Por REDACCION
La problemática de la inseguridad en la Argentina es impermeable a las distintas gestiones políticas puesto que mantiene invencibilidad ante los planes de mano dura, blanda o intermedia que intente aplicar cualquier funcionario de turno, prácticamente en todos los niveles de gobierno. A nivel nacional nunca hubo políticas de seguridad consistentes que se sostengan en el tiempo sino más bien de una secuencia de acciones inconexas sin un rumbo determinado. En la provincia de Santa Fe tampoco se ha observado modelos de trabajo que cosechen éxitos sino todo lo contrario, siempre fue detrás de los problemas. Los niveles de violencia alcanzados en Rosario, con las bandas narcos en primer plano, superó cualquier respuesta del aparato de seguridad tanto del Estado nacional como del provincial e incluso del Poder Judicial en conjunto, es decir de Santa Fe y del plano Federal.
Podría afirmarse que la sensación de inseguridad acompaña a los ciudadanos de Rafaela, de la provincia de Santa Fe y de todo el país desde hace décadas. Nadie puede dudar que ocupa siempre un lugar en el podio de las preocupaciones de la gente, junto a la inflación crónica, la pobreza, la falta de empleo (o su versión de trabajo informal) y las recurrentes crisis económicas.
Con estos precedentes, la pandemia del coronavirus y las cuarentenas impuestas en forma obligatoria desde los poderes público no han sido suficientes para frenar la delincuencia, que siempre parece estar en una suerte de temporada alta, aprovechando con mayor o menor nivel de violencia quedarse con el fruto del trabajo de los demás. En este contexto, es difícil digerir aunque no sorprenden las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el showman Sergio Berni, quien reveló en los últimos días uno de los efectos de la crisis económica que se registra en esta anormalidad al señalar que se está deteniendo a personas sin antecedentes penales que sale a robar para sobrevivir.
Lo que dice el funcionario alarma porque el país transita el principio de esa nueva inseguridad asociada a la crisis económica por las sucesivas cuarentenas que no solo perjudica a trabajadores formales sino también a los informales. La imposibilidad de ganarse el alimento de cada día y quedar sin asistencia estatal puede llevar, de la mano de la desesperación, a salir a robar. Esa es la advertencia que lanzó Berni sobre lo que ocurre al menos en el Conurbano bonaerense, pero no deja de ser una señal preocupante para el resto del país.
En la misma línea, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, reconoció que "se está complicando" el problema de la inseguridad luego de una marcada baja de los delitos al inicio del año, y aseguró que se está trabajando particularmente en la prevención de "delitos violentos". La funcionaria nacional sostuvo que el incremento se da en "delitos contra la propiedad y delitos violentos" y señaló que "los homicidios bajaron mucho en abril y comenzaron a subir progresivamente en el mes de mayo".
La titular de la cartera de Seguridad sostuvo que "efectivamente" en el Gobierno están atentos a un aumento de la delincuencia como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia y dijo que "se trabaja para evitarlo". Frederic admitió estar más preocupada por los "delitos violentos" y que ahora la "prioridad es evitarle sufrimiento a las personas" por lo que el Gobierno comenzó a "armar una mesa de trabajo donde podamos prevenir la mayor cantidad de robos con niveles de violencia". Otra vez el Estado detrás de los problemas que fracasa una vez más en su rol de prevenir la delincuencia y que llega tarde a socorrer a los vecinos. La ineficiencia de casi siempre.
En Santa Fe, los resultados no son alentadores ni siquiera con el cambio de gobierno. El modelo de seguridad planteado por las administraciones del Frente Progresista sucumbieron una y otra vez frente al delito tanto en Rosario, como en Santa Fe o Rafaela. Las nuevas autoridades provinciales no hay logrado revertir la ecuación a pesar de que ya cumplieron más de 200 días en sus sillas con poder de decisión, tampoco han demostrado ideas y voluntad para poder traer la promocionada -en términos electorales- consigna de paz y orden para los santafesinos.
Lo que irrita al ciudadano es que en la batalla por el voto los políticos de uno y otro espacio reduzcan la problemática de la inseguridad a una cuestión de marketing electoral con slogans atractivos que funcionan a modo de promesa. Sin embargo, una vez en el poder, no hay funcionario que logre dar respuestas eficientes a las demandas de la población.
Desde Rafaela, el Estado local siempre exigió a la Provincia el envío de más efectivos policiales. Un reclamo que desapareció en los últimos meses cuando los que gobiernan aquí y allí comparten el signo político.
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