Por REDACCION
Con una inflación real que corroe el poder adquisitivo del salario en forma sostenida desde hace años, el renovado debate en torno al impuesto a las Ganancias pone el foco también en el ingreso de las familias argentinas y si el mismo es suficiente para dar cobertura a las demandas básicas.
Un reciente informe del INDEC reveló que la mitad de los ocupados remunerados de la Argentina tenía ingresos por menos de 5.500 pesos mensuales al cierre de 2014 y que otro 25% de los ocupados cobraba menos de 3.000 pesos por mes en el mismo período. Si se considera que en total había entonces 1.200.000 desocupados sin ingresos o que reciben una mínima "prestación por desempleo", el cuadro social adquiere una configuración nada alentadora, reflejando así que el año pasado se registró un deterioro en la distribución del ingreso.
En este análisis hay que, lamentablemente, considerar como variable las sospechas en torno al INDEC porque desde su intervención hace unos siete años nunca recuperó confiabilidad en sus estadísticas ante las sospechas de una manipulación constante de sus mediciones en beneficio de las posiciones del Gobierno. Al respecto, los informes sobre precios al consumidor, pobreza e indigencia, actividad económica entre otros no generan confianza ni en los argentinos ni muchos menos en las instituciones o consultoras encargadas de interpretar datos y traducirlo en informes sobre lo que sucedió en el pasado para entender el presente y proyectar el futuro.
Por cierto, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) indicó que las canastas básicas alimentaria y total, que marcan las líneas de indigencia y pobreza, alcanzaron en noviembre en la ciudad de Buenos Aires un costo de 3076 y 5578 pesos, respectivamente, para una familia de cuatro miembros.
Se trata de costos que están por encima de los ingresos mencionados en el informe sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso del organismo oficial, el cual estimó que el 75% de los ocupados, unas 12.000.000 de personas, ganaba menos de $ 8.000 mensuales a fines de 2014. En cambio, a fin de 2013, esa misma porción de empleados cobraba menos de $ 6.500 mensuales, por lo que la diferencia representa una mejora nominal del 23%, muy por debajo de la inflación real que estuvo por encima del 35%.
El paro de los gremios del transporte efectuado ayer, al que adhirieron la CGT opositora de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, fue impulsado contra el impuesto a las Ganancias o como le gusta decir a los jefes sindicales, contra el tributo al salario.
El tributo, que es progresivo según el nivel salarial, afecta a
aproximadamente 1 millón de trabajadores sobre una fuerza laboral
de 11 millones de asalariados y se aplica sobre los sueldos que
superaban los 15.000 pesos en diciembre de 2013.
En su último reporte, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) coincidió en que el 90 por ciento de los trabajadores no paga este impuesto pero también ofreció detalles interesantes. "En la última década el impuesto a las Ganancias de las personas ha alcanzado a un número creciente de trabajadores por montos proporcionalmente más altos. Mientras que el salario nominal de los trabajadores registrados se multiplicó por 12 veces entre los años 2000 y 2014, el monto del mínimo no imponible a partir del cual se empieza a aplicar el impuesto se multiplicó sólo en 4 veces. A su vez, como las escalas de alícuotas tampoco se actualizaron, los trabajadores tributan con alícuotas cada vez más altas" advierte la consultora.
Así, agrega que en el año 2000 el salario registrado bruto promedio era cercano a $ 1.000 y el impuesto operaba a partir de los $ 2.000 aproximadamente en tanto que en el año 2014 el sueldo promedio fue de $ 12.000 y el impuesto se aplica desde los $ 15.000. Es decir que mientras en el año 2000 hacía falta tener un salario equivalente a 2 veces el promedio para ser alcanzado por el impuesto, en la actualidad basta con tener un salario cercano al promedio.
Según Idesa, los sectores de más altos ingresos aportan a través del impuesto a las ganancias apenas el 21% de la recaudación total de impuestos nacionales. Mientras tanto, los tributos al consumo y las cargas sociales, que son impuestos que alcanzan a los más humildes, representan el 35% y el 27%, respectivamente, de la recaudación nacional. Si a esto suma el impuesto inflacionario es claro que la gente de menores ingresos es la que proporcionalmente más aporta al financiamiento del Estado, lo que se contrapone con el discurso oficial. "El
récord de presión tributaria, incluido el impuesto a las ganancias,
es la consecuencia del récord de gasto público vía subsidios. Sólo
si se corta el despilfarro de fondos públicos se puede generar
espacio fiscal para discutir con seriedad la política tributaria", concluye.
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