Por REDACCION
Las tensiones entre lo que sucede en la realidad y lo que se cuenta a través del relato oficial parecen profundizarse este año electoral en el que, al menos para algunos, el fin justifica los medios. En otros términos, los deseos o la necesidad de permanecer en el poder, o llegar al mismo, impulsa a los candidatos a echar mano de maniobras poco transparentes disociadas con los valores republicanos.
En este marco, el debate sobre el problema de la pobreza mantiene vigencia precisamente en un año donde la estanflación pone a prueba la resistencia de las empresas por preservar los puestos laborales pero inevitablemente se traduce en un deterioro de la situación social, en particular de aquellas familias más postergadas incluso por la década que se dice haber ganado.
Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, desataron una polémica cuando admitió no conocer las estadísticas de la pobreza en la Argentina, un insumo esencial para trazar diagnósticos confiables y planes de acción en forma eficiente. De todos modos, hace más de un año y medio que el Gobierno informa públicamente el mapa de la pobreza y la indigencia del país. Y considerando las sospechas en torno al INDEC por una supuesta manipulación estadística -tal como sucede con la inflación- siempre se pone en duda si la información representa lo que realmente acontece con esta problemática.
Kicillof fue cuestionado por diversas organizaciones de la sociedad civil por su confesión, aunque en el mismo oficialismo hubo otras voces. Así, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez fue uno de los que dio el paso al frente, diferenciándose del titular de la cartera de economía, al admitir que "los datos nos dan 14,9 por ciento de pobreza". Desde la Iglesia manifestaron una y otra vez su preocupación por la pobreza estructural que no pudo superar pese a los beneficios de la década ganada ni a la importante red de subsidios otorgados casi en forma permanente por el Estado nacional. "Nos preocupa la pobreza. Hay un esfuerzo del Gobierno, por caso, a través de la Asignación Universal por Hijo, pero no se sale de la pobreza estructural con planes sociales sino con trabajo en blanco, vivienda, cloacas, luz, etc. Es algo que trasciende a un gobierno y que requiere políticas de largo plazo", había expresado el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, a fines del año pasado.
Esta semana la consultora Ecolatina también sumó su aporte al renovado debate al considerar que sin estadísticas confiables el problema de la pobreza difícilmente se solucione a la vez que sostuvo que el año pasado registró un aumento tanto de la pobreza como de la indigencia. "Usualmente la pobreza suele medirse como la insuficiencia de ingresos monetarios (laborales y no laborales) de una familia para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Sin embargo, en los últimos días distintos funcionarios marcaron que esta forma de medir la pobreza es unidimensional y que no logra explicar de forma acabada la realidad social. Como existen múltiples definiciones de pobreza, la respuesta sobre cuántos pobres hay depende de numerosos indicadores sociales y, por ende, no tiene una única respuesta", analizó en el informe presentado hace dos días.
En el reporte se afirma que "nadie duda que es conveniente complementar la medición 'tradicional' de pobreza e indigencia con indicadores que capten las restantes dimensiones de este flagelo" y reconoce que "existen medidas de pobreza que toman en cuenta parámetros distintos al ingreso como las condiciones edilicias del hogar, o el acceso a determinado nivel educativo". De todos modos, puntualiza que dichos argumentos no justifican dejar de medir la pobreza a través del enfoque de ingresos: "Que a partir de 2007 el INDEC haya subvaluado sistemáticamente el valor real de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria, llegando a la errada conclusión de que a comienzos de 2013 la pobreza afectaba a menos del 5% de la población y la indigencia estaba virtualmente erradicada del país (según el INDEC una persona en 2013 podía comer con $ 6 diarios), justifica arreglar las estadísticas públicas pero en ningún caso dejar de publicar este indicador".
Para Ecolatina sería deseable contar con estadísticas que abarquen todo el país y recaben información detallada que permita captar todas las dimensiones de la pobreza. En este sentido, el enfoque de las necesidades básicas
insatisfechas (NBI) forma parte del Censo económico y poblacional, pero este se realiza sólo cada 10 años en la Argentina.
Uno de los interrogantes que podrían responderse es de qué manera impactó la devaluación y posterior aceleración inflacionaria del año pasado sobre los hogares de menores recursos en el primer semestre de 2014. Por último, advirtió que el desconocimiento de indicadores claves impide generar políticas públicas efectivas para mejorar la situación social.
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