Por REDACCION
En la Argentina, la inseguridad y la inflación junto a la problemática del empleo o desocupación continúan inamovibles en el podio de las preocupaciones y temores de la gente. En este contexto, es necesario alimentar el debate de qué es lo que hace el Estado con la plata de los impuestos que muchos argentinos pagan, incluso a costa de desfinanciar su propia heladera familiar, lo cual no es poco.
Inevitablemente, el análisis debe comenzar con la decisión del jefe de Estado, Mauricio Macri de firmar un decreto contra el nepotismo, es decir que prohíbe las designaciones en el sector público nacional de "parientes hasta en segundo grado, incluidos cónyuges y uniones convivenciales" tanto del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y funcionarios con rango de ministros.
La coyuntura en el que se concibió ese decreto fue el escándalo protagonizado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a partir de las denuncias de su empleada doméstica, quien dijo haber sido despedida tras desarrollar sus actividades sin estar registrada pero además haber sido designada como interventora en un sindicado en conflicto.
El alboroto público en torno a la figura de Triaca fue de tan magnitud que Macri no tuvo otra salida más que conceder un gesto de republicanismo y decencia: avanzar contra el nepotismo, un concepto que hace referencia al "trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos".
La sociedad aplaudió esta medida del Gobierno nacional como una señal positiva, aunque en la práctica su implementación no afectaba más de 40 cargos. Si bien la norma otorga a los familiares plazo hasta el 28 de febrero para desvincularse, al menos una docena -varios vinculados al propio Triaca- ya dieron un paso al costado en tanto que otros permanecen en una zona gris. Será positivo que desde el espacio Cambiemos entregue, una vez vencido este plazo, el resultado de la aplicación del decreto y si todos se ajustaron a su disposición.
Sin embargo, ese gesto de Macri se diluyó entre los festejos de carnaval y el eco ya es lejano. La sensación del ciudadano común es que la política gasta mucha, pero mucha plata, en mantener a familiares de gobernadores y funcionarios con nombramientos innecesarios que aumentan la burocracia y el costo del Estado. La vieja y tan cuestionada fórmula de aumentar la planta de ñoquis, que curiosamente ocurre cuando desde el propio Gobierno nacional se ajusta en distintos organismos estatales con cesantías y despidos para reducir el gasto público. Contradicciones.
En la sombra de decretos que difícilmente ganen la luz se ocultan designaciones de todo tipo para pagar, muchas veces, favores políticos o bien financiar un clan familiar para rentabilizar al máximo el paso por la función pública.
En este laberinto del Estado, muy gris por cierto, queda pendiente alumbrar sobre lo que sucede en los ámbitos legislativos. El Congreso de la Nación, la Legislatura de Santa Fe y en este caso exceptuamos el Concejo Municipal de Rafaela ya que los cargos políticos prácticamente se reducen al nombramiento de un secretario por concejal.
Pero en esta Argentina ningún ciudadano sabe cuántos asesores les paga con su dinero a la vicepresidenta Gabriela Michetti o a los diputados y senadores por Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Nadie sabe cuántos nombramientos realiza en la planta política de la Cámara de Diputados de Santa Fe el ex gobernador, Antonio Bonfatti o, en la otra vereda, los diputados provinciales Roberto Mirabella del PJ o Federico Angelini de Cambiemos. Hay una "cofradía" que funciona más o menos bajo el popular refrán "entre bomberos no nos pisemos la manguera".
Alguien alguna vez debería informar públicamente en, en estos modernos esquemas de "gobierno abierto", el listado de cada asesor de cada legislador, qué hace realmente y cuánto cobra. Así de simple. ¿Es tan difícil?
En Rafaela, destacada a nivel nacional por su ejemplar y pionera ordenanza contra el nepotismo que data del 2012, ocurre algo a menor escala pero que no deja de ser una falta de transparencia en los pliegues del gabinete local. No está luz suficiente sobre todas las designaciones del Intendente, obligaciones y salarios de quienes integran "el equipo".
El ciudadano común, que se horroriza ante el escándalo Triaca y saber que tenía al menos seis familiares en el Gobierno, está resignado a soportar esa sobrecarga política del Estado que se traduce en la falta de inversión en obras o políticas sociales puesto que el dinero se gasta en pagar suculentos sueldos a asesores en lugar de construir jardines, escuelas, hospitales o rutas. A nadie le causa gracia que otros hayan encontrado la fórmula para vivir en base a las costillas de los otros. Es ese Estado como botín de guerra de la política. El que gana las elecciones se apropia del Estado para sacar provecho personal y no tanto para mejorar el bienestar de la población en general.
Esta sí es una verdadera grieta entre la política y la gente común.
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