Por Redacción
La Cámara de la Seguridad Social comenzó la semana pasada a sortear entre sus tres salas unos 25.000 expedientes que corresponden a apelaciones a fallos de primera instancia que favorecieron a demandas presentadas por jubilados. La inmensa mayoría de esas apelaciones fueron hechas por la ANSES, el organismo que administra el sistema previsional, que paga las jubilaciones, y que se había comprometido ante la Corte Suprema a no seguir apelando.
Las carpetas llegaron a la Cámara a fines de 2012, en camiones del Ejército que las trasladaron desde los juzgados de primera instancia, en Callao y Marcelo T. de Alvear, hasta la sede de la Cámara en Lavalle 1.268. Esto contribuyó a agravar la situación de colapso en que se encuentra este fuero, informó Ismael Bermúdez de iEco Clarín.
Sucede que esos 25.000 expedientes se agregan a otros 30.000 de apelaciones anteriores que aún no fueron resueltas por las respectivas salas. A esto se agrega que en febrero hubo otras 4.886 apelaciones. La acumulación no cesa pese a que desde 2008 -por resolución de la Secretaría de Seguridad Social- la ANSES quedó autorizada a no apelar los fallos a favor de los jubilados que fuesen similares al caso Badaro y a desistir de las apelaciones ante la Corte Suprema por las demandas de docentes.
NO PARA
DE CRECER
En tanto, la cantidad de juicios de jubilados y pensionados contra el Estado no para de crecer. En febrero ingresaron 8.492 nuevas demandas, mientras los jueces de primera instancia dictaron 5.019 sentencias y la ANSES pagó unos 2.000 casos.
Así las cosas, nuevamente el edificio de la Cámara está colapsado. Las oficinas y pasillos están abarrotados de carpetas y lo más importante es que todo esto determina más demoras en la resolución de las demandas de los jubilados. Esto pasa por el incumplimiento de la ANSES a la legislación previsional y de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron el semicongelamiento de los haberes previsionales que hubo entre 2002 y 2006 (caso Badaro). La Corte reconoció por esos años un ajuste del 88,3% cuando los aumentos de haberes fueron del 10 y 21%.
La Corte también impugnó el mal ajuste de los sueldos que se toman como base para determinar el haber inicial del jubilado (caso Eliff). Y reconoció a los docentes el 82% (caso Gemelli).
Por eso, en total, los Tribunales de la Capital Federal y del interior acumulan unas 550.000 demandas, sin incluir los recursos presentados por los retirados o pensionados de las Fuerzas Armadas, Policía o Fuerzas de Seguridad.
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