Por Redacción
El tema ya aparece en la agenda cotidiana y parece ser un secreto a voces: el Gobierno Nacional está barajando la posibilidad de reestatizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sacándoselo de las manos a la española Repsol.
Este verano no resultó nada agradable para quienes dirigen esta compañía, de capitales hispano-argentinos. Es que el Gobierno ha encarado una escalada política, llevando a cabo diferentes acciones que hacen suponer a todos que terminará en un paso de manos.
Todo comenzó a mediados de enero, con una presión a todas las petroleras: tanto YPF como Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustible son investigadas por el Gobierno en el marco de una denuncia por supuestos sobreprecios en la comercialización de gasoil.
YPF contestó a través de un comunicado, en el cual lamentó la "injustificada denuncia pública por abuso de posición dominante y cartelización" realizada por el gobierno nacional.
Esto no hizo más que recalentar los motores: el Gobierno buscó victimizarse, mientras que el gremio petrolero -SUPeH- salió en defensa de la empresa, al asegurar que la compañía "hace inversiones y mantiene los precios más bajos del mercado".
A partir de allí, quienes tomaron la palabra fueron primeras figuras: el vicepresidente a cargo de la presidencia, Amado Boudou, advirtió que el gobierno "no permitirá discriminación de precios" y señaló que si bien el Ejecutivo "trabaja con alegría, nos ponemos serios cuando las corporaciones nos pretenden llevar puestos".
Desde ese momento -finales de enero, hace poco más de un mes- las versiones fueron cada vez más fuertes, al punto tal que las acciones de la petrolera comenzaron a devaluarse -llegando a tener la cuarta caída más grande de su historia- a raíz del rumor cada vez más fuerte sobre una estatización.
Boudou pidió YPF no guiarse por las lógicas del mercado y producir más, mientras que Cristina, ya de regreso a su función como Presidente, luego del cáncer "no positivo", evitó recibir al titular de Repsol, Antonio Brufrau, de visita en nuestro país.
Para mediados de febrero, ya era casi un hecho el proyecto de nacionalización: dicha operación involucraría a las provincias productoras de crudo para que adquieran al menos el 10 por ciento de las acciones de la petrolera. Chubut, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Formosa, formarían parte. Casi todas están en manos del kirchnerismo.
Para la Argentina, esto tendría al menos dos ventajas: se podría frenar el giro de dividendos al exterior y la consiguiente sangría de divisas (lo que inflaría las arcas nacionales, debilitadas por la crisis internacional y el déficit interno), y definir inversiones para aumentar la producción, para así evitar tener que importar combustibles por otros 9.000 millones de dólares este año.
Incluso, ya se hicieron los cálculos políticos necesarios: si el Ejecutivo enviara un proyecto a la Cámara baja, contaría con la aprobación del 56% del Cuerpo: el kirchnerismo, sus bloques aliados y llamativamente Proyecto Sur, darían el visto bueno a la iniciativa.
La presión hacia YPF siguió trepando: el martes 23 de febrero, se libró una la “batalla” durante una reunión de directorio, la cual terminó en escándalo, cuando los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Política Económica, Axel Kiciloff, más el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, intentaron ingresar al cónclave pero no se lo permitieron.
Dado ya el marco de lo que ocurriera políticamente en tan solo un mes y medio, las preguntas caen por maduración propia: ¿qué es lo que sucedió, que YPF pasó a ser una de las empresas "amigas" del Gobierno a ser uno de sus objetos más deseados en esta búsqueda mitológica de objetos nacionales y populares?
Uno puede llegar a entender que quienes manejan el Estado en la actualidad no sepan de la economía agropecuaria, dado que provienen de un sector totalmente diferente a la zona núcleo. Pero de petróleo sí saben. De hecho, fueron uno de los impulsores de la privatización engendrada por Cavallo, su referente de los negados '90's. Es más: aún no se sabe que pasó con el dinero que resultó producto de esa venta.
Dejando de lado lo político, habría que preguntarse: ¿resolvería esto los serios inconvenientes energéticos que tiene nuestro país? La respuesta es clara: no. Es que para que ello así resulte, se necesitan de muchas inversiones, sean privadas o estatales. Y la Nación no tiene el dinero suficiente. De hecho, la estatización de YPF le solucionaría en gran parte el problema del déficit, como sucediera con el ANSeS. Si el rojo sigue creciendo y no regresa el superávit: ¿qué joya de la abuela iremos a buscar a la casa de empeños Nac&Pop para distraer?
Sin lugar a dudas, YPF no debería ser privada. Nunca debió dejar de serlo. Pero salir a revertir este proceso con una mirada cortoplacista y argumentando cuestiones mitológicas es absolutamente equivocado.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.