Por Guillermo
Malisani
Una economía en recesión, inflación sin freno, flojos
resultados fiscales con vertiginoso endeudamiento, brusca caída
del consumo y altos niveles de pobreza y desocupación, constituyen
los principales indicadores del primer año de gestión de Mauricio
Macri, que ahora apuesta todo al 2017.
En un juego de ganadores y perdedores, el plan favoreció al
campo, al sistema financiero, la actividad minera, las empresas de
servicios públicos (que dejaron de perder por el tarifazo de luz y
gas) y el sector inmobiliario (que empezó a recuperarse tras la
eliminación del cepo).
En la otra vereda se ubicaron la producción industrial, con
fuertes derrumbes en el rubro de línea blanca, y la automotriz,
la construcción y los supermercados.
Casi al final del año, el sueño macrista de un segundo
semestre con mejores resultados quedó sepultado y no hubo brotes
verdes, por lo cual todas las esperanzas se trasladaron al 2017,
en el que espera una recuperación cercana al 3%, cifra que no
está en la mirada de las consultoras más optimistas.
Ni tan siquiera la promocionada "lluvia de dólares" le dio
oxígeno a la gestión macrista, pese a los esfuerzos por mostrar
un país "normalizado" y de la "Mini Davos" que congregó a
directivos de multinacionales.
Producto del repetido argumento de la "herencia recibida" y
los magros resultados de un año prácticamente perdido, el
desempleo llegó al 8,5% en el tercer trimestre, lo que significa
que 1.069.000 personas no tienen empleo y 1.274.000 son
subocupadas, ya que sólo viven de "changas" y ocupaciones
temporarias.
La cara más dramática de la Argentina es la pobreza: uno de
cada tres argentinos es pobre, según lo informó el INDEC después
de tres años sin datos y ubicó en el 6,3% el índice de
indigencia, gente que sólo tiene para comer.
Desde el inicio de su gestión, Macri tomó medidas económicas
clave que sellaron la posición ideológica de su equipo capitaneado
por Alfonso Prat-Gay y por Federico Sturzenegger en el Banco
Central.
Llegó a un acuerdo con los fondos buitres, finalizó con el
cepo cambiario, implementó una eliminación en las retenciones de
las mineras, mientras llevó a cabo una baja en el caso de
exportaciones de trigo, maíz, girasol, carne y productos de
economías regionales, aunque postergó las de la soja para el año
próximo.
Implementó un fuerte ajuste en las tarifas de luz y gas, con
aumentos del 500% y en otros casos por encima de esos valores,
que terminó en la Justicia, con cacerolazos incluidos, hecho que
terminó generando incertidumbre y más preocupación.
Impulsó un blanqueo de capitales, llamado Sinceramiento
Fiscal, que tuvo hasta ahora un buen resultado: ingresaron más de
21.800 millones de dólares, de los cuales unos 7.185 millones lo
fueron en efectivo, que permitió dar envión a la recaudación que
hasta noviembre venía con resultados inferiores al nivel
inflacionario.
Este blanqueo tuvo como contrapartida el ajuste en
jubilaciones y el pago de juicios, cuyo efecto fue dispar ya que
no alcanzó a todos los haberes.
En el combate contra la inflación, el Banco Central tomó una
medida audaz: elevó de 28 a 38% las tasas de las Lebac, que en
principio frenó la inflación, pero impactó en los créditos altos
e indirectamente planchó una recuperación económica.
Se eliminaron las Declaraciones Juradas de Anticipos de
Importación (DJAI), que se reemplazó por un Sistema Integral de
Monitoreo, lo cual terminó impactando en sectores sensibles de la
economía, principalmente las pymes.
Los datos oficiales del INDEC son preocupantes: la economía
acumuló hasta septiembre una caída del 2,4% y difícilmente pueda
mejorar ese desempeño, por lo que es posible que cierre en torno
al 3%, como lo ubican consultoras privadas.
La industria cayó en octubre un 8% y la construcción se
desplomó casi 20%, al retroceder hasta niveles registrados en
2007.
La inflación rondará el 40% para todo el 2016, un número
altísimo y si bien había iniciado un período de enfriamiento, en
las últimas semanas volvió a encender señales de alarma y plantea
una preocupación para el corto plazo.
La pérdida de poder adquisitivo ronda el 10% y el consumo
continúa en fuerte descenso, cercano al 7%, sin una expectativa
de recuperación en el corto plazo.
Otro dato de las estadísticas públicas se vincula con que el
déficit primario de octubre trepó a 62.958,7 millones de pesos,
con un incremento del 183% respecto a igual mes 2015.
En el caso del resultado financiero, tras el pago de los
intereses de la deuda pública, el rojo trepó a 77.500,5 millones
de pesos, con un incremento de 336%, datos que hasta el propio
jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció que son "insostenibles".
Así, el déficit primario rondaría el 5% del PBI para este año,
pero treparía al 8% si se tienen en cuenta los pagos por
servicios de deuda.
Para cubrir este rojo fiscal, el Gobierno apeló a una jugada
siempre riesgosa: el país emitió deuda externa por unos 53.527
millones de dólares en los últimos doce meses, equivalente al
11,1% del Producto Bruto, según un estudio privado.
En datos oficiales, la balanza comercial acumula en el año un
superávit de 1.952 millones de dólares, aunque obedece en gran
medida a la suba de las exportaciones del sector primario y una
baja de las importaciones para el sector industrial.
La caída en las compras al exterior no fue en el sector de
bienes de consumo, sino en los de capital, lo que en definitiva
es un dato negativo porque anticipa una falta de expectativa de
recuperación en la actividad.