Por REDACCION
Con un Estado argentino que carga con los crónicos problemas de falta de presupuesto que limita sus capacidades en todo lo que hace a las políticas públicas, como la promoción de la obra pública y la provisión del servicio de justicia o de seguridad, una de las falencias serias se relaciona con la escasez de equipamiento y fondos para defender el patrimonio del Mar Argentino. No hay suficientes barcos y aviones que puedan proteger los recursos ictícolas ante las flotas piratas que depredan las aguas nacionales. La pesca ilegal, principalmente la que ocurre en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según estimaciones de especialistas.
El director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (OPRAS), Eduardo Pucci, indicó que la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada. Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil especificó una nota publicada por agencia Télam. En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca. Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.
En este escensario, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil. Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, dijo que el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta y que la que principalmente afecta a Argentina es la que se da en aguas de Malvinas.
La pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional. De acuerdo a sus estimaciones, el flagelo alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a los US$ 1.000 millones. Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, la pesca no reglamentada lo que más se afecta es el desarrollo pesquero argentino ya que la industria nacional debe competir contra depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones, lo que abarata sus costos. Esta enajenación de recursos e ingresos es responsable en cierta medida de la pérdida de puestos de trabajo directos de la actividad e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional o mantenimiento de flotas.
Así, la pesca ilegal y la no reglamentada en conjunto causan una pérdida económica de, al menos, US$ 2.000 millones al año; contribuyen a la depredación del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limitan el potencial de la industria nacional.
A esta situación crítica de los mares argentinos por la pesca pirata se suma otra problemática preocupante. Muerte por ahogamiento, lesiones masivas, varamientos en las costas, disminución en los avistamientos de poblaciones, ausencia de grupos de cópula y de madres con crías, son apenas algunas de las consecuencias que según información recopilada por Greenpeace sufren los cetáceos en el Mar Argentino por los efectos de la exploración sísmica de petróleo.
El reporte publicado por la organización ambientalista, Impacto de la exploración sísmica sobre los cetáceos en el Mar Argentino, y el informe sobre los Impactos de las prospecciones sísmicas en el área del Golfo San Jorge realizado por César Augusto Gribaudo del Museo Educativo Patagónico evidencian el estado de vulneración de los cetáceos ante la amenaza de los bombardeos acústicos por la industria de hidrocarburos. A fines del año pasado se otorgaron permisos a la industria petrolera para bombardear casi toda la plataforma continental hasta el año 2025, (1 millón de km2 de la superficie marina para exploración sísmica), según Greenpeace.
La organización ambientalista advierte que la exploración sísmica genera bombardeos acústicos constantes, tan potentes como el despegue de de un cohete espacial. De hecho, la potencia del ruido puede provocar discapacidad auditiva. Otra vez, lamentablemente, un conflicto entre economía y naturaleza.
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