Por REDACCION
Desde el momento en que el presidente Mauricio Macri reveló el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la Argentina acceda a un crédito internacional que ayude a atravesar la inestabilidad que afecta a los mercados internacionales y que golpean al país se encadenaron posturas a favor y en contra.
Volver o no volver al Fondo, esa es la cuestión. Los pesimistas encuentran el vaso medio vacío en tanto que los optimistas, algo forzados, buscan convencer de que está medio lleno aunque no les sobra alegría. Es que levantar el teléfono y pedir ayuda financiera al organismo no puede festejarse, más allá de que la tasa de interés que cobra por prestar su dinero es la mitad de la que cobran los "usureros" de la economía global.
Como explicó el Instituto de Desarrollo Social (Idesa), la aceleración en el alza del dólar y
su consiguiente presión sobre la tasa de interés obligó a las autoridades
económicas a improvisar acciones para tratar de calmar los ánimos. En este escenario, el Ministerio de Economía anunció un cambio en la meta de déficit fiscal primario pasando del 3,2% al
2,7% del PBI, sin explicitar cómo se logrará. ¿Cuál fue el resultado? Las expectativas de mercado no
respondieron en consonancia con lo esperado por lo que el gobierno decidió solicitar
el apoyo financiero del FMI.
Con este crédito, Argentina buscará un blindaje aunque esta palabra fue condenada a una connotación negativa luego de ser utilizada en el año 2001 cuando el mismo organismo le concedió 40 mil millones de dólares al gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó su mandato a bordo de un helicóptero y en medio de la peor crisis social, política y económica.
Lo cierto es que en el Gobierno nacional defienden la decisión -no queda otra estrategia que hacerlo- de volver al Fondo. Del otro lado, todos cuestionan la medida porque dan por sentado que significará un mayor ajuste a la economía, lo cual implica el mismo resultado de siempre: los jubilados, trabajadores y sectores vulnerables en la columna de los perdedores.
La consultora Ecolatina señaló el fin de semana en su último reporte semanal que con la decisión de acudir al FMI, el Gobierno apunta a obtener un respaldo del orden de los 30.000 millones de dólares equivalentes a 5% del PBI y más de la mitad de las reservas internacionales.
En este sentido, destaca como aspecto positivo que el costo financiero rondaría el 4% anual, mucho menor en comparación con el que se obtendría en el mercado de capitales pero lo negativo será que "los condicionamientos en materia de política económica no serán inocuos sobre la trayectoria de las variables macroeconómicas". Asimismo, aclara que los financiamientos precautorios del FMI están diseñados como líneas de disponibilidad, pero no necesariamente como líneas de ejecución. Es decir, el objetivo es que el país receptor cuente con la opción, más no la obligación, de utilización. Con cierto grado de previsión, el Ministerio de Finanzas adelantó a principios de año la mayor parte de las necesidades financieras de 2018, atento a que se esperada una suba de las tasas de interés internacionales tal como ocurrió.
De acuerdo a Ecolatina, el FMI exige no solo un set de medidas económicas a partir del desembolso, sino también “acciones previas”, a las que define como medidas que el país receptor se compromete a adoptar antes de que el Consejo Ejecutivo apruebe el financiamiento o complete una revisión posterior. Consigna que las pautas generales de condicionalidad fueron revisadas y reformuladas de manera extensiva por parte del FMI en 2002, apuntando a una mayor flexibilidad.
Pero más allá de esas modificaciones, el objetivo de asegurar que el país que reciba la asistencia financiera tenga capacidad de repago del crédito de modo que dichos recursos estén disponibles para otros países miembros se mantiene inalterable. No es favorable la situación de la Argentina, que tanto el plano fiscal como el externo se encuentran en situación deficitaria.
Según la consultora, dado que el Gobierno nacional ya cuenta con un programa de reducción progresiva en el frente fiscal, que incluso intensificó para 2018, y considerando también que el “gradualismo” permanece en el centro de la lógica política adoptada, y la continuidad del proceso político está fuertemente atada a ella, lo más probable es que los condicionantes se posarán en mayor grado sobre el equilibrio de las cuentas externas.
Por ahora, las negociaciones recién se pusieron en marcha la semana pasada pero insumirán algo más de un mes hasta que se defina la letra chica. En ese momento, entonces se conocerán cuáles son los requisitos (léase ajuste) que deberá cumplir la Argentina para acceder a los fondos. Ahora la grieta separa a quienes defienden la decisión de volver al Fondo y los que la cuestionan.
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