Por Ing. Agr. Ms. Sc. June Allison Thomas
Cuando se analizan las razones difundidas desde el año 2020 para justificar una nueva ordenanza aumentando a superficie de prohibición con fitosanitarios, es difícil de comprender que se desea proteger a la población y al ambiente. No se ha encontrado un hecho de contaminación desde la implementación de las ordenanzas de prohibición de aplicación en 200 m (2004), y de control de aplicaciones en 500 m (2008), que pueda justificarlo. Por otra parte, los alimentos producidos en las producciones extensivas del periurbano (granos, leche, carne) soncomercializados nacional e internacionalmente, y reconocidos por ser seguros, nutritivos y de alta calidad, avalados con los controles que corresponden en toda la cadena, por parte de los organismos responsables a nivel local, provincial y nacional.
Desde el razonamiento científico, basado en la evaluación del riesgo, esta justificación para los sistemas productivos del periurbano de Rafaela, no es comprensible.
Otros argumentos, como la orientación hacia mayor protección ambiental con producciones alternativas, siguiendo una tendencia en la cual hay mucho de relato y todavía pocas respuestas científicas, si bien es comprendida por los productores, surge inmediatamente el análisis de las posibles consecuencias y la necesidad de realizar una evaluación integral de la situación económica, Impactos sociales y medioambientales de los distintos objetivos y estrategias, antes de tomar cualquier política o decisiones reglamentarias vinculantes. Esto es fundamental para identificar medidas de acompañamiento y apoyo ante los cambios sugeridos, como existe en el resto del mundo.
Las medidas propuestas deben estar basadas en la ciencia, ser técnicamente viables y económicamente sostenibles para permitir la viabilidad económica a largo plazo y la competitividad de los sistemas de producción ara la producción de alimentos. La pregunta que corresponde en este caso: ¿Tienen las ordenanzas propuestas y ajo consideración suficiente y sólidas bases científicas, validadas científicamente por sus pares o por expertos de mayor jerarquía, publicadas en revistas científicas con referato, o por organismos y comisiones científicas, y con datos y conclusiones con rigor científico? De no ser así, se estaría evaluando e incluyendo el relato con igual valor que la evidencia científica.
Este es un tema demasiado importante para no hacer una evaluación completa de las posibles consecuencias.
La evolución del agro, y la capacidad de innovación en términos de respuestas en la toxicidad de los productos que se registran y se utilizan, y la tecnología de precisión en las maquinarias y equipos, han llevado a lograr productos fitosanitarios en el mercado, cada vez de menor riesgo para proteger los cultivos. Las estadísticas indican que los productores tienen disponibles y utilizan en mayor proporción productos de banda verde y que desde hace más de una década se ha reducido significativamente en todo el país la utilización de productos fitosanitarios.
Todas las sustancias en el mercado para contrarrestar el ataque de plagas y las necesidades de controlar las enfermedades de las plantas,son evaluadas y aprobadassiempre que no presenten ningún riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente según las condiciones de uso, antes de su comercialización. A través de una metodología científica que es la evaluación de riesgos, equipos de expertos de SENASA (Servicio nacional de Sanidad y calidad agroalimentaria de Argentina) realizan las pruebas necesarias durante 10 años, antes de su aprobación. Estos productos, aplicados con las Buenas Prácticas Agrícolas han demostrado ser herramientas seguras, eficaces y accesibles para garantizar la seguridad alimentaria y producción sostenible, El Manejo Integrado de Plagas (MIP) en sí mismo utiliza productos químicos solo como último recurso.
Si bien la reducción en el uso de fitosanitarios convencionales es por supuesto positivo, también significa que los productores tendrán menos herramientas a su disposición para combatir el ataque de plagas, haciendo la producción más vulnerable, dado que, en Argentina las tecnologías de control biológico, nuevas técnicas genómicas y variedades resistentes no están todavía accesibles en el mercado en cantidad suficiente y al alcance de los productores, para proteger sus cultivos.
Por lo tanto, es fundamental que se establezca un marco de regulaciones y políticas que respalden las necesidades de protección de los cultivos, considerando que las herramientas que podrá disponer el productor vendrán del área de investigación y desarrollo (Institutos, Organismos, centros de investigación, laboratorios) que deberán someter su producto al proceso de evaluación de riesgos del SENASA antes de su aprobación y liberación al mercado, y que todo este proceso requiere un periodo de tiempo considerable (actualmente 10 años). Por lo que no es posible determinar con antelación su disponibilidad en el mercado.
A estas consideraciones debe incorporarse el impacto económico de no tener alternativas para luchar contra las plagas y las consiguientes pérdidas de producción y de rentabilidad, que afectarían no solo al sector productor periurbano, sino también sobre la población rural, los trabajadores rurales y sus familias, y la importante cantidad de ciudadanos y familias de Rafaela relacionados a la actividad agropecuaria del periurbano. Las medidas contempladas en la ordenanza, deberían prestar especial atención a las pequeñas y medianas empresas que se ubican en el periurbano, y preservar el sistema alimentario y de comercialización de este sector.
La falta de análisis y reflexión sobre los temas previamente mencionados y el considerar el relato con el mismo valor que la evidencia científica para la toma de decisiones, podría llevar a la inviabilidad económica de las empresas, a más tierras fértiles abandonadas y/o improductivas, menos alimentos, más pobreza y desocupación.
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