Por REDACCION
Como tantos otros temas recurrentes en la Argentina, el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos y partidos políticos emergen nuevamente ligadas al escándalo por su oscurantismo y altos niveles de opacidad. En la provincia de Santa Fe un juez federal acaba de aplicar una sanción al humorista y ex candidato a gobernador, Miguel Torres Del Sel, por no poder explicar el origen y el uso de los fondos utilizados para costear su actividad proselitista en el 2011, cuando por primera vez intentó llegar a la Casa Gris.
Siete años se tomó la justicia federal para aplicar una sanción consistente en una inhabilitación de seis meses para ocupar cargos públicos. En este lapso, Del Sel volvió a ser candidato a gobernador, en este caso por Cambiemos, en el 2015 mientras que fue designado embajador en Panamá, cargo que desempeño entre 2016 y 2017 hasta que renunció para volver a la Argentina a recorrer el país de la mano de Midachi, el trío humorístico que comparte con el sunchalense Darío Volpato y Dady Brieva.
La justicia que llega tarde no es justicia sostienen algunos críticos de uno de los poderes de la República que suele avanzar a paso de tortuga en determinadas causas cuando directamente no las duerme en los cajones donde descansan miles de expedientes.
Ni siquiera la investigación por el financiamiento de los gastos de campaña que llevaron a Cristina Fernández de Kirchner a convertirse en Presidenta a finales de 2007 aún está concluida. Se sospecha de la utilización de fondos ilegales y lavado de dinero durante esas elecciones, pero más allá de algunos avances no hubo un punto final para esa causa iniciada hace diez años.
¿Por casa cómo andamos? En cada elección general hay miles de candidatos a cargos electivos en todo el país. Es difícil que la Justicia pueda controlar cada una de las declaraciones que presentan los partidos. ¿Cómo se conforman los presupuestos de campaña? La ley marca de qué forma se deben hacer las cosas para evitar falta de transparencia, pero una nueva denuncia que sacude el entorno de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, muestra que hecha la ley, quizás se haga trampa.
En efecto, la denuncia revela irregularidades en el financiamiento de la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017, cuando Vidal no fue candidata en las boletas pero sí lideró la actividad proselitista para aprovechar su buena imagen ante el electorado, por lo que ahora no evita ser alcanzada por este escándalo. Ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes aparecen en las listas de aportantes de dinero, lo cual es difícil de creer. Incluso, ante las consultas, varios de ellos negaron haber colaborado con plata para ayudar a pagar la campaña de Esteban Bullrich al Senado o de Graciela Ocaña a la Cámara de Diputados.
Ni Cristina pudo aclarar el origen de los fondos de su campaña, ni Del Sel y ahora esta tormenta arrastra a Vidal. También una réplica de este terremoto político en Entre Ríos, donde el peronismo también cuenta con datos llamativos en la declaración de aportes a la campaña como personas con nombres "AAAAAAAAAAA, BAAAAAAAA" y documentos triplicados.
De acuerdo a la información aportada por el Frente Justicialista Somos Entre Ríos a la Justicia Electoral, los aportantes privados entregaron al espacio gobernante en esa provincia 2.338.580,08 pesos para la campaña de las elecciones primarias de 2017. En el listado figuran llamativos detalles como ocho personas con nombres como "AAAAAAA, BAAAAAAA" y "AAAAAAAA, ZAAAAAAAA" que realizaron transferencias electrónicas por montos de entre 1.000 y 50.000 pesos por un total de 233 mil pesos, es decir un 10 por ciento del total de las donaciones recibidas por el espacio. Asimismo, esos aportantes aparecían con números de DNI como "44.444.444" o "19.000.000", en algunos casos triplicados.
Rápidamente los partidos políticos y el Gobierno plantean revisar la ley vigente para regular el financiamiento de los partidos políticos. Desde la Casa Rosada se anticipó que con un nuevo proyecto se buscará que se establezca la
"bancarización absoluta de los aportes" lo que permitirá hacer un seguimiento de los fondos. Mejorar los mecanismos de control también es otra deuda pendiente de la política para evitar estas nuevas manchas sobre un tigre con demasiadas rayas.
Los principales puntos de la iniciativa oficial son la bancarización del régimen de aportes; habilitación de aportes de empresas, con topes; registro de proveedores de publicidad en vía pública; combate contra el dinero proveniente de actividades ilícitas mediante la obligación de organismos financieros y de control de informar a la Justicia Electoral y regulación de publicidad oficial y de actos de Gobierno durante el período de campaña, entre otros.
Se pueden tener las mejores leyes, pero si luego no se cumplen y peor aún no se controlan, el problema continuará sin solución.
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