Por José Calero
La
puja por la distribución del ingreso con los gremios y la
persistente alza de precios a pesar de los esfuerzos oficiales por
frenarla meten ruido en una campaña electoral en la que el
ministro Axel Kicillof empieza a sonar como candidato en un lugar
a definir.
Defendido en la semana por la presidenta Cristina Fernández
tras una información sobre sus niveles de ingreso, el funcionario
aparece fortalecido y decidido a ubicarse en el centro del ring
para arrear la economía hacia el rumbo que, a su juicio, debe
orientarse, el de un intervencionismo cada vez mayor del Estado en
la mayoría de las decisiones.
Para el jefe de Economía, la inflación bajará este año diez
puntos respecto del 2014, por lo que obligó a barajar y dar de
nuevo a grandes gremios como Comercio, que mantienen abiertas sus
negociaciones tras anunciarse un acuerdo fallido, mientras que
metalúrgicos y bancarios siguen lejos de un acuerdo, y también
aparece complicado el cuadro en la construcción.
La próxima gran batalla del gobierno se producirá en la segunda
semana de junio, cuando los gremios del transporte y la CGT de
Hugo Moyano, entre otros polos sindicales, buscarán volver a
paralizar el país.
Ya lo lograron el 31 de marzo último, cuando las calles
desiertas despertaron la ira presidencial.
Cristina aún guarda rencor por esa medida de fuerza del
sindicalismo "opositor", y por eso salió a sugerir que los jefes
gremiales no saben en qué país viven.
"España arregló aumentos salariales del 1,5% anual", buscó
lastimar la mandataria, pero omitió decir que, producto de la
recesión y la crisis, ese país europeo tiene deflación, muy lejos
de la escalada de precios que sigue en niveles altos en la
Argentina.
Los grandes sindicatos parecen dispuestos a vender lo más cara
posible la paritaria, porque consideran que el acuerdo del año
pasado los dejó 10 puntos debajo de la inflación y ahora quieren
revancha.
Para colmo, la presión del impuesto a las Ganancias sobre más
de un millón de asalariados conspira contra los acuerdos y la
"mejora" ideada por Kicillof puede terminar cumpliendo aquello de
que es "peor el remedio que la enfermedad".
El jefe de Economía quedó en el centro el cuadrilátero, ya que
viene recibiendo fuego cruzado de los gremios, que lo califican de
"gorila", y de los sectores empresariales, que reclaman devaluar
para mejorar la competitividad.
Kicillof exigió a la CGT oficialista que los acuerdos
salariales no superen el 27%.
Antonio Caló, el paciente jefe de la central obrera alineada
con la Casa Rosada, llevó esa pretensión a los principales
referentes sindicales en un cónclave que fue subiendo de tono.
Al final, los caciques gremiales terminaron advirtiendo que no
aceptarán un techo en las negociaciones salariales, una
ambición que el gobierno niega.
En su retórica, Kicillof machaca con que las paritarias no
tienen techo, pero en el mano a mano con los sindicalistas admite
que no quieren "un 3 delante de los acuerdos", para impedir
presiones inflacionarias extra a las existentes.
El esquema de negociación es delicado, porque el gobierno
parece haber vuelto a las andadas con la manipulación de las
estadísticas del INDEC.
No es que en algún momento se haya dejado de lado el retoque de
las estadísticas, sino que, a diferencia de lo ocurrido en el
2014 cuando hubo alguna apertura para sincerar parcialmente las
cifras, ahora parece haber regresado el uso del puño de hierro
para que los índices "ayuden" a calmar el malestar social que la
gente siente al visitar el supermercado.
Para el INDEC, que ya cumplió 100 meses de intervención
gubernamental, los precios subieron menos del 5 por ciento en
el primer cuatrimestre, un nivel que no resiste muchos análisis
cuando se constata cualquier economía hogareña.
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