La destrucción ambiental

Por REDACCION

La historia de la ruina política y económica de Venezuela, que llegó a ser uno de los países más ricos de América Latina, es ahora bien conocida, pero no se sabe demasiado acerca de los impactos que provocó esa crisis en el medio ambiente del país.

Es tan preocupante, que se necesita una acción internacional urgente, tanto para estabilizar la caída que se viene registrando desde hace varios años, como para reconstruir las instituciones ambientalistas.

Un principio de solución a semejante problemática, se establecería a partir de la agenda que se tratará en el marco de la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a realizarse en Nairobi y que proporcionaría una serie de medidas para revertir la difícil situación.

Está claro que el desmantelamiento de las entidades ambientales de Venezuela y el colapso de su sector petrolero generaron en los últimos tiempos, como una lógica consecuencia, una reacción en cadena de extracción insostenible de recursos naturales.

Hoy no puede ocultarse que el acaparamiento ilegal de tierras, la deforestación y una fiebre del oro fuera de control en las áreas protegidas de la selva tropical provocaron una especie de tormenta perfecta que combina la degradación ambiental con una crisis humanitaria sin precedentes.

En ese sentido, los estudios que se llevaron a cabo aseguran que las cargas masivas de sedimentos de la minería hoy están diezmando los embalses y la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, en tanto que el mercurio de la extracción de oro contamina los ríos y enferma a las personas.

Venezuela, considerado hasta no demasiado tiempo atrás entre los países con mayor biodiversidad del mundo, fue pionero en políticas sostenibles, pero a partir de 1999, el gobierno de Hugo Chávez fue desmantelando de manera sistemática las protecciones ambientales del país, a pesar de una retórica progresista y pro-indígena que siempre proclamó.

Desde entonces, el llamado "eco-socialismo" reemplazó a las instituciones en funcionamiento, provocando una avalancha de desastres ecológicos que se burlaron de los compromisos que había asumido Venezuela durante el trascendente acuerdo de París.

La devastación se aceleró desde el mandato de Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, según certifican diferentes organismos ecológicos internacionales.

Maduro supervisó el desmoronamiento total de Petróleos de Venezuela, la hasta entonces poderosa compañía estatal, a tal punto que los ingresos legales de PDVSA por las exportaciones de petróleo se desplomaron de un modo inadmisible.

De 73.000 millones de dólares en 2011, pasaron a $22.000 millones en 2016 y a solamente 743 millones en 2020.

La industria petrolera venezolana, totalmente deteriorada, ya no reporta más emisiones, pero diariamente se agregan enormes cantidades de metano y dióxido de carbono a la carga climática global.

A ello debe agregarse que la falta de mantenimiento de la infraestructura provoca derrames masivos de crudo y contaminantes que no se pueden remediar, al menos en las actuales circunstancias y en el corto plazo.

A raíz de esa dificultad, los entornos costeros, marinos y terrestres en estado crítico se ven gravemente afectados, y llevaron a las regiones productoras de petróleo más importantes, como las del lago de Maracaibo y el río Orinoco, a mostrar un estado de contaminación incontrolable.

Maduro recurrió en el año 2016 al saqueo de los vastos recursos minerales del país como un salvavidas para enriquecer a la élite del gobierno.

Ese ecosistema de selva tropical único y rico en biodiversidad, también contiene reservas de coltán, hierro, bauxita, diamantes y oro.

La práctica de la minería ilegal, la tala y la recolección de leña representaron una de las tasas de deforestación más altas en toda la América tropical.

Un informe elaborado en 2018 y el mapa de la huella minera de SOSOrinoco colocan a Venezuela en la parte superior de la lista de países amazónicos con el mayor número de minas ilegales.

Es tan significativo el dato, que se detectaron cientos de sectores mineros, incluidos 59 conglomerados ilegales de oro en el Parque Nacional Canaima, sitio que fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Los mismos son explotados por grupos estatales y no estatales, que promueven la violencia, el trabajo esclavo e infantil, la prostitución y la desintegración de las estructuras sociales indígenas.

Mientras tanto, los grupos ambientalistas y de derechos humanos venezolanos siguen alzando sus voces, pero nadie parece estar prestando atención. Ni las organizaciones ambientales internacionales se hicieron eco, por lo que las decisiones que podrían adoptarse en Nairobi, serían fundamentales para empezar a cambiar una tendencia lamentablemente arraigada.