Por Redacción
Luego del rapidísimo paso por ambas Cámaras legislativas, se transformó en ley el proyecto para que el Estado tenga el control del papel para diarios, decisión que mueve a una serie de reflexiones. Desde el punto de vista de la argumentación oficial, se sostiene que de tal manera se asegura la distribución, equitativa en cantidad y precio, para todas las publicaciones impresas de la Argentina, lo cual de cumplirse a rajatabla y tal como se dice ahora, aparece como irreprochable. Aunque, desde ese punto de vista, la disposición no llega en el momento más adecuado, ya que justo en este momento, y desde hace tiempo, se encuentra liberada de aranceles la importación, lográndose incluso precios menores que los de producción nacional de Papel Prensa, y con una sobreoferta desde los países productores.
Por otra parte, lo que se cuestiona, es que absolutamente nadie ignora la confrontación total que existe entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín de modo especial, al que también se agregan otras publicaciones nacionales de significación como La Nación y Perfil. Y esta nueva ley, más que una actitud graciosa en favor de la totalidad de medios -recordemos que 170 de los diarios del país se abastecían normalmente en Papel Prensa-, tiene todas las características de haberse convertido en uno de los avances más fuertes, y no del todo asistidos por la absoluta legalidad por más de su ordenamiento como ley pues vulnera no sólo el espíritu sino también la letra de la Constitución Nacional, contra la empresa editora del diario metropolitano, convertido por el gobierno en su principal y más acérrimo enemigo desde la generación del conflicto con el campo en el mes de marzo de 2008. La apertura que el medio de comunicación hizo entonces en favor de la posición agropecuaria, le significó la declaratoria de lucha total, que luego de algunas instancias que permitieron suponer una cierta distensión, ahora ha vuelto con todo el poder de embate. Esta ley sobre el papel de diarios controlado por el Estado, que además significa una avance sobre la propiedad privada, es una clara prueba.
Para realizar una descripción muy gráfica y comprensible de lo que puede llegar a suceder con el papel de diarios, imaginemos al cada vez más poderoso secretario de Comercio Guillermo Moreno con la facultad absoluta para resolver esa distribución. No es complicado suponer quiénes verán todo facilitado y aquellos otros que tropezarán con las mil y una dificultades, aunque decirlo signifique ingresar en el ámbito de las conjeturas, aunque echando la vista hacia atrás y viendo lo ocurrido en estos últimos años en la materia, es muy difícil equivocar pronósticos. Aunque, de todas maneras, lo mejor y más prudente es esperar los acontecimientos, sobre los cuales, por la salud de la República, ojalá estemos equivocados en estas presunciones.
Conviene también decir, y es importante destacarlo, que no se trata de ejercer la defensa de algunos medios, mucho menos de sus manejos empresarios que, ya lo hemos dicho otras veces, se encuentran bajo sospecha. Se trata en cambio, del desenlace que puede registrarse en materia de control de los medios de comunicación, existiendo ya un firme avance con la ley audiovisual -aunque no complemente aplicada todavía por el amparo en cuanto al artículo 161-, que ahora se traspone a la prensa escrita mediante el control de la distribución del papel, elemento indispensable que, sumado al inequitativo reparto de la distribución de publicidad oficial, se convierten en elementos decisivos para aspirar al control total, pasando a que los medios -como se advierte hoy en el grupo decididamente volcado hacia el gobierno- en lugar de informativos y formativos, pasen a ser meros órganos de propaganda oficial.
Un avance que no es excluyente de la Argentina, pero que sí puede advertirse en algunos otros países de la región, tales los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los medios de comunicación privados -aunque dentro de distintos matices y circunstancias- se encuentran pasando horas muy difíciles para su supervivencia. Leyes inconvenientes que los amordazan, tanto judicial como económicamente, y cuando no alcanzan para el objetivo buscado, entonces palos y agresiones. Una realidad que abruma.
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