Por REDACCION
Argentina no cambia más, ni siquiera es capaz de aprender de sus propios errores e incluso está dispuesta a tropezar una y otra vez con la misma piedra. No hay hogar, institución, municipio, provincia o nación que pueda vivir todo el tiempo cuando sus gastos son superiores a sus ingresos. Nunca en el país se utiliza la herramienta del crédito para financiar el crecimiento sino más bien para pagar los gastos.
Como un deudor incorregible, nuestro país sale al mercado de capitales en busca de fondos y no tiene otro remedio que pagar tasas elevadas para que alguien le preste. Claro, los dueños del dinero sobrecargan de intereses los préstamos que nos otorgan porque enfrentan un mayor riesgo de incobrabilidad. La historia argentina demuestra cierto afecto por los default, es decir la cesación de sus compromisos. Es como cuando una empresa padece dificultades, va a la Justicia y presenta un concurso de acreedores asumiendo que no podrá pagar la totalidad de su pasivo y que necesita una quita para evitar un cierre definitivo. La diferencia, al menos, es que un país no baja sus persianas. Pero el sufrimiento hacia adentro ante una crisis profunda puede ser brutal. Basta repasar aquellos días, no tan lejanos, del 2001 y 2002 cuando la Argentina se convirtió en un infierno.
La solución por todos conocidas es bajar el gasto público para nivelar las cuentas. Pero como la plata que genera el país no alcanza, se vive de prestado. El fin de semana se conocieron datos oficiales sobre el incremento del nivel de endeudamiento. Se informó que la deuda Tesoro nacional aumentó 32% en términos reales durante los dos primeros años de la gestión de Mauricio Macri, alcanzando el récord de 335.000 millones de dólares.
Los datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas permiten dar una mirada a la evolución de la deuda en las últimas tres décadas. Muestran que entre 1992 y 2001 la deuda pública del Tesoro aumentó en 81.000 millones de dólares al pasar de 63.000 millones de dólares a 144.000 millones. Y que entre 2001 y 2015 la deuda del Tesoro se incrementó en 110.000 millones de dólares al saltar de 144.000 millones a 254.000 millones. Finalmente, siempre de acuerdo a datos oficiales, entre el 2015 y el 2017 la deuda del Tesoro pasó desde 254.000 millones a 335.000 millones de dólares, es decir, registró un alza de 81.000 millones.
Conclusión: el incremento registrado de la deuda de Tesoro fue del 31,89% en los dos primeros años de gestión de Mauricio Macri.
Para el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), en el último
cuarto de siglo la deuda pública del
Tesoro nacional medida en moneda dura no dejó de subir. En la época de la convertibilidad entre el peso y el dólar, cuando el déficit fiscal se financiaba con crédito externo, la
deuda más que se duplicó. Abandonada la convertibilidad, la deuda del Tesoro mantuvo
su ritmo de crecimiento aun cuando el país estaba en default (con el acceso vedado al crédito internacional) y se apeló
profusamente al financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria (lo que
restableció la alta inflación en Argentina), dice el centro de estudios.
Así, agrega el análisis de Idesa, en sólo 2 años de gestión de las
actuales autoridades la deuda del Tesoro nacional volvió a subir en
proporciones similares a las dos etapas anteriores. La explicación es simple: este endeudamiento sistemático es la consecuencia de los persistentes
déficits fiscales.
Financiar el déficit, como hasta ahora, con la emisión de deuda tiene mayores costos sociales que un ajuste
fiscal ordenado advierte el instituto en su último reporte divulgado el domingo. Un indicio en este sentido surge del Informe de Avance del Poder Ejecutivo al
Congreso Nacional para el Presupuesto 2019, en el que se observa que en los primeros
5 meses del año 2018, los pagos de intereses de deuda ya se convirtieron en el
segundo ítem de gasto público por detrás de las jubilaciones.
Advierte que el país pasó a gastar más dinero en el pago de los intereses de la deuda que en las remuneraciones de empleados públicos. Resulta muy sugerente, considera Idesa, que en intereses se pasó
a gastar más que en remuneraciones de empleados públicos. Mientras tanto, la inversión en obras públicas se redujo un 12% en términos nominales,
caída que corrigiendo por inflación sería equivalente al 30%.
Por último, sostiene que la aceleración de la inflación y el aletargamiento en
la producción demuestran que el gradualismo no evita costos sociales sino que
los potencia. Y sugiere como camino
alternativo abordar "con valentía política" una estrategia de ordenamiento del
Estado poniendo énfasis en recortar derroches
y privilegios. ¿Se podrá?
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