Por REDACCION
El edificio de lo que entre 1888 y 1973 fue donde funcionaron los Grandes Almacenes Ripamonti, y desde 1909 en que se agregó la Recova construida frente a la plaza 25 de Mayo para servir de refugio a sus clientes en días de lluvia y destemplados, el 4 de octubre de 1991 fueron declarados de interés municipal y el 24 de marzo del 2000 declarado Monumento Histórico. Es decir, ajustándolo a las condiciones de todo aquello incorporado dentro de la preservación histórica de la ciudad, tal como, por ejemplo el adoquinado de las 228 cuadras que comenzaron a ser reacondicionadas hace ya 16 años, con un importante avance en esta tarea, la que hoy se encuentra afectada justamente en calle Lavalle frente a este Diario.
Desde su cierre han pasado 44 años y el edificio y la Recova continúan allí, en esa céntrica esquina de 9 de Julio y Belgrano, habiéndose registrado durante ese lapso variantes en cuanto a la propiedad del inmueble, originándose una sostenida polémica primero y luego una clara confrontación de intereses, que desembocaron ahora en la firme posibilidad de llegarse a la expropiación para darle un destino final que permita conservar lo que aún se mantiene en pie, avanzando notablemente el deterioro, al extremo de ser un riesgo para los transeúntes que andan por esas veredas.
En 2011 el propietario de este edificio que es patrimonio histórico de Rafaela, Luis Alberto García Cullá, dejando atrás un largo período de aplicación de multas e intimaciones sobre el destino de ese predio, formalizó la presentación de un proyecto para locales comerciales, oficinas, una terraza y espacio público en la planta baja, con un hotel de 8 pisos y 96 habitaciones en la parte superior, conservando la Recova y la fachada del edificio tal cual funcionó desde 1888 -sólo 7 años después de la fundación de la colonia 25 años antes de la declaratoria de ciudad-, pero lo que apareció como una ambiciosa iniciativa fue diluyéndose en la nada, dejando pasar el tiempo sin que se notaran avances de ninguna naturaleza, salvo la colocación de un amplio cartel y algunos pocos trabajos de demolición que ahora dejan a la estructura que queda mucho más expuesta al deterioro causado por los avatares del clima.
Para llegar a la expropiación de esas instalaciones en desuso, se deberán ir sorteando diversas instancias legales, económicas, y también relacionadas con el destino que tendrá ese espacio, al que hay que conservar. El desafío de resolver qué hacer con ese edificio incluida la Recova, es trascendente y deberá ser responsabilidad amplia de la ciudad en su conjunto, partiendo por cierto de sus autoridades ejecutivas y legislativas, pero con la participación de todos o la mayoría de los sectores ciudadanos, ya que antes de la expropiación se tiene que tener resuelto el destino.
Ni bien conocidos estos avances legales hacia la expropiación, han comenzado a correr versiones sobre el futuro destino, algunos con mayores fundamentos, otros no tanto y también unos pocos sin ninguna clase de sustento, aunque todo esto será materia opinable de un gran debate que se requiere sobre el tema, donde parece irse apuntando hacia una conjunción público-privada.
Lo inmediato es disponer de la tasación que fue solicitada a la Cámara Inmobiliaria de Rafaela sobre el valor estimado de esas instalaciones, para de tal modo disponer de un elemento esencial al iniciar el camino de la expropiación, como así también contar con un proyecto para conservar todo lo que se encuentra en pie, el edificio propiamente dicho, la recova, toda la fachada y la parte interior, ya que el deterioro sigue avanzando inexorablemente. Una labor de importancia, pues se necesitan vigas, fundaciones y columnas para el sostenimiento de toda la estructura.
Una de las instancias por resolver, antes de poner en marcha todo este proceso, es contar con los recursos suficientes para la expropiación, incluso con el antecedente conocido que tanto la Nación como la Provincia han anticipado no contar con disponibilidades para este tipo de conservación de patrimonios históricos, en tanto la propia Municipalidad tampoco los posee. Surgiendo de tal manera la alternativa de recurrir al sector privado para que una vez desarrollado todo el procedimiento legal, sea quien intervenga poniendo los recursos, pudiendo luego tener injerencia en el futuro destino de esas instalaciones.
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