Por REDACCION
Como si la Argentina no tuviera suficientes problemas con la recesión que desde hace dos años carga en su espalda como una pesada mochila, y a la que se agregaron la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis socioeconómica como así también la renegociación para postergar pagos de vencimiento de la deuda,
ahora una legisladora nacional lanzó la idea de nacionalizar parcialmente a las empresas privadas que han recibido asistencia financiera del Estado nacional. Es decir, un país caracterizado durante años por un Estado ineficiente, burocrático y con alarmantes índices de corrupción pasaría a tener participación en compañías privadas en el caso de que el proyecto anticipado por la diputada nacional kirchnerista, Fernanda Vallejos, se imponga en un Congreso donde el oficialismo cuenta con mayorías.
Preocupante que legisladores con cargos altamente rentables a partir de los impuestos de los contribuyentes aproveche su tiempo en la función pública para avanzar sobre el derecho de la propiedad privada y en un escenario de profunda crisis donde el orden establecido cruje ante los cambios que impone el coronavirus y las medidas dispuestas por los gobiernos para desacelerar la velocidad de contagios y dar tiempo a los sistemas de salud para prepararse para la batalla, que a todo esto ya está en pleno desarrollo.
Vallejos, que preside la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, advirtió que la ayuda estatal debe tener ciertos límites vinculados con el comportamiento de los sectores que piden asistencia. Tal como publicó el sitio especializado Parlamentario.com, la legisladora anticipó a través de una serie de tuits lo que define como “un criterio básico de exclusión” que consistiría en “negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”. Además, le apuntó a los grandes grupos económicos que gestionan asistencia del Estado para paliar los efectos negativos de la situación derivada por la cuarentena y la parálisis de la actividad económica. Según deslizó la diputada nacional, si el Gobierno nacional otorga subsidios a esos sectores “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.
Incluso el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a un eventual proyecto sobre una participación del Estado en las empresas a las que ayuda por la pandemia. A contramano, las organizaciones empresarias cuestionaron a coro la propuesta al igual que los sectores de la oposición. Quizás por esta firme reacción, Vallejos pareció dar un paso atrás en el marco del incipiente debate al sostener que "cuando planteé la idea, no pensé en presentar un proyecto, sino en hacer un aporte, por eso lo expresé como idea y en potencial", lo que permite deducir que la iniciativa pierde fuerza. Quizás fue un globo de ensayo a modo de prueba para medir reacciones, lo que no quiere decir que se abandone definitivamente.
Los diputados de la Unión Cívica Radical calificaron como "una locura populista" al proyecto de la legisladora del kirchnerismo que propone que el Estado se quede con parte de las empresas a las que están brindado ayuda financiera para pagar salarios en el marco de la pandemia. Directamente manifestaron que no es posible que el Gobierno, aprovechando el estado de necesidad de las empresas, intente quedarse con su paquete accionario a cambio de ayuda y alertaron que "con esta medida de tomar por asalto a las compañías, el Gobierno comienza a señalizar la autopista que nos conduce a Venezuela", lo que renueva la figura de la grieta que configura dos Argentinas.
El diputado radical por Mendoza, Luis Petri, lo sintentizó en una frase al señalar que "el Gobierno, que por razones sanitarias obliga a las empresas a cerrar sus puertas, ahora busca apropiárselas cuando les ofrece ayuda para mantenerlas a flote, es psicótico". En la misma línea, el diputado Ricardo Buryaile denunció que "con la plata de todos los argentinos, buscan extorsionar al sector privado con créditos subsidiados a través de los impuestos que pagamos todos, para lograr cargos de directores para los militantes en empresas asfixiadas por la crisis".
La "idea" de Vallejos puso a prueba el presunto armisticio dialéctico o tregua política que pareciera entre oficialistas y opositores mientras exista el estado excepcional por pandemia y levantó polvareda en los campamentos de la oposición. El dirigente de la UCR Alvaro de Lamadrid también hizo referencia en forma indirecta al populismo que volvió al Gobierno al expresar: "Reforma Agraria, Reforma Judicial, Ciberpatrullaje, Junta Nacional de Granos y ahora esté proyecto que implica ni más ni menos que expropiaciones. El coronavirus acelera el vamos por todo. Esto es un disparate". La titular del PRO, Patricia Bullrich, no fue menos en sus críticas al vincular al propio Presidente con la iniciativa de Vallejos. Por ahora la historia recién está en su introducción y nada está decidido aún, puesto que falta el desarrollo y el desenlace.
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