Por Redacción
Uno de los últimos trabajos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina relacionados con la actividad laboral, si bien admitió que en 2010 se registró una leve mejoría, todavía el 48,2% de la población activa, lo cual significa unos 8 millones de personas, se encuentra afectada por la precariedad y subempleos indigentes. Un nivel que está por sobre los registros de 2007 y 2008, considerando que luego de la crisis que se produjo en 2009, la recuperación de 2010 es aún insuficiente y presentando además muy fuertes situaciones de inequidad.
Tal situación se produjo en virtud que el año pasado apenas un 16,1% de la población activa de la condición más baja pudo conseguir empleo en forma plena, en tanto que de todos aquellos que no completaron sus estudios secundarios sólo el 30% pudo tener acceso a un trabajo de calidad.
En consideración al relevamiento estadístico, el año anterior el empleo no registrado estuvo en el orden del 36,7% en el promedio total, pero en cambio en los estratos más bajos fue del 46,6%, contraponiéndose a los niveles medio alto, donde el trabajo en negro es del 27,3%, casi la mitad. Otro parámetro importante a tener en cuenta es la educación, que fija límites bastante precisos viéndose afectados el 42,3% de quienes no completaron el secundario contra el 30% de quienes sí completaron ese ciclo educativo.
Según se da cuenta en el informe "estos valores persistentemente elevados observados en todos estos grupos indican todavía la extensión generalizada que posee el empleo no registrado en las relaciones laborales en la Argentina, a pesar incluso del crecimiento económico, de la expansión del empleo y de la mayor vigilancia laboral".
También entre los sectores más bajos de la pirámide social, la desocupación es bastante mayor que la media, alcanzando a 10,7%, es decir, 3 puntos por sobre el promedio, aunque con un leve descenso en relación a 2009. En tanto que el desempleo entre los jóvenes es del 16,1% y entre los adultos de 7,6%, observándose entonces que además de las condiciones sociales y educativas, la edad es un elemento muy condicionante.
En un apartado destinado a los salarios, se establecen claras divergencias con las mediciones del INDEC que dan cuenta que los salarios reales habrían seguido incrementando su poder adquisitivo desde 2006, en tanto el relevamiento de la UCA sostiene que debido al fuerte aumento de precios desde 2007 en adelante, se produjo un estancamiento en materia salarial.
En conflictos, al tope
Siempre dentro del ámbito laboral, aunque en este caso visto por la conflictividad, nuestro país es junto a Venezuela, los de mayor nivel de América del Sur. Así lo establece un informe del Foro Económico Mundial, tomando datos de la encuesta de Latinobarómetro, sostenida en relevamientos de opinión pública.
Uno de los factores impulsores de los altos índices de conflictividad en el país son consecuencia del sistema de subsidios y la forma poco transparente en que se otorgan, desatando pujas muy fuertes por tener acceso a los mismos, pero también tiene una participación importante la alta inflación -al igual que en Venezuela- dejando abierta en forma permanente una disputa por las negociaciones salariales, que siempre son más ásperas y difíciles de resolver por la carencia de indicadores oficiales creíbles, ya que hace rato que tanto empleadores como empleados han dejado de tener al INDEC como referencia.
Como además la conflictividad se asocia directamente con una menor libertad económica, es por ese motivo que en el ranking sobre ese tema la Argentina está posicionada muy cerca de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que son los peores en ese orden.
También debe considerarse que desde las esferas oficiales no se ponen en práctica los instrumentos legales para mantener la conflictividad dentro del marco de la ley, que incluye sanciones a empresas y gremios por el deber de informar sobre la aplicación de medidas de acción directa, utilización de la conciliación obligatoria, límites a huelgas en servicios esenciales, y por sobre todas las cosas el respeto por la libertad de tránsito. Cuando el Gobierno usa estas alternativas, es porque en la mayoría de los casos se trata de adversarios políticos.
El nivel de conflictividad es alto, y por sobre todas las cosas, atentatorio contra un mejor desenvolvimiento de la actividad económica.
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