La transparencia, después

Con una reprimenda de mediana intensidad, la Oficina Anticorrupción dio por cerrado el escándalo que involucró al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por no haber evitado la contratación de Sandra Herida, la empleada doméstica de su familia como administrativa y posteriormente como delegada de la filial San Fernando del Sindicado de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) mientras este gremio estuvo intervenido bajo la órbita de la cartera laboral. 

De acuerdo a la resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) con fecha del 25 de abril, Triaca "debió actuar en forma

prudente y no consentir la contratación de Sandra Heredia en el SOMU transmitiendo al

entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso".

De no creer que semejante falta de ética y transparencia por parte de un ministro del gabinete nacional haya sido objeto de tan solo un reproche de la OA. Peor aún es que la resolución del 25 de abril se conozca prácticamente dos semanas después a partir del sitio borderperiodismo. En este caso, sería necesario un reto en voz alta, muy alta a Laura Alonso, titular de esta Oficina porque debió haber dado a conocer la resolución una vez firmada y no esperar dos semanas a que llegue a un sitio periodístico. Todo mal para Triaca y también para Alonso que mantienen actitudes muy lejanas a la supuesta transparencia que declama Cambiemos en contraposición de la etapa oscurantista impregnada por la corrupción kirchnerista. 

Otro capítulo para lamentar en esta historia que tiene a Triaca como protagonista es que el contrato de Heredia en el SOMU salió a la luz luego de haber trascendido el audio de WhatsApp en el que el ministro insultaba y maltrataba a la empleada de la quinta familiar de los Triaca. Poco después el funcionario debió pedir perdón públicamente a la trabajadora en tanto percibía que el "ojo" de la opinión pública se posaba en su propia situación y en la especie de Pyme que había creado con el nombramiento de gran cantidad de sus familiares en cargos públicos. 

A raíz de esta investigación que dejó expuesto a Triaca, en medio de una ola de reclamos para que renuncie al Ministerio de Trabajo, el presidente Mauricio Macri no tuvo más remedio que descomprimir la presión con un decreto antinepotismo que no logró cambiar demasiado las cosas más allá de haber logrado una docena de renuncias, la mayoría ligadas al propio ministro. 

De acuerdo al dictamen de la OA, Triaca "no pudo desconocer que la Sra. Heredia -empleada de su hermano- se había ofrecido o le habían ofrecido ocupar un empleo en un área, si bien no dependiente, fuertemente vinculada a su jurisdicción y, en orden al aludido deber de prudencia, no debió consentir la referida contratación".

Si bien no se aplica ninguna sanción contra el ministro debido a que no está contemplado en la Ley de Etica Pública, la resolución incluye conceptos difíciles de digerir para el funcionario. En tal sentido, sostiene que "en un momento institucional donde la ética y la transparencia se señalan como valores fundamentales de la gestión de gobierno, las autoridades deben no sólo actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio sino proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento, a fin de no debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Además, recomienda a Triaca que "en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción".

Por otra parte, Triaca también fue duramente criticado por su decisión de girar por Europa junto a una comitiva de dirigentes sindicales de sectores considerados más dialoguistas de la CGT con el objetivo de conocer en detalle el modelo sindical de España, Holanda y Alemania y cómo se institucionalizó el diálogo social en esos tres países europeos, en el marco de la iniciativa del macrismo de aislar dentro de la CGT a Hugo y Pablo Moyano. Si ese viaje insumió gastos de 3 millones de pesos que fueron pagados por todos los argentinos -en tiempos donde el ajuste impera como necesario para bajar el déficit fiscal-, lo ideal sería que Triaca presente un informe bien detallado sobre todas las actividades realizadas para evaluar si valió o no la pena ese viaje para los intereses de la Nación o si, todo lo contrario, se trató de una suerte de viaje de fin de curso. 

Por tanto, puede advertirse que el tan promocionado "cambio" que comenzó hace dos años en la Argentina no ha registrado demasiados avances más allá del discurso aunque justo es reconocer como un logro un mecanismo más prolijo y sincero en lo que hace a la contratación de la obra pública.