Mayor conflictividad social

Por REDACCION

A medida que se profundiza la crisis de la economía argentina y se recortan las expectativas sobre una posible recuperación, el descontento social no para de crecer. Mientras los funcionarios del gobierno nacional buscan sembrar la esperanza sobre una tibia reactivación para el 2019, las proyecciones del FMI, del Banco Mundial y otros organismos multilaterales no son alentadores. 

Y si las perspectivas, entonces, no permiten ser optimistas entonces ese malhumor general se traduce en una mayor conflictividad. En esta dirección se inscribe el resultado del último informe de coyuntura del Observatorio de Políticas Públicas de FLACSO, que midió la "Conflictividad social y respuestas de Cambiemos" entre el tercer y cuarto paro general de la CGT, entre los que mediaron tres meses y en los que relevó 345 protestas contra el Gobierno en todo el país. En tal sentido, entre el 25 de Junio y el 25 de septiembre de 2018 se observa "una profundización del ajuste vía devaluación de la moneda, aumento exponencial de la inflación y caída de la actividad económica en general", indica el estudio divulgado por el Ambito Financiero. 

Al respecto, el reporte advierte que las 345 acciones colectivas que se han registrado en este período suponen "un aumento de un aproximado del 30% respecto de las 276 acciones colectivas registradas por medios de comunicación en el periodo registrado entre el 8 de marzo y el 26 de junio de 2018". De acuerdo al informe, más del 80% de las protestas pueden considerarse "reactivas" ante "cuestiones que se perciben perjudiciales a diferentes sectores y actores sociales".

Sobre las causas de las protestas, en su mayoría se vincularon al rechazo al ajuste, despidos, pedido de reapertura de paritarias, cuestiones vinculadas a educación, demandas sociales de la economía popular y de grupos de derechos humanos, demandas de género, cuestiones ambientales y de tarifas.

El Observatorio de la FLACSO explica que uno de los actores que se destaca durante este periodo fue la Comunidad educativa, quien protagonizó una cantidad de 85 conflictos a nivel nacional y local. Los mismos fueron de diferente magnitud, y vinculados a diferentes demandas específicas, entre las cuales aparecen los reclamos salariales, pero también los vinculados a las cuestiones edilicias y de infraestructura, las movilizaciones que acompañaron la protesta por la muerte de Sandra y Rubén en el distrito de Moreno, entre otras.

Para los especialistas, el Gobierno considera los paros y movilizaciones como acciones "que no sirven para nada, ya que lo que realmente se debiera discutir es cómo afrontar los desafíos de los cambios tecnológicos para el trabajo". Particularmente, respecto del paro activo del 24 de septiembre y del paro general del 25 del mismo mes, manifiestan que no es el momento oportuno, ya que éstas son acciones de última instancia y el gobierno siempre ha estado y está dispuesto a dialogar.

Asimismo, el estudio da cuenta de que si bien la potencia de la resistencia de la sociedad civil se evidencia en el aumento de la cantidad de protestas, esto no se traduce en una "capacidad disruptiva" ya que el Gobierno no parece "mostrarse poroso a las demandas". Por lo tanto, "el bien la conflictividad social aumentó", no significa un "escenario de ingobernabilidad".

De todos modos, el concepto de "ganar la calle" a veces perjudica a quienes promueven una protesta genuina a los ojos de la opinión pública. Es que cuando se movilizan caciques sindicales que arrastran una imagen ciertamente deteriorada por enquistarse durante tantos años en los gremios una buena parte de la población desconfía de sus intenciones. ¿Se buscan defender derechos de trabajadores o se moviliza en el marco de una estrategia de desgaste hacia el Gobierno?

Cuando cientos de manifestantes se instalan frente al Congreso con capucha sobre sus cabezas y pañuelos en sus rostros para ocultar su identidad y atacan a los efectivos policiales con cascotes, palos o el uso de morteros causan en la sociedad un efecto contrario al buscando. Sucedió cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2019 y podría volver a ocurrir este miércoles cuando el Senado sesione para transformar el proyecto en ley. 

Cada una de estas protestas en la Ciudad de Buenos Aires tiene a la crisis como telón de fondo. Y en algunos casos hay marchas con amplia justificación porque es el empleo el que está en juego. Ese incremento de la conflictividad social a la que hace referencia el estudio de la FLACSO proyecta un escenario más complicado a medida que se acerquen las fiestas de fin de año.

Más allá de los esfuerzos del gobierno para aumentar los presupuestos de áreas sociales, nadie puede garantizar si los reclamos de bolsones alimentarios por parte de familias carenciadas -que pueden ser legítimos- o la manipulación que puedan hacer punteros políticos de la pobreza para impulsar saqueos terminen recreando un contexto caótico.