Por José Calero
Como
en cada campaña presidencial, el debate económico vuelve a
convertirse en la clave a la hora de tratar de definir ejes de
diferenciación entre las propuestas de cara al electorado.
El gobierno y la oposición salieron a enfrentarse sobre cómo
resolver el antipopular y nocivo cepo cambiario, las
distorsionadas tarifas de servicios públicos y la resolución de
temas que Cristina Fernández dejará como pesada herencia, como el
litigio interminable con los fondos buitre por la deuda.
Existe convencimiento entre los agentes económicos de que el
gobierno no aplicará corrección alguna sobre las distorsiones más
severas que sufre la estructura productiva.
La lectura es que la presidenta Cristina Fernández no
dilapidará lo que le queda de imagen positiva devaluando, quitando
subsidios a tarifas o llegando a un acuerdo por la deuda, porque
todas esas medidas desnudarían la fragilidad por la que atraviesa
el modelo.
Los principales referentes políticos vienen polemizando sobre
qué hacer con las restricciones cambiarias.
La primera piedra la arrojó el líder del PRO, Mauricio Macri,
al prometer que el día después de asumir eliminaría el cepo
cambiario.
Fue una declaración audaz y temeraria, porque existe consenso
general en que eliminar el complejo sistema para limitar la fuga
de divisas requerirá de un plan amplio y gradual, que garantice un
fuerte ingreso de capitales, una variable casi ausente en los
últimos años.
El jefe de PRO trataría de instalar la idea de que con la
confianza que despertaría en los mercados su asunción sería
suficiente para que los argentinos demanden más pesos que dólares,
una idea altamente improbable por la experiencia de devaluaciones
que arrastran los nacidos en estas pampas.
También parece creer que los capitales que ingresen le darían
al Banco Central las divisas suficientes para enfrentar compras
fuertes si es que las hubiera.
Economistas cercanos al kirchnerismo dicen que la frase de
Macri les recordó al "salariazo y la revolución productiva"
prometida por Carlos Menem en su momento.
La ironía es válida pero también encierra un dilema: Menem ganó
las elecciones y es el presidente argentino que más tiempo logró
aferrarse al sillón de Rivadavia: 10 años y medio.
La ciencia política diría que, a veces, ser audaz con las
promesas rinde a la hora de cosechar votos.
Es incierto si el asesor de imagen ecuatoriano Jaime Durán
Barba estuvo detrás de la frase de Macri, o si simplemente fue una
decisión propia del jefe de Gobierno porteño pronunciarla, pero
entusiasmó a más de uno.
Incluso al sector empresarial, que viene penando por dólares
para importar y le colmó recientemente las sillas en una cena para
recaudar fondos en la que el líder del PRO cosechó unos 120
millones de pesos.
La problemática generada por el cepo cambiario depende de
distintas variables, y la principal está vinculada con las
reservas que dejará Cristina en el Banco Central.
El gobierno declara U$S 31.400 millones y cree que llegarán a
los 34.000 millones con el ingreso de la exportaciones de soja,
aunque de ese número habrá que descontar pagos de importaciones y,
en especial, la tarifa por la compra de energía.
El problema es que para fin de año se espera que unos U$S 7.000
millones de esas reservas estarán compuestos por yuanes del
acuerdo con China (no dólares) que vence, o deberá ser renovado,
en un año.
A esto se suma el retraso en pagos al exterior, también por
efecto del cepo: las industrias automotriz y de artículos
electrónicos reclama atrasos por entre U$S 4.000 millones y U$S
5.000 millones en pagos de piezas y componentes para sus
productos.
El otro punto de debate está vinculado con qué hacer con los
subsidios multimillonarios para tarifas de servicios públicos.
Para algunos especialistas representan el 80 por ciento de los
subsidios totales que paga el Tesoro.
Es una suma monumental que engrosa un déficit fiscal de
proporciones, que se erige como uno de los motivos por los cuales
las inversiones llegan en cuentagotas a la Argentina.
Aquí también vuelve la disputa entre política de shock o
gradualismo.
Al respecto, los candidatos aún no se manifestaron con todas las
letras, pero está claro que la Argentina deberá intentar recuperar
esos fondos.
El problema es que eliminar subsidios implicaría que las
tarifas de servicios públicos se multipliquen hasta por cuatro
para una buena parte de la población.
Sólo un gobierno con enorme popularidad podría implementar una
medida así, a costa de que ese apoyo se evapore rápidamente.
A esto se suma el problema de la deuda: el gobierno buscó
instalar durante años que la Argentina había salido de la cesación
de pagos.
Bastó un juez norteamericano como Thomas Griesa que -muchos
sostienen- ya debería haberse jubilado, y que en algunas
audiencias hasta parece no entender el fondo del problema, para
que los argentinos se desayunaran con que la deuda estaba lejos de
resolverse y sigue siendo un dolor de cabeza.
Sobre esta cuestión también existen dudas de qué harían los
candidatos, que ya deberían ponerse a estudiarlo porque está claro
que Cristina no moverá un dedo para solucionarlo.
Lo curioso es que aunque el problema de la deuda esté lejos de
resolverse, los bonos y las acciones de empresas vienen en franco
repunte desde hace semanas.
El reflejo más evidente de esa movida es la fuerte suba que
registraron en las últimas semanas los precios de los bonos y las
acciones de empresas que operan en la Argentina.
En el mundillo empresarial dicen que esa tendencia se
profundizará a medida que se acerque el 10 de diciembre, porque
gane quien gane se espera un "giro pro-mercado" en las políticas
oficiales.
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