Empleo “en negro”

Casi a diario, el Gobierno destaca las bondades del “modelo”, y garantiza que continuará profundizando el camino iniciado allá por el 2003. Sin embargo, a ocho años de ese momento, algunas cosas han cambiado muy poco en el país. Y una de ellas es la informalidad laboral.

Según las recientes estadísticas difundidas por el INDEC, alrededor de 4,17 millones de asalariados, el 34,3 por ciento del total de empleados dependientes, trabajan en forma irregular, sin aportes a la seguridad social.

Los datos surgen de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre del año. El índice es similar al del período previo, cuando la informalidad había sido del 34,5%, y levemente inferior al correspondiente al mismo trimestre de 2010, ya que la tasa era entonces del 35,8 por ciento.

Siempre de acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos, el problema se presenta con mayor gravedad en las provincias del norte del país. La región con el mayor índice de trabajadores sin acceso a los derechos de la seguridad social es el Nordeste, con un índice del 41,5%. Le sigue el Noroeste, donde 40,8 de cada 100 asalariados está en negro.

En las provincias cuyanas, en tanto, el índice de trabajadores sin aportes resultó del 36,1%, en tanto que en la región pampeana fue del 31,7% y en la Patagonia, del 22,1 por ciento.

En el área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense) el índice de informales se ubicó en el 34,3%. Si se miran los datos en forma desagregada, sin embargo, la diferencia es significativa: en la Capital Federal el índice fue del 25,9%, mientras que en el conurbano resultó del 37,3 por ciento.

En cuanto a Santa Fe, un informe del INDEC de mediados de año reflejaba un aumento fuerte en el empleo “en negro” en el interior provincial, es decir, en todas las localidades excepto la Capital y Rosario.

Así, mientras en Rosario la cantidad de empleados sin aportes era del 33,2%, y en la ciudad de Santa Fe era del 37%, en el resto de la provincia ascendía al 45,3%. Esto hace que el promedio sea más elevado “por el peso que estadísticamente tiene el resto”, indica el texto oficial.

La situación más complicada se da entre las mujeres. En el interior santafesino, el porcentaje de personal femenino “en negro” ascendía al 51,1%, en tanto que en las dos localidades más pobladas llegaba al 38,5%. Para explicar a qué se debe esto, hay que relacionar directamente el sexo del trabajador con la tarea que realiza: uno de los motivos se debe a que muchas trabajan en el servicio doméstico donde el nivel del registro laboral es bajísimo. Esta tendencia, cabe aclarar, también se produce en el resto del país.

A veces, los números, más que exponer la realidad, la esconden. Porque se pierde de vista que detrás de los guarismos, hay cientos de miles de personas de carne y hueso con necesidades básicas insatisfechas. Por eso es importante dejar en claro el impacto de las estadísticas: una de cada dos santafesinas asalariadas no tienen obra social ni aseguradora de riesgos de trabajo y, hacia el futuro, no tendrá derecho a jubilarse.

Las mujeres también padecen problemas para conseguir trabajo. De hecho, mientras entre la población femenina de hasta 29 años el índice de desempleo llega al 17%, entre los varones de esa edad, el 12,5% de los que quieren trabajar y buscan activamente hacerlo no encuentran un puesto. Más allá de la edad, el desempleo es mayor entre las mujeres (8,6%) que entre los varones (6,2 por ciento).

Volviendo al tema del empleo “en negro”, es innegable que el índice de informalidad tuvo una caída importante en los últimos nueve años. Pero no fue sólo por la creación de puestos en blanco. También incidió un pequeño “truco” del INDEC, que consideraba ocupados a los beneficiarios de planes sociales que hacían alguna contraprestación y los consideraba asalariados informales.

Está claro que no hay un único responsable de la situación. El empresario aporta su cuota, no menor teniendo en cuenta que es quien decide el modo en el que se incorpora al personal. En algunos casos, los gremios hacen la “vista gorda”. Pero es el Gobierno el que puede promover un cambio rotundo, impidiendo que el sistema se autogestione y cumpliendo con eficaces y eficientes controles. El hecho que no lo haya hecho en los últimos 9 años, con el país creciendo de forma sostenida, deja en claro que hay una profunda falencia estructural. Y que no parece haber mucho interés en resolverla.