Por REDACCION
Por Daniel Sticco (*). - En momentos en que la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a debatir la ampliación del Presupuesto 2020, y dio lugar a la preocupación de muchos legisladores sobre la discusión pendiente sobre el sistema previsional, tanto en lo que respecta al sistema de movilidad y ajuste trimestral o semestral de los haberes de los jubilados y pensionados, como la relación entre la Nación y las 10 provincias que no han transferido sus cajas, pero requiere de la asistencia de la Administración Central, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó en profundidad el Sistema Previsional Argentino.
En un minucioso trabajo, los economistas y analistas del organismo que dirige Marcos Makón detectó: “Existe una gran cantidad de regímenes previsionales que se derivan de la actividad laboral y el ámbito de desarrollo de ésta, los cuales pueden ser agrupados según aspectos comunes, como la modalidad de financiación (contributivo o no contributivo), su carácter institucional de administración (Anses, cajas específicas nacionales, cajas complementarios) o su regulación específica (leyes, decretos o resoluciones)”. Suman en total 6,6 millones de personas beneficiarias, y 9,8 millones de aportantes.
PRIMER CORTOCIRCUITO
De ahí surge el primer factor de crisis recurrente del sistema, porque la relación de apenas 1,5 aportantes por beneficiario, con un ingreso medio de la población trabajadora registrada inferior a $50.000 al cierre del primer trimestre, pre cuarentena, un poco más alta para los asalariados y menor para el conjunto de los monotributistas, autónomos y empleados en casas particulares, que ingresan al sistema un 27% de su ingreso, determina un haber medio posible de unos $20.000, equivalente a 40% de la remuneración promedio.
Ese valor no sólo está lejos de la ambición política de garantizar el 82% promedio móvil, como incluso está regulado en diversos regímenes previsionales, que es la proporción del ingreso de bolsillo de los trabajadores que no tributan Ganancias, sino que además se ubica muy cerca del valor de la canasta básica de pobreza, que el Indec estimó para el adulto a esa fecha en $13.590, y por tanto sólo permite acceder al gasto de alimentos y servicios esenciales, pero no cubrir otros gastos que se han tornado esenciales, como el mantenimiento del hogar; compra de ropa, medicamentos, esparcimiento y comunicaciones, entre muchos otros.
El universo poblacional dentro de cada régimen se divide en activos (aportantes) y pasivos (beneficiarios).
Entre los primeros la OPC enumera los diferentes regímenes de previsión social vigentes en el país, diferenciando aquellos de carácter contributivo administrados por Anses, objeto del estudio, de otros regímenes existentes que completan la cobertura jubilatoria o de retiro para el total de la población, los cuales en conjunto suman los citados 9,8 millones de aportantes.
SE DESTACA
Destaca el trabajo de marras: “En la Argentina, la población mayor de 18 años a marzo de 2020 se estima en 32.125.150 personas, por lo que los aportantes a los regímenes administrados por Anses representaron 30,5% de ese universo. Por otra parte, el total de trabajadores registrados fue de 12.089.4246, siendo los aportantes 81% de esa cantidad”.
Esta última brecha se explica porque casi 1 de cada 5 trabajadores tiene pluriempleo y el sistema lo individualiza por número de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT); y además porque, destaca la OPC: “Si bien la edad mínima legal para la celebración de contratos de trabajo es de 16 años (Ley 26.390), es a partir de los 18 años que se comienzan a realizar aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
El segundo factor de desequilibrio lo constituye que el total de aportantes representa menos de la mitad del total de la oferta nacional de trabajadores estimada en 21,3 millones, porque 7,3 millones se desempeñan en la informalidad y otros 2 millones forman parte de la legión de desocupados, los cuales, al final de la vida activa reclaman una jubilación o pensión, y dan lugar a repetidas moratorias que aplanan la pirámide de ingreso promedio; y dan lugar al tercer factor de fragilidad del sistema, porque esa característica, se ha tornado estructural, deriva en un persistente deterioro de las finanzas públicas, para sostener a cada vez más jubilados y pensionados.
A nivel global, la relación aportantes por beneficiarios es de 1,43, el cual se reduce a 1,38 en la franja de los asalariados en sus tres desagregados: ordinario, diferenciales por sistemas específicos y ocupados en casas particulares; y llega a un mínimo de 1,01 en el caso de los afiliados a régimen de Luz y Fuerza que con un ingreso promedio de los mayores de 50 años en marzo último de $142.763 brutos 39.110 asalariados sostienen a 38.542 jubilados y pensionados del gremio. (*) Periodista especializado de Infobae.
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