Justicia, operaciones y relatos

Por REDACCION

Para el ciudadano común a veces se torna complejo hacer una lectura correcta de los juegos del poder, de las tensiones de la alta política y de los intereses que asoman en la superficie pero que también se ocultan en los pliegues de la grieta tan insoportable que echó raíces en la Argentina y en la que todos actúan sin escrúpulos siguiendo aquella frase que la historia adjudica al pensador italiano Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. 

Desde un lado de esa maldita división que atraviesa la sociedad desde arriba hacia abajo, consideran que las causas contra los principales referentes del kirchnerismo no son otra cosa que la expresión de una estrategia de sectores dominantes, medios y justicia. Pero la mirada es muy distinta desde los espacios opositores al kirchnerismo, al que acusan de haber corrompido hasta niveles inaceptables tanto la política como al Estado y que por tanto no hay una persecución judicial sino que solo se trata de una pretensión republicana de hacer cumplir la ley, de llevar a la práctica eso de que el que las hace, las paga. Así, los corruptos deben estar presos para hacer justicia, pero al mismo tiempo como advertencia para desterrar a los que ponen la mano en la lata en beneficio propio, como se dice popularmente. 

Si la justicia hiciera bien su tarea, si los fiscales y jueces se ocuparían con responsabilidad, eficiencia y honestidad de investigar a la política en tiempos razonables, entonces el sistema de poder avanzaría hacia un saludable y necesario saneamiento.   

Ahora bien, ¿a quién creerle? ¿Tomamos posición por un lado u otro de la grieta sin evaluar lo que sucede en todo el escenario? ¿Nos alineamos rápidamente del lado en el que están aquellos que creemos son los buenos en esta película de la Argentina y del mismo modo condenamos y rechazamos a quienes quedaron en frente? No hay que perder de vista que a veces asoman cuestiones que nos ponen en crisis, que nos descolocan y ponen en duda el conjunto de creencias a las que nos aferramos. 

Veamos un ejemplo hasta donde son capaces de llegar algunos en el juego del poder. El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó la semana pasada a tres años de prisión condicional a los dos testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la quinta presidencial de Olivos a finales de 2015, luego de que admitieran que mintieron y firmaran un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía. El acuerdo, en el que Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino admitieron haber cometido el delito de "falso testimonio agravado" al haber declarado bajo juramento de verdad que vieron al magistrado en Olivos, fue homologado por el juez del TOF 3 Andres Basso, quien además los condenó a "inhabilitación absoluta” por 6 años.

Corizzo era empleado de ANSES y Scozzino era chofer de la Presidencia cuando en 2016 declararon ante la justicia que, en una visita a la quinta de Olivos, habían visto al juez Casanello, durante la presidencia de Cristina Krichner y en pleno trámite de la causa por supuesto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. A raíz de ese episodio, el empresario Báez había intentado sin éxito recusar a Casanello para apartarlo del caso en 2016; mientras que en una investigación posterior se comprobó que el juez Casanello nunca estuvo en Olivos y ambos hombres quedaron procesados por un delito que prevé hasta diez años de prisión.

En uno de los párrafos más trascendentes del fallo, el juez remarcó que el falso testimonio cometido por Corizzo y Scozzino no solo se cometió en el marco de una causa penal y en perjuicio de un juez de la Nación, sino que, además, persiguió la finalidad de generar suspicacias en torno a su legítima intervención como juez natural de un proceso, de evidente trascendencia pública, que tramitaba ante el juzgado a su cargo. Además, consideró que este tipo de conductas, amplificada por la concurrencia de los eventuales interesados a los medios de prensa, afectan especialmente a las instituciones de la República, máxime cuando, como en el caso, pretenden instalar, a partir de un embuste, un sentimiento de sospecha acerca del funcionamiento de los poderes públicos, socavando la confianza de la comunidad toda acerca de un factor trascendental, como es la probidad de los miembros que los conforman. 

¿Por qué dos ciudadanos se involucraron en una causa judicial sosteniendo como testigos una denuncia y tiempo después reconocen haber mentido? ¿Hay operadores políticos actuando en las sombras? Si es así, ¿quiénes son? Este caso que no es medular para la historia argentina revela que todo es posible en el arte de la política y del engaño. Y que desde nuestra posición es difícil descubrir quienes son los buenos y quienes los malos en un país lleno de relatos contrapuestos.