Por José Calero
La
demora en la reactivación del consumo lleva al gobierno a seguir
corriendo el arco con la promesa cada vez menos creíble de "brotes
verdes" y la "lluvia de inversiones", y ahora sostiene que los
capitales fluyen poco hacia estas tierras porque la rentabilidad
de los negocios es baja.
El equipo económico atraviesa severas dificultades para poner
en marcha el aparato productivo, en parte porque el contexto
mundial sigue siendo reacio a volcar sus capitales en países
"fronterizos" como la Argentina.
Pero en buena medida las razones en esa demora hay que
encontrarlas en que la Argentina se convirtió en un país con baja
productividad, carente de infraestructura, con limitaciones de
transporte, energía y logística, rutas inundadas, alta presión
impositiva y una industria que durante décadas dependió de los
subsidios del Estado para crecer.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, ensayó una
explicación sobre por qué demora la llegada de las inversiones,
cuando advirtió que "la rentabilidad no es la esperada respecto
del riesgo" asumido. Fue dos días después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que la recesión había terminado al presentar su informe de gestión en la Cámara de Diputados.
El Estado tiene una fuerte responsabilidad en la ineficiencia
de la Argentina, porque acorralado por el desequilibrio de las
cuentas públicas se transformó en una máquina de aumentar
impuestos y generar burocracias con afán recaudatorio, que
espantan la inversión.
Macri pareció entenderlo en los primeros meses de su gobierno,
pero luego cayó en la trampa de echar mano de la presión
tributaria sobre los pocos contribuyentes que afrontan sus
obligaciones en la Argentina.
El Gobierno también cometió un error de cálculo cuando creyó
que sólo arreglando con los fondos buitre comenzarían a llover las
inversiones sobre distintos sectores de la economía.
La "prueba de amor" no rindió los frutos esperados, pero sí
permitió sortear la bomba de tiempo que Cristina Fernández le
había dejado atada con un moño a su sucesor.
La Argentina pudo acceder al financiamiento necesario para
afrontar el desequilibrio de un Estado que se agigantó a niveles
insostenibles durante el kirchnerismo.
En esos años de fuerte intervencionismo estatal, el crecimiento
del empleo público fue el deporte favorito del gobierno nacional,
pero también de las provincias, que encontraron una herramienta
formidable de disciplinamiento político.
Por cada empleo público, ganaban la adhesión de al menos cuatro
personas del núcleo familiar directo del beneficiario.
El último relevamiento de la Fundación FIEL arrojó que el
sector público nacional en 2003 tenía 460.000 empleados mientras
en 2016 subió a 739.000, con un crecimiento del 61%.
Si se agregan provincias y municipios, en 2003 la planta era de
2.200.000 y en 2016 de 3.579.000, mientras este año rondará los
3.800.000.
Es decir, la cantidad de empleados públicos casi se duplicó, y
de alguna manera el 25 por ciento de la población depende o está
influida por los empleos que distribuye el Estado, a lo que se
deben sumar los planes sociales.
La Fundación Libertad y Progreso -que elogia muchas de las
políticas de Macri- advierte que existe una cuestión en la cual no
sólo no hubo avances sino que, por el contrario, no existe
progreso.
Alude a la "inmensa y aplastante estructura del Estado y al
empleo público que carcome las mejores energías del país
productivo".
"La duplicación del número de empleados públicos en los últimos
15 años no encuentra ningún justificativo posible. Sin embargo ha
ocurrido en el Estado argentino, tanto en el Gobierno nacional
como también en provincias y municipios. Ese crecimiento no se
explica en nuevas funciones estatales sino en los impulsos de la
política y de la propia burocracia para dar espacio al
clientelismo o al copamiento ideológico...", indica un reporte de
la entidad.
Incluso, cuestiona que Macri no sólo rehusó hacer más racional
al aparato estatal, sino que implantó un frondoso organigrama para
el Poder Ejecutivo nacional, con 21 ministerios, 87 secretarías de
Estado, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales
y 122 organismos descentralizados.
Parece mucho para un país donde en numerosas actividades la
ausencia del Estado es notoria.
El Gobierno prometió "bajar el costo de la energía y mejorar la
infraestructura para reducir los costos logísticos", pero existen
dudas sobre la capacidad para lograr ese objetivo en el corto
plazo.
El Poder Ejecutivo también admite la necesidad de implementar
una reforma tributaria para bajar la presión del Fisco sobre los
sectores productivos y eliminar impuestos distorsivos, pero la
tentación recaudatoria sigue pareciendo demasiado grande.
A esta altura, el plan económico aplicado por el gobierno sigue
dejando más dudas que certezas, mientras un tercio de la población
intenta subsistir en condiciones de pobreza.
Sectores como la agroindustria y la construcción vienen
liderando la actividad económica, pero uno de los principales
generadores de empleo, como la industria, continúa sin salir de la
crisis.
Hay fuertes caídas en rubros como el sector textil, que es un
fuerte motorizador de mano de obra.
Lo mismo ocurre con la actividad automotriz, que cayó en abril
un 7,5% interanual, perjudicada por la interminable crisis
brasileña.
La falta de un horizonte claro para la actividad fabril es el
principal tema en la agenda del flamante presidente de la UIA,
Miguel Acevedo.
Casado con una de las herederas del imperio de Aceitera General
Deheza, Acevedo considera que faltan una política fabril
claramente definida que se base en pilares como la siderurgia y el
polo agroindustrial.
Pero el punto que tal vez más lo distancie de varios
funcionarios de Cambiemos es que Acevedo considera clave la
necesidad de una mercado interno fortalecido.
"Sin una población que pueda consumir, no vemos una salida a
corto plazo", dijo al Comité Ejecutivo de la central fabril en una
reunión mantenida el día de la asunción.
La estrategia del flamante presidente de la UIA será impedir
que la entidad quede pegada a un reclamo de cerrar la economía,
pero exigirá una "comercio inteligente".
Hará fuertes cuestionamientos a esquemas de subsidio a las
importaciones para contener la inflación que estarían fogoneando
algunos funcionarios con llegada a los oídos de Macri, con quien
Acevedo espera poder reunirse en los próximos días.
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