El Estado socio del campo

Por REDACCION

Más allá de las quejas de los productores agropecuarios por la sobrecarga impositiva, que también afecta a otros sectores de la economía, el Estado se queda con buena parte del dinero que genera el campo argentino. Generalmente ha sido así y ahora no es la excepción, todo lo contrario pues se ha acentuado la participación del Estado en la renta agropecuaria al subir al 62,6% en marzo, según un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Es lo que representan los distintos impuestos que se aplican a la cadena agrícola, que en diciembre representaban el 59,2%.

De esta forma, de cada 100 pesos de renta generados a través de una hectárea, 62,60 pesos se los lleva el Estado o reasigna con sus políticas. El índice de marzo es 3,4 puntos porcentuales más alto que el de diciembre. Este nueva relación se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes, baja del precio disponible del trigo, y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía según sostuvo David Miazzo, economista jefe de FADA.

El informe realiza la medición nacional haciendo un promedio ponderado de cultivos. También analiza cada grano, que en esta ocasión demostró que la participación del Estado en soja es del 66,9%, maíz 52,3%, trigo 70,9% y girasol 46,6%. La participación del Estado se presenta en distintos niveles y con diferentes tipos de coparticipación. Según FADA, con frecuencia se cuestiona el federalismo fiscal del modelo impositivo argentino: la mayoría de los impuestos a los que se somete al sector agrícola son nacionales no coparticipables, mientras que esta actividad productiva por definición es federal y está muy arraigada a las regiones. 

El principal tributo nacional no coparticipable son los derechos de exportación, que impactan negativamente en el federalismo por tres vías. La primera es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación, la segunda es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las Ganancias, y la tercera es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación. Por otro lado, es usual que en la medición de marzo aumente la participación de los impuestos municipales y provinciales, respecto de diciembre porque son, principalmente, tributos fijos que se actualizan a comienzos de año. En una economía con los niveles de devaluación que tenemos, estos impuestos, al ser fijos, se terminan licuando a medida que avanza el año, aclaran desde FADA. Un dato que dio la Fundación es que en el último año, el valor del gasoil evolucionó por debajo de la inflación y el dólar, lo que ha colaborado a mantener con actualizaciones bajas los costos de flete y labores.

Pese al escenario imprevisible de la economía nacional y la elevada presión impositiva, a lo que se suma el clima y su impredecibilidad, el campo continúa siendo negocio más en estos días con precios en alza en los mercados internacionales. Por eso se entiende que un 71% de los empresarios agropecuarios consultados manifestó intenciones de realizar inversiones este año, aunque esa proporción baja al 28% en lo que respecta a mejorar la capacidad productiva o la eficiencia, según un sondeo realizado por el movimiento CREA. Las inversiones serán destinadas mayoritariamente a mantenimiento (alambrados y corrales), y equipos y maquinaria agrícola concluye la encuesta que comprendió más de 1.100 empresarios rurales. 

Por contrapartida, las economías regionales carecen de mano de obra para encarar las cosechas, porque los potenciales trabajadores temen perder los planes sociales si son contratados, según advirtió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esta situación ya comenzó a ocasionar la pérdida de cosechas en distintos puntos del país, alertó la entidad que también lamentó la falta de respuestas del ministro de Agricultura, Luis Basterra. 

CAME insiste en que los productores mencionan que el temor a perder los planes sociales le quita incentivo a las tareas que requieren las economías regionales. Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad.

Las economías regionales emplean cerca del 70% de la mano de obra rural, con unos 625.000 trabajadores temporarios en cosecha, número que es inferior en esta temporada. Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el blanqueo implica la baja automática de los beneficios. Se trata de situaciones incomprensibles de un país inviable de continuar estas políticas.