La
primera semana del blanqueo de capitales abrió expectativas
positivas en el Gobierno nacional, que espera el ingreso de un
piso de 4.000 millones de dólares del circuito ilegal de la
economía.
Es una porción insignificante de los 160.000 millones de
dólares que, según estima el propio gobierno, se fueron del país
en los últimos 20 años, pero pueden ayudar a dinamizar una
economía anémica por las inconsistencias y asimetrías que viene
mostrando un modelo al borde del agotamiento.
Según datos que emergen del sistema financiero, la Argentina es
el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, donde los
individuos tienen más dólares.
La razón no debe buscarse en que los argentinos se volvieron
locos o en que sean una comunidad de antipatrias, sino en los
padecimientos y sacudones que varias generaciones de compatriotas
padecieron a lo largo de las últimas décadas.
Una de las pocas reservas de valor que tuvieron los argentinos
fue el dólar, en un país que viene sufriendo al menos una crisis
severa por década con devaluaciones recurrentes.
Ahora, esa reserva de valor está vedada, al menos que se
recurra al mercado ilegal, y el gobierno aspira a convencer a los
ciudadanos de que esta vez sí, la moneda nacional es la ideal para
ahorrar.
Será difícil persuadir a la gente de este argumento si la
inflación sigue brincando al 25 por ciento anual, más allá de los
esfuerzos por ocultarlo bajo un manto de estadísticas sospechadas.
Según la lectura que hace el oficialismo, los millones de
dólares que se fueron del circuito incluyen rentabilidad no
declarada, utilidades por las que no se pagaron impuestos, y que
ahora volverán parcialmente al sistema.
De paso, espera que esas divisas ayuden a reanimar la actividad
inmobiliaria, un sector arrasado por el cepo cambiario y que
todavía no da muestras de recuperación.
El Gobierno nacional debió echar mano al blanqueo para resolver
en forma parcial los cuellos de botella que se acumulan, uno de
cuyos ejemplos más claros es la necesidad de importar combustibles
en forma incremental.
"A veces para alcanzar un objetivo hay que tragarse un sapo",
dijo un diputado kirchnerista citando una frase legendaria del
dictador Alejandro Lanusse cuando pugnaba por impedir el retorno
de Juan Domingo Perón a la Argentina en los 70.
"Si se anima a volver, me trago un sapo", había desafiado
Lanusse. El general volvió y el dictador nunca cumplió su promesa,
pero la frase quedó en la historia trágica de la Argentina.
El "sapo" que debió tragarse el gobierno de Cristina Kirchner
es la injusticia que conlleva el perdón fiscal a los evasores, en
momentos en que la AFIP realiza un despliegue descomunal para
recaudar cuanto peso anda dando vueltas por ahí.
Pero la necesidad tiene cara de hereje y el blanqueo, con sus
CEDIN a cuestas, lo demuestra.
La expectativa es que ese instrumento permita aceitar un
circuito económico cada vez más necesitado de divisas.
Los cuellos de botella que el propio gobierno admite que se
deben resolver los encabeza el desbalance energético, ya que cada
año el país necesita importar más energía.
La oposición tiene una lectura dramática sobre la situación: el
senador radical Ernesto Sanz señaló que el gobierno gastará 15.000
millones de dólares para importar combustible y gas.
Sanz sostuvo que esos dólares el gobierno intentó conseguirlos
con el cepo, pero con esa medida inédita no hizo más que generar
dificultades en la economía.
Para el legislador, el Gobierno no está acertando en ir a
combatir la causa, que es la inflación, mientras la presidenta le
echa la culpa a los formadores de precios.
"No es el gobierno el que aumenta los precios", disparó con
acierto Cristina.
"Pero sí el que crea las condiciones para que la inflación se
dispare", le responden desde una oposición a la cual la realidad
parece darle en parte la razón.
Al menos si se tiene en cuenta que el gobierno debió echar mano
a la ley de Abastecimiento -con otra vez el incorregible secretario de Comercio Guillermo Moreno al frente del operativo- y aplicar insólitas clausuras de
supermercados por algunos horas.