto control cambiario, conocido como cepo sobre el dólar, que restringió fuertemente la circulación de la divisa, afectando además tanto la producción -por el efecto sobre las importaciones que traban algunas líneas-, como así también la construcción y el mercado inmobiliario, que se han resentido notablemente. Pero, así y todo, no se ha logrado alivio con la captación de dólares, que siguen saliendo en mayor medida de los que ingresan, provocando esta baja de las reservas del Central. Una situación que se produce a la inversa de la mayoría de los países de la región, tales los casos de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Colombia que han aumentado considerablemente sus reservas en estos últimos dos años.

Todo indica que esta perspectiva no experimentará cambios, ya que en el Presupuesto 2013 se autoriza al Gobierno a tomar durante el año 7.967 millones de dólares de las reservas del BCRA para afrontar el pago de vencimientos de la deuda pública.

Como el que transcurrimos es además un año electoral, y el gobierno tiene un objetivo decisivo por delante, nada hace suponer que los gastos corrientes tendrán un freno, sino que por el contrario pueden ampliarse todavía más.