Como

en cada campaña presidencial, el debate económico vuelve a

convertirse en la clave a la hora de tratar de definir ejes de

diferenciación entre las propuestas de cara al electorado.

El gobierno y la oposición salieron a enfrentarse sobre cómo

resolver el antipopular y nocivo cepo cambiario, las

distorsionadas tarifas de servicios públicos y la resolución de

temas que Cristina Fernández dejará como pesada herencia, como el

litigio interminable con los fondos buitre por la deuda. 

Existe convencimiento entre los agentes económicos de que el

gobierno no aplicará corrección alguna sobre las distorsiones más

severas que sufre la estructura productiva.

La lectura es que la presidenta Cristina Fernández no

dilapidará lo que le queda de imagen positiva devaluando, quitando

subsidios a tarifas o llegando a un acuerdo por la deuda, porque

todas esas medidas desnudarían la fragilidad por la que atraviesa

el modelo.

Los principales referentes políticos vienen polemizando sobre

qué hacer con las restricciones cambiarias.

La primera piedra la arrojó el líder del PRO, Mauricio Macri,

al prometer que el día después de asumir eliminaría el cepo

cambiario.

Fue una declaración audaz y temeraria, porque existe consenso

general en que eliminar el complejo sistema para limitar la fuga

de divisas requerirá de un plan amplio y gradual, que garantice un

fuerte ingreso de capitales, una variable casi ausente en los

últimos años.

El jefe de PRO trataría de instalar la idea de que con la

confianza que despertaría en los mercados su asunción sería

suficiente para que los argentinos demanden más pesos que dólares,

una idea altamente improbable por la experiencia de devaluaciones

que arrastran los nacidos en estas pampas.

También parece creer que los capitales que ingresen le darían

al Banco Central las divisas suficientes para enfrentar compras

fuertes si es que las hubiera.

Economistas cercanos al kirchnerismo dicen que la frase de

Macri les recordó al "salariazo y la revolución productiva"

prometida por Carlos Menem en su momento.

La ironía es válida pero también encierra un dilema: Menem ganó

las elecciones y es el presidente argentino que más tiempo logró

aferrarse al sillón de Rivadavia: 10 años y medio.

La ciencia política diría que, a veces, ser audaz con las

promesas rinde a la hora de cosechar votos.

Es incierto si el asesor de imagen ecuatoriano Jaime Durán

Barba estuvo detrás de la frase de Macri, o si simplemente fue una

decisión propia del jefe de Gobierno porteño pronunciarla, pero

entusiasmó a más de uno.

Incluso al sector empresarial, que viene penando por dólares

para importar y le colmó recientemente las sillas en una cena para

recaudar fondos en la que el líder del PRO cosechó unos 120

millones de pesos.

La problemática generada por el cepo cambiario depende de

distintas variables, y la principal está vinculada con las

reservas que dejará Cristina en el Banco Central.

El gobierno declara U$S 31.400 millones y cree que llegarán a

los 34.000 millones con el ingreso de la exportaciones de soja,

aunque de ese número habrá que descontar pagos de importaciones y,

en especial, la tarifa por la compra de energía.

El problema es que para fin de año se espera que unos U$S 7.000

millones de esas reservas estarán compuestos por yuanes del

acuerdo con China (no dólares) que vence, o deberá ser renovado,

en un año.

A esto se suma el retraso en pagos al exterior, también por

efecto del cepo: las industrias automotriz y de artículos

electrónicos reclama atrasos por entre U$S 4.000 millones y U$S

5.000 millones en pagos de piezas y componentes para sus

productos.

El otro punto de debate está vinculado con qué hacer con los

subsidios multimillonarios para tarifas de servicios públicos.

Para algunos especialistas representan el 80 por ciento de los

subsidios totales que paga el Tesoro.

Es una suma monumental que engrosa un déficit fiscal de

proporciones, que se erige como uno de los motivos por los cuales

las inversiones llegan en cuentagotas a la Argentina.

Aquí también vuelve la disputa entre política de shock o

gradualismo.

Al respecto, los candidatos aún no se manifestaron con todas las

letras, pero está claro que la Argentina deberá intentar recuperar

esos fondos.

El problema es que eliminar subsidios implicaría que las

tarifas de servicios públicos se multipliquen hasta por cuatro

para una buena parte de la población.

Sólo un gobierno con enorme popularidad podría implementar una

medida así, a costa de que ese apoyo se evapore rápidamente.

A esto se suma el problema de la deuda: el gobierno buscó

instalar durante años que la Argentina había salido de la cesación

de pagos.

Bastó un juez norteamericano como Thomas Griesa que -muchos

sostienen- ya debería haberse jubilado, y que en algunas

audiencias hasta parece no entender el fondo del problema, para

que los argentinos se desayunaran con que la deuda estaba lejos de

resolverse y sigue siendo un dolor de cabeza.

Sobre esta cuestión también existen dudas de qué harían los

candidatos, que ya deberían ponerse a estudiarlo porque está claro

que Cristina no moverá un dedo para solucionarlo.

Lo curioso es que aunque el problema de la deuda esté lejos de

resolverse, los bonos y las acciones de empresas vienen en franco

repunte desde hace semanas.

El reflejo más evidente de esa movida es la fuerte suba que

registraron en las últimas semanas los precios de los bonos y las

acciones de empresas que operan en la Argentina.

En el mundillo empresarial dicen que esa tendencia se

profundizará a medida que se acerque el 10 de diciembre, porque

gane quien gane se espera un "giro pro-mercado" en las políticas

oficiales.