Por REDACCION
La corrupción constituye uno de los males crónicos de la democracia argentina, que permite a determinados funcionarios abandonar cargos en la administración pública con un patrimonio significativamente mayor al que tenían antes de desempeñarse en la órbita del Estado, en cualquiera de sus niveles. La justicia no ha tenido hasta el momento una respuesta satisfactoria para investigar y condenare a los corruptos, a excepción de algunos pocos casos. Ni los jueces federales ni siquiera la Corte Suprema de Justicia muestran una actitud proactiva para perseguir a los criminales que se adueñan de los recursos de los ciudadanos con total impunidad, cuando en realidad se espera una sanción ejemplar para estos delincuentes. Algo así como un mensaje contundente sobre el que las hace, las paga como consagra un popular refrán de tradición oral. Pero en la Argentina la mayoría de quienes se corrompen no suelen pagarlas.
En un intento por depurar del sistema de participación política de aquellos dirigentes con antecedentes penales o condenas, un movimiento ciudadano impulsa desde el año pasado lo que se conoce como "ficha limpia" con el objetivo de lograr un crecimiento institucional del país a partir de elevar los estándares de calidad de las listas electorales. Incluso lograron más de 360 mil firmas en la plataforma Change.org para que los legisladores acepten tratar una iniciativa de este tipo.
En el Congreso de la Nación hay al menos 15 proyectos de la oposición que esperan por su tratamiento en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aunque el oficialismo procura dilatar cualquier debate sobre el tema. Ficha Limpia es la figura con la que se definen los requisitos obligatorios para ser candidato a cualquier cargo de elección por voto democrático.
Al plantear su posición en la previa de la comisión, la diputada nacional de la UCR por Córdoba, Brenda Austin recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede, lo que significa una violación al principio de idoneidad y de igualdad. De todos modos, el oficialista Pablo González, que preside la Comisión, pidió a sus asesores trabajar para unificar los 15 proyectos con lo que evitó retrasar el dictamen y de que el polémico tema llegue al recinto de sesiones. Cabe recordar que una propuesta similar no pudo ser tratada en el 2019 por falta de quorum.
Chubut se transformó días pasados en la primera provincia argentina en incorporar el régimen de Ficha Limpia, lo que impide a condenados en segunda instancia postularse a cargos electivos. Además, un proyecto similar cuenta con media sanción en Mendoza, que la convertiría en ley en las próximas semanas.
Según el diario Jornada, en Chubut la ley fue aprobada en forma unánime establece que las personas con una condena confirmada en segunda instancia queden inhabilitados para ser candidatos a cargos públicos. Es una modificación de la ley orgánica de los partidos políticos, a la cual se le agregó un artículo, el 66 bis, que prevé de ahora en más, entre los casos en los que proceden las inhabilitaciones para que las personas accedan a cargos partidarios y electivos, aquellos en los que se encuentren condenados por delitos como fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito, entre otros. "No es una ley contra nadie sino a favor de la sociedad, ya que de esta manera nadie podrá refugiarse en los fueros parlamentarios como una estrategia para escabullirse de la Justicia" dijo el vicegobernador chubutense Ricardo Sastre al sintetizar el espíritu de la norma.
En Santa Fe, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola presentó recientemente un proyecto de Ficha Limpia para que no se puedan presentar a cargos electivos personas que tengan condenas por hechos de corrupción, contra la libertad e integridad sexual y adeuden la cuota alimentaria de sus hijos. La iniciativa ya comenzó a sumar adhesiones de concejales, como en la ciudad de Santa Fe y en Sastre.
En Córdoba se encuentran proyectos similares tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo Deliberante de la ciudad capital. En el texto se propone incorporar al Código de Ética Municipal dos artículos que, de aprobarse, prohibirían presentarse como candidato a un cargo electivo en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba a quien se encuentre condenado –aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso– por los delitos contra la administración pública y por los delitos contra el orden económico y financiero, según consignó el diario La Voz.
En países como Brasil, también impide candidatearse a cargos públicos a personas que hayan atravesado un impeachment o renunciado para evitar un juicio político, en una medida de combate a la corrupción.
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