El visto bueno de Inglaterra

Por Pacho O' Donnell (*)

Corría 1810. El virrey Cisneros enfrentaba la desesperante escasez de recursos determinada por la decadencia política y económica de la metrópoli española, a la que se sumaba la circunstancia de que Gran Bretaña dominaba los mares impidiendo el tráfico entre Cádiz y el Río de La Plata. Entonces toma una medida extrema contra la oposición de los comerciantes más poderosos y aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que significaba poner fin a siglos de monopolio español y autorizaba el intercambio con los ingleses.

En Buenos Aires los grupos económicos se fueron dividiendo en dos fracciones: los monopolistas y los exportadores. Los españoles pertenecientes al primer grupo querían mantener el privilegio de ser los únicos autorizados para introducir y vender los productos extranjeros que llegaban desde España. Estos llegaban sobrevaluados porque España, sin capacidad productiva, los compraba a otros países como Francia e Inglaterra para después revenderlos en América.

En cambio los productores, en su gran mayoría criollos, tanto agrícologanaderos como de las rudimentarias pero pujantes industrias del vino, del cuero, del tasajo, del tejido, querían comerciar directa y libremente con Inglaterra. Sostenían que España se había transformado en una cara, ineficiente y prescindible intermediaria y su crítica se expandía también hacia lo ideológico, cuestionando su oscurantismo religioso y sus convicciones detenidas en el pasado.

El administrador de la Aduana informará al virrey que desde la apertura de los puertos habían ingresado a ese ente recaudador unos 400.000 pesos, “cantidad que jamás ha producido esta Aduana en tan corto tiempo”. La suma equivalía a lo recaudado en todo el año 1806.

Creció de tal manera el comercio con los ingleses que las protestas de los poderosos monopolistas fueron tan amenazantes que el virrey dio marcha atrás en su liberalidad y ordenó, a principios de abril, la suspensión de la medida y la expulsión de los comerciantes extranjeros, dándoles a los mercaderes británicos un plazo de ocho días para dejar Buenos Aires.

Como era práctica siempre que sus intereses económicos eran amenazados los barcos de guerra británicos se hicieron presentes y amarraron en el puerto. Además el embajador inglés en Rio de Janeiro, con competencia en el río de La Plata, lord Strangford, hizo conocer sus airadas protestas que mucho se parecían a amenazas.

Nuevamente Cisneros dio muestras de la poca firmeza de sus decisiones y amplió el plazo de la expulsión en cuatro meses, que expiraría el 20 de mayo. El asunto es que la revuelta del 25 de mayo tuvo lugar bajo la cómplice presencia de la escuadra inglesa y sirvió para que la expulsión nunca tuviera efecto.

En una de las primeras reuniones de la Junta se discutió el tema de las relaciones con Inglaterra. Fue así que en los inmediatos días subsiguientes se rebajaron en un 100 por ciento los derechos de exportación y se declaró libre la salida de oro y plata sin más recaudos que pagar derecho como mercancía, tal como se había pedido en “La Representación de los Hacendados”.

El embajador Strangford informará al Foreign Office: “Tenemos promesas del presente gobierno de protección, amistad y todos los privilegios de ciudadanos”.

Era claro que Inglaterra apoyaba y condicionaba. El capitán de la escuadra, Charles Montagu Fabian, no sólo empavesó las naves y disparó salvas de festejo el 26 sino que también arengó al pueblo a favor de la revolución. Además a pedido de la junta accedió a trasladar a Inglaterra a un enviado, Matías Irigoyen, que informaría a la Corona de las novedades “a nombre de Fernando VII” y solicitaría la ayuda y la protección británica. Irigoyen debía, además, y no era eso lo menos importante de su misión, conseguir autorización para importar armas.

(*) Escritor, psicoanalista y dramaturgo. El artículo fue publicado en Suplemento Radar de Página/12 hace 14 años, pero la frescura de su relato hace que no tenga fecha de vencimiento sobre un acontecimiento histórico.