Por REDACCION
Un juez federal de Mar del Plata ordenó, semanas atrás, que se pague en moneda del país de origen -en este caso euros- los haberes previsionales de un jubilado italiano alcanzado aquí por las restricciones cambiarias vigentes y, al mismo tiempo, responsabilizó por daños y perjuicios a las autoridades de Poder Ejecutivo Nacional y Banco Central, y pidió que se las investigue por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
"Lo grave en estos casos es que no son fondos del Estado argentino sino que Italia o España envían euros a sus ciudadanos y el gobierno argentino le pesifica de facto, porque no hay una norma que lo permita", explicó a La Nación el magistrado Alfredo López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, que firmó la sentencia.
El caso reviste aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que sólo en este departamento judicial hay por lo menos tres decenas de causas con demandas en el mismo sentido y miles de extranjeros que residen en esas ciudades balnearias y cobran haberes jubilatorios o en concepto de asistencia que sus países de origen les depositan en cuentas bancarias.
La medida cautelar en cuestión nace en la demanda presentada por el ciudadano italiano identificado en el fallo como 'RMH', que acusa la pérdida de valor adquisitivo al ver que el dinero que antes cobraba en euros ahora lo recibe en pesos, a cotización oficial. "Son fondos propios que provienen de otro Estado y tienen carácter alimentario", alega en la presentación que dio origen a esta causa. La respuesta del Poder Ejecutivo Nacional fue que el BCRA está habilitado para fijar normas en materia cambiaria y que no hay derechos constitucionales afectados en el caso en cuestión.
Esta acción judicial, que también alcanza al Banco Itaú, donde el beneficiario percibe los haberes que le transfiere el Estado italiano, es la primera que aquí tiene sentencia definitiva desde que el gobierno habilitó la compra de moneda extranjera, ahora con determinados límites.
Además de hacer lugar al amparo, el juez López recuerda que la medida rige a partir de la notificación pero tuvo en cuenta daños y perjuicios para el damnificado ya que durante los últimos dos años sufrió una pérdida de ingresos.
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