Por REDACCION
La cadena de pagos en las actividades del comercio y la industria ingresaron en una zona de alto estrés en la Argentina de la mano de la crisis económica y de una recesión que golpea a la mayoría de las actividades productivas. Cuando una empresa sufre una fuerte caída en sus ingresos por los servicios que presta o bienes que comercializa, tendrá serias dificultades para cumplir con sus compromisos ante el personal, los proveedores y el pago de deudas o créditos que pudo haber tomado, por ejemplo, para comprar tecnología, construir un nuevo galpón o una ampliación menos ambiciosa. Lo que sea, esa compañía buscará sobrevivir ante las tempestades de la mejor manera posible, pero a veces no contará con los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.
El instrumento del cheque, una orden de pago con una determinada suma de dinero que debe ser pagado contra presentación del cheque en cajas de los bancos, es una variable que permite radiografiar lo que sucede con la cadena de pagos. El último dato disponible es que en agosto la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos ascendió a algo más de $ 4.500 millones, lo que representa el 1,2% del total de dinero que pasó por la cámara compensadora durante el período, de acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina. La cifra, si bien es menor que en julio último cuando fue de $ 4.400 millones, representa el doble del registrado en agosto de 2017, cuando alcanzó los $ 2.250 millones.
Así, este instrumento de pago generalmente diferido pierde algo de fortaleza en la actividad comercial. En el nuevo escenario donde reina la desconfianza, las empresas que aceptan este medio ahora no liberan inmediatamente el crédito a sus clientes sino que optan por esperar a hacerse efectivamente del dinero. El temor a acumular cheques incobrables vuelven desconfiadas a las organizaciones porque, está claro, está en juego su propia salud financiera.
Que se resienta la cadena de pagos es una variable que refleja el estado de la economía nacional. Otro tiene que ver con la situación de las empresas. Un reciente informe de la Unión Industrial de Santa Fe advierte que hasta septiembre de este año hubo en la Provincia 210 procedimientos preventivos de crisis entre aquellos que están con acuerdo (del Estado y de los gremios, sin acuerdo y en trámite). El reporte detalla que 101 son procedimientos nuevos correspondientes a este 2018 en tanto que se pidieron 109 prórrogas de expedientes que se habían iniciado en años anteriores.
Otro indicador alarmante ligado a este deterioro de las organizaciones industriales santafesinas es que los 210 procedimientos preventivos de crisis comprenden a un total de 16 mil trabajadores, que saben perfectamente que su fuente de empleo está en peligro y que la amenaza de pasar a ser un desocupado es real. Si bien mientras las empresas mantengan el acuerdo no pueden despedir, eso no significa que se implementen reducción de jornadas laborales y por consiguiente de salarios y la interrupción en el pago de las cargas sociales, entre otros conceptos.
En este contexto se entienden las declaraciones del presidente del banco Santander Río, Enrique Cristofani, quien afirmó que "en este momento de recesión" que atraviesa la Argentina, se debe "tratar de cuidar los empleos".
En esta misma línea se inscribe la decisión del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región de convocar a representantes de la Municipalidad, el Concejo, la CGT Regional y de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia en la ciudad. El objetivo de este encuentro que se realizó hace algo más de una semana fue el de monitorear la evolución de los indicadores de empleo en la ciudad debido a que preocupa a todos los sectores las escasas expectativas de revertir la recesión, en los próximos meses. Es decir, si bien hasta ahora no hubo conflictos laborales masivos, nadie puede dar garantías del escenario que pueda darse a fin de año o en los meses de verano del próximo año de continuar el achicamiento de la economía, que incluye caída del consumo, tasas de interés elevadas que cierran el financiamiento a las industrias y al comercio, alta inflación y excesivos aumentos de tarifas.
Para destacar es que más allá de los diferentes intereses que representan, los actores institucionales ligados al mundo del trabajo en la ciudad mantengan canales de diálogo. En este marco, se remarcó que la mayoría de las empresas hace el mayor esfuerzo por sostener los puestos de trabajo pero que a medida que transcurre el tiempo se van quedando sin las herramientas alternativas al despido, una realidad inquietante. Al menos se dejó en claro en forma unánime la voluntad de generar mecanismos de contención social y maximizar la comunicación entre los diferentes actores ante cualquier señal de alarma.
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