Por REDACCION
El envío de las demandas de los jubilados a los tribunales provinciales, ordenado la primera semana de mayo por la Corte Suprema, no es una tarea fácil ni rápida. Requiere de un proceso previo que insumirá todo lo que resta de este año, según los cálculos de los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social que funciona en Buenos Aires.
Ese sería el tiempo que insumirá clasificar, empaquetar y trasladar a los juzgados de primera instancia los cientos de miles de expedientes que abarrotan las diferentes salas de la Cámara de Seguridad Social y remitirlos luego a los distintos Fueros provinciales, publicó Ismael Bermúdez, especialista de iEco de Clarín.
Se calcula que hay 120.000 expedientes en las tres salas de la Cámara.
De ese total unos 40.000 están empaquetados en un depósito en Lavalle 1441 adonde fueron llevados porque, de lo contrario, el peso de esos expedientes ponía en peligro la seguridad del edificio de la Cámara en Lavalle 1268.
De acuerdo a la Acordada de la Corte Suprema, esos expedientes deben ser remitidos primero a los juzgados de primera instancia. De esta manera, expedientes que ingresaron a las distintas Salas de la Cámara, con la notificación y consentimiento de las partes, deberían ser devueltos a los juzgados de origen, dando marcha atrás con causas que están adelantadas y en trámite en las Salas.
En la práctica esto significa “desempacar” los expedientes que están en Lavalle 1441 y en Lavalle 1268, clasificarlos para determinar cuántos de esos 120.000 deben ser remitidos a los juzgados de origen.
Allí los recibirán y procederán a “desempacarlos” para notificar a las partes su envío a los juzgados federales provinciales.
Los juzgados federales del interior del país son de competencia múltiple, están abarrotados de expedientes, no tienen experiencia en temas de Seguridad Social y muchos deberán crear nuevas Secretarias que tomen a su cargo los casos de Seguridad Social y cuentan con pocos empleados. Por ejemplo, la semana pasada la Cámara Federal de Córdoba le solicitó a la Corte Suprema recursos extras – en fondos y personal– para afrontar los miles de expedientes de jubilados que deberán tramitar.
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