Por Guillermo
Malisani
Sin ningún tipo de reacción de la actividad
productiva, con despidos y suspensiones, con la inversión
planchada y una renovada preocupación por el dólar, el Gobierno
salió ahora a intentar apuntalar el consumo para reanimar la
economía y cambiar la tendencia de cara al 2017.
El presidente Mauricio Macri autoevaluó su gestión con 8
puntos, pero a juzgar por los resultados económicos difícilmente
pueda alcanzar esa calificación, más allá de las explicaciones y
el repetido argumento de la "pesada herencia".
Los datos económicos de la semana fueron mucho más
desalentadores que los anteriores y ratificaron el profundo
proceso recesivo en el que la Argentina se encuentra sumida.
El INDEC relevó una caída del 8% en la producción industrial de
octubre, la baja más pronunciada del año, y la construcción se
desplomó casi 20%.
Los datos superaron, incluso, a los sondeos realizados por
consultoras privadas, que también reflejaron la crítica situación
que atraviesa la industria.
El estancamiento continúa golpeando con fuerza los indicadores
laborales: la mitad de la caída en los puestos de trabajo
registrados que se dio desde diciembre obedece a personal de las
grandes empresas, de más de 2.500 empleados.
Así surge de un reciente sondeo del Centro de Economía Política
Argentina (CEPA), desde diciembre de 2015 y septiembre, se
perdieron casi 120 mil empleos en el sector privado registrado.
La pérdida de puestos de trabajo se dio pese a los dos acuerdos
firmados entre las cámaras empresarias y el gobierno para evitar
despidos.
En un intento por reanimar la actividad económica, el Gobierno
está tomando medidas para fomentar el consumo: bonos de fin de
año, extensión del plan de cuotas y un nuevo impulso a las obras
públicas.
"La diferencia con el gobierno anterior es que ahora nos
financiamos con deuda y no con emisión y que tenemos 18 cuotas.
Todavía no se ven los brotes verdes y se vuelve a apostar al
consumo", graficó el economista Matías Tombolini.
El tobogán en el que se encuentra el consumo interno es
producto de la suba de precios y de la pérdida del poder
adquisitivo de las familias, que según un informe de la consultora
FyE Consult, cayó casi 10% en el último año.
En este contexto, los empresarios más influyentes del país
están alineados políticamente con la gestión macrista, pero exigen
más medidas, más orden y recién ahí empezar a invertir.
Así se da inicio a un círculo al que el gobierno no le
encuentra la salida y uno de esos motivos es la falta de un plan
económico integral, explícito y claro.
Un ejemplo de esa falta de coordinación o de un marco concreto
de programa económico quedó reflejado en lo que ocurrió con las
tasas de interés que fija el Banco Central.
Para frenar la inflación, la entidad que conduce Federico
Sturzenegger llegó a ubicar las tasas de las Lebac en el 38%, lo
cual generó una fenomenal ganancia a los grandes jugadores del
mercado financiero y, como contrapartida, planchó la economía y
aniquiló el consumo.
Cuando el Central redujo las tasas al 24%, el que se empezó a
mover es el dólar, que superó los 16 pesos y encendió otra vez la
señal de alarma sobre los precios.
Sin embargo, desde el gobierno intentaron minimizar la cuestión
y el encargado de calmar el ánimo fue el ministro de Hacienda,
Alfonso Prat Gay, quien dijo que la suba no le preocupa y que,
incluso, le causa gracia.
"Con la suba del dólar, desacelerar la inflación será
inalcanzable", opinó el economista Agustín D Attelis.
Al Gobierno tampoco le preocupa el elevado nivel de
endeudamiento al que se llegó en el último año entre las emisiones
de Nación, las provincias y las empresas en general.
De acuerdo con un reciente informe, la Argentina emitió deuda
externa por unos 53.527 millones de dólares en los últimos doce
meses, equivalente al 11,1% del Producto Bruto Interno.
Con el Presupuesto 2017 aprobado, el pasivo externo del país
alcanzará los 110 mil millones de dólares en 24 meses, según el
estudio del Observatorio de la Deuda Externa, que dirige el
economista heterodoxo Arnaldo Bocco, en el ámbito de la
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
Un endeudamiento que hasta ahora sólo ha sido destinado a
cubrir el déficit, el financiamiento corriente y la baja de
impuestos a sectores concentrados.