El costo de los desmontes

Por REDACCION

Cada vez que se producen inundaciones en la zona de llanuras donde otrora reinaban los montes se renueva la discusión en torno a los efectos de la deforestación en la Argentina y cuál es su responsabilidad en que se registren este tipo de desastres. Cuando se publican fotografías sobre los pueblos anegados, como en este caso del norte de la provincia de Santa Fe, todos tienen algo que aportar. Se dispara contra el proceso de "sojización" y la expansión de la frontera agrícola, un fenómeno que no es exclusivo a la Argentina sino que se manifiesta en otras geografías del planeta. 

Más allá de los debates livianos de contenidos y carentes de fundamentos en pocas líneas en las redes, los especialistas optan por señalar la multiplicidad de factores que explican este tipo de fenómenos onerosos en sus consecuencias para pueblos, ciudades y en particular para la economía rural. La falta de obras de infraestructura en materia de canales, la deforestación, la escasa rotación de los cultivos, las precipitaciones que superan los promedios e incluso las propias características naturales del territorio que soporta las inundaciones se mezclan como causas del drama. 

A partir de este tipo de flagelos emergen alertas, como la que en estos días efectuó la organización ecologista Greenpeace, quien promocionó un video protagonizado por los actores Mercedes Morán y Joaquín Furriel en el que se advierte que los bosques chaqueños están siendo arrasados. "No podemos permitir que esto continúe. Por eso, nos unimos a la campaña de Greenpeace para frenar los desmontes ilegales en la provincia. Hoy, necesitamos que te sumes vos también", subraya esta convocatoria.

Con la campaña de Greenpeace "Salvemos los bosques del Chaco" se busca comprometer a los argentinos a desarrollar una mayor cultura ecológica. Según la organización, Chaco ocupa por tercer año consecutivo el primer lugar entre las provincias que más destruyen sus bosques nativos. Así lo confirmó el último informe, que además señala que más de la mitad de estos desmontes se realizaron de forma ilegal. 

La investigación revela que durante la gestión del gobernador Domingo Peppo, unas 103.908 hectáreas fueron destruidas entre 2016 y 2018, de las cuales 54.327 eran zonas protegidas por la Ley de Bosques. Para la organización ambientalista es clara la colaboración entre el gobierno provincial y los empresarios agropecuarios. Los cambios de zonificación prediales realizados para desmontar donde la normativa nacional no lo permite alcanzan a 67 fincas y abarcan una superficie de más de 50 mil hectáreas. De esta manera, en Chaco se autorizan desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en Categoría II-Amarillo, donde está expresamente prohibido hacerlo.

Asimismo, como resultado de las denuncias por Greenpeace y el reclamo de más de 500 mil personas que se sumaron a la campaña por los bosques en Salta, este año, la Nación a través de la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, confirmó la ilegalidad de las recategorizaciones que se realizaron, ordenando su suspensión y la remediación de los desmontes. La organización ambientalista entiende que en igual situación, el gobierno de Chaco debe suspender los permisos y derogar las disposiciones inmediatamente.

Según Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, avanzar con la implementación de este artilugio de autorizaciones de desmonte a pedido de los dueños de las fincas, pone en potencial riesgo a cerca de 3 millones de hectáreas del Impenetrable chaqueño. Permitir que se deforeste en esta zona vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Su desmonte tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas. También a las urbanas porque cuando los campos se inundan, el agua avanza sin preguntar nada, solo lo desborda todo. 

Otro dato altamente preocupante: Chaco se encuentra en emergencia forestal, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta este año se deforestaron más de 400.000 hectáreas, seis veces la ciudad de Resistencia, la capital provincial. Frente a esta situación, Greenpeace reclama que se deroguen las disposiciones que habilitan las recategorizaciones prediales, se cancele la ejecución de los desmontes autorizados en las fincas recategorizadas, se restauren los bosques destruidos, y se establezca como delito penal el desmonte ilegal.

La campaña ya está en marcha y se buscará repetir el resultado obtenido a partir de las denuncias de Salta. De todos modos, es una pena que las denuncias se inicien a partir de Greenpeace. De alguna forma, revela que los funcionarios provinciales no respetan las leyes, no les importa demasiado la cuestión ambiental y priorizan el desarrollo económico a cualquier costo. En cierta medida, las inundaciones se explican por las decisiones que toman esos funcionarios inescrupulosos, motivados por intereses económicos. Tejer estrategias para evitar que se reiteren incumplimientos de este tipo debería ser prioridad.