España debate sobre eutanasia

Mientras en la Argentina levanta vuelo, nuevamente, el debate en torno al proyecto para legalizar el aborto, a nivel mundial otras iniciativas que involucran la vida de las personas ocupan el centro de la discusión pública. En efecto, el Parlamento español comenzó a debatir por tercera vez en dos años una ley para legalizar la eutanasia, que tiene apoyo suficiente para salir adelante pese a la oposición ideológica que plantean los conservadores del Partido Popular y ultraderechistas de Vox. La Iglesia católica también se resiste a esta iniciativa, contraria a sus fundamentos dogmáticos.

Si la norma es aprobada -un tramite que llevará varios meses- convertirá a España en el sexto país del mundo y el cuarto de Europa en el que estará permitido poner fin a la vida con la asistencia de un profesional de la salud en caso de enfermedad incurable, grave, crónica o que provoca invalidez. Holanda, en 2002, seguida de Bélgica y Luxemburgo, fueron los países pioneros en Europa en legalizar la eutanasia, un derecho también reconocido en Canadá y Colombia, el único país de Latinoamérica.

En otros países como Suiza, Alemania, Austria, Dinamarca o Suecia existe la eutanasia pasiva o el suicidio asistido, que implica abandonar un tratamiento médico del paciente con su consentimiento para precipitar su muerte.

Actualmente, en España está permitida la sedación terminal o "paliativa", pero la eutanasia sigue siendo un delito.

La ley que presentó el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ofrece una "respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista" a la demanda de la eutanasia, estableciendo condiciones y controles médicos, y también contempla la posibilidad de objeción de conciencia por parte de los médicos. El líder socialista Pedro Sánchez llevó el proyecto de regulación de la eutanasia al Congreso de los Diputados de España tras asumir en junio de 2018, y después de ganar los comicios de abril de 2019, pero en ambos casos la iniciativa se cayó debido a los anticipos electorales. Y desde su gobierno se destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo del 80 por ciento de la ciudadanía, según los sondeos de opinión.

Con motivo del inicio de la discusión, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, dijo que "provocar la muerte de manera activa, nunca es una buena solución", recordado -así- el rechazó de la Iglesia a la regulación de la eutanasia e insistiendo en la defensa de los cuidados paliativos como forma de hacer frente a las enfermedades incurables.

El diario español La Sexta repasó cuáles son las claves de esta Ley Orgánica de Regulación de la eutanasia. ¿Quién puede solicitarla? En primer lugar, será el propio paciente el que tenga que solicitar la eutanasia, de forma libre, voluntaria y consciente. No podrá hacerlo ningún familiar, ni padres, ni hijos ni cónyuges. ¿En qué supuestos? El paciente tendrá que ser siempre mayor de edad y tener una enfermedad grave, crónica e invalidante, o una enfermedad incurable con pronóstico de vida limitado. En caso de arrepentirse en cualquier momento del proceso puede desechar la solicitud. Desde las asociaciones denuncian que se quedan fuera del amparo de la ley, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas.

En relación a cómo se puede solicitar la aplicación de la eutanasia, el primer paso comienza con el médico del paciente, tendrá que formularle dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito. Entre una y otra pasarán al menos 15 días. La ley recoge la excepción de que si la muerte o la pérdida de capacidad para otorgar consentimiento es inminente se pueda acelerar el proceso. En el resto de casos el período mínimo desde que se solicita hasta que pueda llevarse a cabo será de 32 días. ¿Cómo se evaluará? Serán dos médicos independientes los que evalúen al paciente pero también habrá una comisión de control y evaluación que hará una nueva valoración. Esta comisión la designará el gobierno de cada comunidad autónoma, lo que ha generado cierta polémica. En el caso de la comisión deniegue la solicitud podrá ser recurrida.

En cuanto al procedimiento, en los casos en los que se apruebe, hay dos modalidades. Puede ser un profesional sanitario el que la lleve a cabo pero la ley también recoge la opción de que un médico prescriba una sustancia que el paciente pueda autoadministrarse en un hospital público, en uno privado, o en casa. Otro punto incluido en el proyecto es que los médicos podrán acogerse a la objeción de conciencia si lo desean. También se hace referencia a la despenalización y confidencialidad: se modificará el Código Penal para no castigar a los profesionales que la lleven a cabo y los centros sanitarios asegurarán siempre la intimidad de las personas.

Desde el Gobierno español se defiende el proyecto con el argumento del derecho a la muerte digna y evitar el sufrimiento de los enfermos, en tanto los partidos que se oponen acusan a sus impulsores de buscar un ahorro de dinero en la salud pública a través de un recorte.