La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), informó a la Dirección Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo que inicia hoy una acción sindical en toda la industria. La modalidad elegida, tal como anticipó LA OPINIÓN el fin de semana pasado, será la retención sorpresiva de tareas de 4 horas por turno en rechazo al incumplimiento salarial de la empresa Sancor CUL.
Desde ATILRA señalaron que la empresa incumplió el acuerdo celebrado en noviembre de 2023 mediante el cual la firma reconoció la existencia de diferencias salariales en favor de los trabajadores y se comprometía a regularizar la situación mes a mes.
El gremio informó que “no obstante reconocer que viene abonando los haberes mensuales de los trabajadores por debajo de la escala salarial vigente y aplicable, y comprometerse a regularizar la situación a partir de diciembre del 2023, no lo hizo , incrementándose mes a mes la deuda salarial que arrastra”, apuntó la organización.
En esa línea, el sindicato insistió que, desde 2017, “en numerosas oportunidades la empresa nos prometió cancelar dicha deuda, realizando a lo largo de estos años varias propuestas y planes de pago que luego no cumplió” y que la empresa amenazó con pedir la quiebra si los trabajadores seguían reclamando.
Con este marco, ATILRA denunció que “como broche de todo este accionar de mala fe, acabamos de detectar una maniobra delictiva por parte de los responsables de la empresa que se quedan con el dinero que deducen y retienen de nuestros recibos de haberes destinados al sistema de seguridad social, y no los depositan, configurándose el delito de evasión fiscal que los trabajadores perjudicados estamos denunciando penalmente”.
En diciembre de 2023, la cartera laboral dicto la conciliación obligatoria, que el gremio acató pese a señalar que Es improcedente ya que se trata de una falta de pago de haberes reconocida.
El pasado 6 de junio, la empresa envió una propuesta de pago de la deuda y regularización de los haberes mensuales, que fue nuevamente incumplida, lo que motivo una nueva denuncia el pasado 28 de junio y que tras una nueva audiencia la empresa no brindó una respuesta.
A su vez, el sindicato remarcó que la “retención sistemática y recurrente de haberes destinados a la seguridad social” de los 1500 trabajadores de la empresa, “ no solo implica un delito que fue denunciado penalmente, sino que actúa en detrimento de la estructura económica y financiera que sostiene los servicios médico asistenciales de nuestra Obra social del Personal de la Industria Lechera”.
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